Tijuana, Baja California, la ciudad fronteriza del noroeste de México, la ciudad de los migrantes por antonomasia, por compartir frontera con San Diego, y con el Estado de California (el Estado más “amigable” con los inmigrantes de la frontera sur de Estados Unidos, al grado que muchos lo llaman “Mexifornia”), se ha declarado en “crisis humanitaria” por la presencia de cerca de 5.000 centroamericanos, la mayoría hondureños, que conforman la primera de las caravanas de migrantes que han cruzado por un mes el territorio mexicano.
El alcalde de Tijuana, José Manuel Gastélum, fue quien declaró la “crisis humanitaria” y solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para ocuparse de los 4.976 migrantes centroamericanos que han llegado a la ciudad y que le cuestan al erario público –según el propio Gastélum—500.000 pesos mexicanos diariamente (unos 24.000 dólares), por lo que él, subrayó, “no comprometerá los servicios públicos de la ciudad para lidiar con la situación”, que puede extenderse por muchos meses más.
Por lo demás, los migrantes, cuyo destino (y sueño, según lo han dicho sobre todo las mujeres que viajan en las caravanas) no es Tijuana, sino Estados Unidos, “la tierra de la gran promesa”, han visto una dura e inflexible reacción del lado estadounidense, especialmente del presidente Donald Trump, quien este fin de semana amenazó con cerrar los más de dos mil kilómetros de frontera en común con México si “las cosas en Tijuana se salen de control”.
Tanto así que fuerzas militares y policía fronteriza de Estados Unidos llevaron a cabo, en pleno Día de Acción de Gracias, una serie de maniobras a manera de simulacro ante una “invasión masiva” en la frontera entre San Diego y Tijuana, concretamente en la garita de San Ysidro (el paso fronterizo más transitado del continente americano, donde cruzan diariamente 30.000 personas a pie). El paso fue cerrado por media hora con barricadas, helicópteros, bombas de humo, perros policías y cientos de soldados y guardias fronterizos.
Con la esperanza de llegar
Las caravanas sucesivas a la primera, la que partió de Honduras en octubre 12, suman al menos otras 4,000 personas más. Están compuestas, principalmente, por hombres jóvenes “entre 16 y 30 años, a menudo graduados, graduados universitarios o de secundaria, con algunos adultos, mujeres, familias enteras, menores no acompañados y algunas personas mayores, incluso en sillas de ruedas”, explicó a la Agencia Fides Julio Buendía, a cargo de la Pastoral de Migrantes y Refugiados de Caritas El Salvador.
Buendía rechazó la tesis, muy difundida en los medios de comunicación y redes sociales tanto en México como en Estados Unidos, del “financiamiento externo” con fines de desestabilización de Estados Unidos o del financiamiento estadounidense para afianzar o descarrilar las políticas migratorias de la administración de Trump. Por el contrario, el funcionario de Cáritas salvadoreña precisó que la pobreza, la violencia causada por pandillas criminales (que además de la extorsión y otras amenazas, la práctica de reclutamiento forzado), la miseria y la corrupción son las causas de este fenómeno.
Un fenómeno que ha llevado a 311.000 nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños a abandonar sus países en la primera mitad de 2018, según datos de la ONU. El número podría llegar al doble. Y todos quieren llegar a Estados Unidos, pero ahí la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, en consonancia con el presidente Trump, ha señalado que los que intenten ingresar ilegalmente al país del norte, “serán arrestados y expulsados”
Esta misma semana, la secretaria Nielsen criticó la decisión de un juez federal de que ordenó al gobierno aceptar solicitudes de asilo, independientemente del origen y la forma en que los solicitantes ingresen a los Estados Unidos, invalidando el decreto del Presidente Trump, que ahora analiza el Tribunal Constitucional. Trump había decretado que solamente se podría solicitar entrada en Estados Unidos por los puertos oficiales de entrada y pidiendo asilo de manera formal.
De dónde vienen y cuál fue el “disparador”
La idea de las caravanas se le atribuyó (por parte del gobierno hondureño) al periodista, activista y ex-diputado del Partido Libre, Bartolo Fuentes, opositor al régimen de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, el propio Fuentes lo niega. “Esta es una acusación sin ningún fundamento. La gente se organiza en Honduras permanentemente para salir del país, nada más que lo hacen en pequeños grupos y lo hacen a escondidas. Ahora es una multitud que sale del país”, le dijo al portal dw.com.
Fuentes apuntó que “la única relación que puedo encontrar es un escrito que hice en el Facebook diciendo que los migrantes no se deben ir en grupos pequeños, porque van a encontrarse con asaltos, violaciones, extorsiones, asesinatos y accidentes de todo tipo, y que lo mejor era irse visibles y en un grupo grande para protegerse”.
Según el ex diputado hondureño, los grupos que decidieron juntarse para el 12 de octubre en San Pedro Sula no llegaban ni siquiera a las 200 personas. “Era un grupo reducido, pero un ataque contra este grupo, y particularmente en contra mía en la televisión, hizo que muchos se enteraran de que salió esta caravana y se sumaron al inicio quizás unas mil personas más, aparte de los 200 que ya estaban, y salieron el 13 de octubre caminando”.
De San Pedro Sula, y en el camino por la carretera hacia el norte, hacia la frontera con Guatemala, su sumaron muchas más personas, al grado tal que al vecino país entraron cerca de 3.000 hondureños, el grupo principal que ahora está en Tijuana (ya en Guatemala se les unieron o se fueron posteriormente en grupo dos o tres mil salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos). Y es que, según Fuentes, “la gente en Honduras está con la mochila lista para partir”.
“Si ahora mismo hiciéramos una convocatoria en un parque, diciéndoles que hay oportunidad en algún lugar del mundo, cualquiera que sea, de trabajo, usted pide doscientas personas y van a llegar cinco mil, y de todo el país, porque no hay trabajo, porque la gente no tiene ninguna oportunidad”, remarcó Fuentes en la entrevista concedida al portal dw.com, a lo que Buendía agrega: “viajar en grupo disminuye las posibilidades de asaltos y secuestros y evita el pago de miles de dólares a los coyotes”.
Cuentan con la ayuda de la Iglesia
Para la Iglesia católica, “la principal preocupación es la asistencia” de los migrantes, dijo a Fides el padre Arturo Montelongo, jefe del área de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y durante todo el trayecto por México, las organizaciones católicas han respondido al llamado de asistencia humanitaria, con la excepción de los puntos de información de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y, por supuesto, la Cruz Roja.
La asistencia humanitaria, subrayó el padre Montelongo, “es proporcionada casi en su totalidad por las Iglesias, especialmente la Iglesia Católica, que también ofrece acompañamiento espiritual con sacerdotes y obispos que se han hecho presentes” a lo largo de los más de 2.500 kilómetros que han tenido que recorrer –por muy diversos medios—desde Ciudad Hidalgo (frontera con Guatemala) hasta Tijuana.
“Expresamos la preocupación de la Iglesia para que se proteja la integridad y la salud de todas estas personas con gran necesidad, respetando sus derechos, en un espíritu evangélico de caridad, para que puedan lograr una vida digna y con mejores oportunidades”, remarcó el padre Montelongo. Muchos obispos, como lo informó Aleteia del obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz, pusieron a disposición de los migrantes todos los recursos diocesanos para su bienestar.
Desde Honduras, el abogado Ricardo López, jefe de la Oficina de Migrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aclaró a Fides que “desde el inicio del primer grupo, se ha activado el protocolo para la defensa de los derechos humanos, en coordinación con los organismos homólogos de los otros países interesados”. El funcionario hondureño visitó las caravanas en Guatemala y México, solicitando a los gobiernos el libre tránsito y el asilo, así como medidas de precaución para su protección internacional.
Por lo demás, la defensa de los derechos y la protección de los migrantes ha sido una acción constante de los episcopados de México y Estados Unidos. Los dos cuerpos colegiados están en diálogo constante. Al norte de la frontera, bajo la dirección del obispo de Austin (Texas), Joe S. Vásquez, jefe de la Comisión para la Movilidad Humana, y al sur su homólogo, José Guadalupe Torres, obispo de Ciudad Juárez. En el camino, miles de personas que han querido reafirmar lo que los mismos migrantes han tenido por consigna: que migrar no constituye ningún delito. Más bien, es un derecho de quien en su tierra no encuentra las condiciones mínimas de dignidad, respeto y futuro.
Hoy celebramos a...