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¿Cómo afecta las deportaciones de EEUU a las familias católicas?

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Un estudio muestra el lado oculto de la deportación

A fines de 2017, la Iniciativa de la Frontera Kino (KBI), el Centro de Estudios de Migración de Nueva York (CMS) y la Oficina de Justicia y Ecología (OJE) de la Conferencia Jesuita de Canadá y los Estados Unidos, iniciaron un estudio para examinar el las características de los deportados de Estados Unidos y los efectos de la deportación, para colocar el tema en un contexto político mucho más amplio que el debate mediático o partidista.

Los resultados y las recomendaciones para enfrentar esta crisis humanitaria, pueden instruir a los funcionarios y legisladores estadounidenses, pero, sobre todo, pueden ser guía para que la Iglesia católica, los grupos de laicos y defensores de derechos humanos de los migrantes conozcan lo que hay de cierto en las historias de la deportación y refuercen sus acciones para proteger a las familias.

Un estudio que va sobre el lado oculto de la deportación

El estudio que llevó el nombre de “Encuesta sobre el impacto de la remoción católica en la sociedad” (CRISIS, por sus siglas en inglés) incluyó elementos cuantitativos y cualitativos. KBI, también una iniciativa jesuita, opera en las poblaciones vecinas de Nogales (Arizona y Sonora, en Estados Unidos y México, respectivamente)

Durante los primeros cinco meses de 2018, el personal de KBI encuestó a 133 deportados de los Estados Unidos en su refugio de inmigrantes en Nogales, Sonora. Los encuestados eran todos mexicanos, todos menos uno eran hombres, y cada uno había vivido por un período de tiempo en los Estados Unidos.

Habían residido en 16 estados de los Estados Unidos, la mayoría en Arizona, seguidos por Nevada, California y Utah. La encuesta buscó información sobre sus vidas en Estados Unidos, el proceso de expulsión y detención y el impacto de la expulsión en ellos y en sus familias.

Media la devastación desde las parroquias

El estudio también incluyó una entrevista con un deportado (a través de Skype) y veinte entrevistas con familiares de deportados y otras personas afectadas por la deportación en parroquias católicas en Florida, Michigan y Minnesota.

Las parroquias, que el informe no identifica para garantizar el anonimato de los entrevistados, se eligieron en función de su diversidad geográfica, demográfica y sociopolítica, sus conexiones con las agencias que realizan el estudio y su capacidad para facilitar el acceso a los deportados, sus familias, y otras personas impactadas por la deportación.

Las entrevistas exploraron el impacto en deportados, sus familias y otros miembros de la comunidad; el proceso de deportación y la relación entre los deportados y sus familias. Se trata de una mirada íntima, a menudo cruda, de las consecuencias humanas de la deportación.

Estancia prolongada, propiedad de vivienda, estado legal y participación comunitaria

En general, los encuestados construyeron sus vidas, construyeron sus hogares y establecieron vínculos largos y profundos en los Estados Unidos. En promedio, habían vivido en los Estados Unidos durante 19.9 años.

Más de la mitad (56 por ciento) ingresaron al país como menores de edad (menores de 18 años) y 21 por ciento por debajo de los 10 años; 38 por ciento informó tener estatus legal en los Estados Unidos, incluido 14 por ciento que eran residentes permanentes legales.

En este contexto, 26 por ciento habían sido propietarios de viviendas en Estados Unidos; 52 por ciento había participado en actividades de la Iglesia, 34 por ciento asistía regularmente a los servicios religiosos y 9 por ciento había participado en organizaciones comunitarias.

Lazos familiares y económicos y las consecuencias de la deportación

Los encuestados habían establecido fuertes lazos familiares y económicos en Estados Unidos. La deportación en su mayoría cortó estos lazos, dividió, devastó y empobreció a las familias afectadas.

En el mismo orden de ideas, 78 por ciento de los encuestados tenía hijos ciudadanos estadounidenses. La edad promedio de los hijos de los encuestados que viven en Estados Unidos fue de 14.9 años y 33 por ciento tenía diez años o menos, 42 por ciento tenían cónyuges o parejas estadounidenses.

En lo económico, 96 por ciento por ciento había sido empleado en los Estados Unidos. En promedio, habían trabajado casi diez años en el mismo trabajo y ganaban aproximadamente 2.800 dólares estadounidenses por mes. Cabe mencionar que los encuestados tenían un promedio de 142 dólares en su poder al momento de su deportación.

Las consecuencias de la deportación a México

Ya en Nogales (Sonora) los deportados informaron que necesitaban asistencia de empleo (78.2 por ciento), financiera (68.4 por ciento), vivienda (56.4 por ciento), emocional (56.4 por ciento) e integración social (54.9 por ciento).

La mayoría de los encuestados informaron que su cónyuge o pareja en Estados Unidos no tenía dinero suficiente para mantener a sus hijos (74 por ciento) o para vivir (63 por ciento). Los encuestados identificaron una gama de familiares cercanos que dependían de ellos financieramente antes de su deportación, incluidas sus madres (72 por ciento), padres (57 por ciento) y hermanos (26 por ciento).

Por lo demás, 40 por ciento informó tener dependientes con enfermedades crónicas o psicológicas, que incluyen enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y autismo. Casi la mitad (48.1 por ciento) dijo que sus hijos, algunos de los cuales vivían en los Estados Unidos y otros en México, tenían dificultades en la escuela.

Planes para regresar a Estados Unidos y la criminalización de la deportación

Dados los fuertes vínculos que vinculan a los encuestados en los Estados Unidos, no sorprende que 73.5 por ciento informaron que planeaban regresar a los Estados Unidos. Por lo mismo, 45 por ciento se identificó solo un poco o “nada” con su país de nacimiento. Solo un tercio (35.4 por ciento) reportó sentirse seguro desde su deportación.

La administración de Trump ha retratado regularmente a residentes indocumentados, inmigrantes que buscan solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos y México, y deportados como delincuentes y amenazas de seguridad, pero la mayoría de los encuestados no habían sido condenados por un delito o habían cometido un delito de inmigración o de tráfico antes de su deportación.

Sin embargo, los participantes del estudio describieron un sistema de deportación que los trató como delincuentes e inculcó el miedo en sus comunidades. Casi la mitad de los encuestados dijeron que no habían sido condenados por un delito antes de su deportación.

Retrato de los crímenes o las faltas de quienes fueron deportados

De los 37 encuestados (51,4 por ciento) que informaron haber sido condenados por un delito, más de un tercio (35,1 por ciento) habían sido condenados por un delito de tráfico o inmigración, 21,6 por ciento por un delito relacionado con las drogas (incluida la posesión) y otro 21.6 por ciento de un crimen violento.

Un alto porcentaje de los encuestados (65.2 por ciento) informó que su deportación comenzó con un arresto policial, 30.3 por ciento informó haber sido arrestado por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y menos de uno por ciento por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La mayoría de las detenciones tuvieron lugar mientras los encuestados conducían (36,1 por ciento), en casa (26,3 por ciento) o en el trabajo (6 por ciento). Los encuestados pasaron un promedio de 96 días en centros de detención de inmigrantes. La mayoría fueron detenidos por 30 días o menos y 17 por ciento fueron detenidos por 180 días o más. Sólo el 28 por ciento pudo obtener asesoría legal.

Recomendaciones a las comunidades de fe frente a estas consecuencias devastadoras

El estudio hico una serie de recomendaciones al Departamento de Seguridad Nacional, al Congreso de Estados Unidos, a las policías estatales y municipales y a las comunidades de fe.

A éstas últimas se recomienda abordar las prioridades urgentes de los inmigrantes, incluida la necesidad de contar con espacios seguros y acogedores, planificación de deportaciones, transporte, acceso a representación legal, seguridad pública, acceso a la policía y acompañamiento a lugares donde puedan ser vulnerables a la detención.

También, priorizar el servicio pastoral a los inmigrantes y sus familias; incorporarlos completamente en todas las instituciones religiosas, ministerios y programas y educar a los miembros no inmigrantes y al público en general sobre los inmensos desafíos que enfrentan los inmigrantes.

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