Dos temas detuvieron el anuncio, este fin de semana, de las nuevas reglas de inmigración propuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: el paso de las elecciones intermedias (el martes 6 de noviembre) y la expulsión del cargo del fiscal general Jeff Sessions (miércoles 7 de noviembre).
Una ves despejadas ambas situaciones –en las elecciones el Partido Republicano perdió el control de la Cámara de Representantes—el presidente Trump señaló (el jueves 8 de noviembre) que, de ahora en adelante, se impedirá que los migrantes que busquen asilo en Estados Unidos lo logren si no cruzan por un puerto de entrada oficial.
En otras palabras, si no pasan por una aduana en la que, de inmediato, van a ser detenidos y procesados para ver si en verdad vienen huyendo de condiciones que ponen en peligro sus vidas, o si se quieren “aprovechar de la debilidad de las leyes migratorias estadounidenses” (como ha llamado Trump una y mil veces el sistema migratorio heredado) y “hacer daño” al país del norte.
“El movimiento de barrido es parte del esfuerzo continuo de la administración para restringir la migración”, escribió al respecto Maya Rhodan, de la revista Time. El viernes 9 de noviembre, Trump ha ratificado la orden mediante la cual los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia prohíben a los inmigrantes buscar asilo si primero ingresan ilegalmente a los Estados Unidos.
Con ello se busca “empujar” a los migrantes –por ejemplo a los centroamericanos de la Caravana que actualmente cruza territorio mexicano– hacia los puertos de entrada oficiales, donde pueden procesarse de manera “controlada, ordenada y legal”.
Detener el flujo, a como dé lugar
Digamos que el trasfondo de la iniciativa no es otro sino “barrer” –como escribe Rodhan—a los inmigrantes, vengan de donde vengan, y llevarlos derecho a los puertos oficiales, con la esperanza de que un funcionario, un juez o un encargado fronterizo les conceda la razón de que huyen de situaciones extremas.
El problema es, justamente, de interpretación. ¿Cómo valorar, en una sociedad opulenta, como la estadounidense, el hambre de los niños en Guatemala, o el acoso de las maras en Honduras, o la falta de empleo en El Salvador, la carencia de educación, vivienda, agua, terreno para sembrar, clínicas para curar lo más elemental en todo el territorio centroamericano?
Los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron a Time que la nueva regla “equivale a una crisis humanitaria, ya que probablemente reducirá significativamente el número de personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen, que pueden solicitar asilo en Estados Unidos”.
Desde luego, la voluntad del presidente Trump no es la única que cuenta en un país de instituciones sólidas. Los defensores de los derechos humanos de los migrantes interpondrán demandas ante una decisión que consideran que viola leyes estadounidenses de asilo que tienen muchos años de antigüedad.
“La ley de Estados Unidos permite específicamente que las personas soliciten asilo, estén o no en un puerto de entrada. Es ilegal eludir eso por agencia o decreto presidencial “, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en una declaración a la prensa, nada más conocerse la decisión de Trump.
¿Qué pasaría con la Caravana?
Según una publicación del WOLA (Advocacy for Human Rights in the Americas), en un informe del 2 de agosto pasado, el primero de los desafíos que enfrentan los migrantes que piden asilo en los puertos de entrada oficiales de Estados Unidos es, justamente, el que da el nombre a este informe: “Regrese más tarde”.
El verano de 2018, tras la operación fallida –llevada a cabo por mandato de Trump al ahora ex fiscal Sessions—de “Tolerancia cero” en la frontera sur de Estados Unidos, cientos de personas optaron por realizar, voluntariamente, la peregrinación a puertos oficiales de entrada como San Ysidro, California, y El Paso, Texas.
Ahí recibieron información sobre que sus solicitudes de asilo no podían procesarse. El informe de WOLA señaló que “el número de niños y familiares no acompañados admitidos en los puertos de entrada, principalmente para solicitudes de protección, se redujo en 42 por ciento entre mayo y junio”.
Según la organización Save the Children, la Caravana de Migrantes que comenzó en San Pedro Sula (Honduras) el 12 de octubre, estaría compuesta por entre 5.000 y 10.000 personas, de las cuales 25 por ciento son niñas, niños y adolescentes. Con los antecedentes de lo sucedido entre mayo y junio de 2018, y con la nueva indicativa de Trump, muchos de ellos, la mayoría, no podrán ser recibidos en Estados Unidos.
Y tendrán que regresar a su país, quedarse a vivir en México, cruzar la frontera ilegalmente y tener suerte de no ser detenidos en territorio estadounidense (la deportación sería inmediata) o esperar, por meses, a quien reconozca su caso como un “caso de asilo”. Y así para la mayor parte de los integrantes de la Caravana.
Y si no sucede nada de esto, ahí estarán los 15.000 soldados que movilizará el Presidente para atajarlos
Hoy celebramos a...