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Argentina: Secretaría de DDHH rechaza que cristianos opinen sobre ideología de género

CLAUDIO AVRUJ
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Lo hizo a través de un comunicado en medio de proyectos sobre el tema educación sexual en colegios

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo cultural de la Nación Argentina cuestionó que “grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil” reaccionen ante la ideología de género, perspectiva que rehúsan identificar como tal, y que cruza toda su política pública reciente de ese organismo. Lo hizo a través de un comunicado, en el medio de una preocupación ciudadana, especialmente manifestada en redes sociales, por proyectos que profundizarían el alcance del Estado en los Planes de Estudio de todos los colegios del país en materia de Educación Sexual.

Desde la edición de la Guía “Hablar de diversidad sexual y Derechos Humanos”, hasta todas las piezas gráficas de sus campañas, la secretaría de Derechos Humanos asume una perspectiva en la que prioriza la visibilización de la temática, en detrimento de otras. Así, por ejemplo, para el Día del Padre saluda con ilustraciones de dos hombres con un niño. Durante un tiempo estas secretarías priorizaron otros enfoques de los Derechos Humanos, hoy, priorizan éste. Es innegable y fácilmente advertible en redes sociales.

En un comunicado publicado en redes sociales del organismo el 12 de octubre, éste escribe: “Ante manifestaciones en medios periodísticos y acciones de boicot contra actividades de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en todo el país, por parte de grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil, sobre lo que ellos denominan ‘ideología de Género’, desde la Secretaría queremos reafirmar la posición del Estado Argentino en relación con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos de la Población LGBTIQ+. Nuestra Legislación, los Tratados Internacionales y el Sistema Internacional de Derechos Humanos son la base y el marco en el que se desarrollan las políticas públicas en materia de Diversidad Sexual. (…) La libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

 

 

Según la Secretaría, se desprende de su comentario, los repudios a las políticas públicas que se dirigen desde esa secretaria generan “odio o violencia”. Al menos hasta ahora no se ha visto que grupos de padres de colegios católicos salgan a incendiar oficinas de esta Secretaría. Sí se ha visto, la última vez hace pocas semanas, en Trelew, grupos que sí opinan como las políticas públicas ejercidas por esta Secretaría atacando templos católicos con bombas Molotov. La Secretaría de Derechos Humanos, no obstante, no emitió comunicados para defender la libertad religiosa de los católicos. Ni siquiera la de los niños, niñas y adolescentes que crecen en su fe en aquella parroquia.

Como expresa la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, convención de jerarquía constitucional en el país, “nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”. La misma convención sostiene que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales”.

Llama la atención, además, que el comunicado de la Secretaría cierre con esta aseveración: “La educación sexual integral es un derecho de les educandos y una obligación de les educadores. Educar con perspectiva de Diversidad Sexual es educar en Derechos Humanos”. Pero tanto San José de Costa Rica como la Declaración Universal de los Derechos Humanos hablan del derecho de los padres “a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Los organismos del Estado, conformados por funcionarios públicos elegidos por estructuras democráticas electas libremente, planifican y ejecutan las mejores políticas públicas que pueden concebir para beneficiar a los ciudadanos del país. Sus decisiones, es lógico, pueden generar apoyos y repudios. Lo que no es de esperar, al menos hasta ahora, es que a través de un comunicado oficial un organismo oficial menosprecie a la opinión de un grupo detractor.

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