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China-América Latina: Amistades peligrosas

CHINESE
Shutterstock-Asia Images Group
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Los chinos prestan más que el BID y el BM. Los gobiernos se benefician. Las comunidades cuentan otra historia

Desde principios de este año se viene comentando acerca de los crecientes lazos políticos y económicos de China con América Latina. Ello ha conducido a debates que cuestionan si resulta realista aspirar a una relación de igual a igual; si se plantean reproducir su política en África;  si nos convertiremos –o ya somos- una región en disputa entre EEUU y China. Son solo algunas de entre otras muchas interrogantes que comienzan a inquietar.

En el norte piensan que, por el momento, la influencia china “ha tenido un impacto cero” a nivel estratégico pero permanecen alerta ante la posibilidad de que la ascendente influencia de China y Rusia en Suramérica pueda suponer una amenaza para la soberanía de los países de la región.

Lo cierto es que durante los últimos años China ha aumentado sus inversiones en América Latina, ha promovido la concesión de créditos a varios países, así como la cooperación militar, a través de la venta de armas y la instalación de bases como la que tiene en la Patagonia argentina, desde donde aspira a llegar “al lado más lejano de la luna”.

En agosto pasado se supo que El Salvador rompió relaciones con Taiwán en favor de China a lo que Estados Unidos reaccionó amenazando con revaluar su relación con el país centroamericano por esa decisión. Al gobierno estadounidense, eso es notorio, no le gusta la gradualmente marcada presencia china en la región.

Esa presencia pronto ha comenzado a traer problemas in situ. La influencia comercial de China, en avance América Latina, ha generado consecuencias negativas para comunidades indígenas y para el ambiente. Las razones de China para ver hacia América Latina radican básicamente en su debilidad institucional pues les favorece esa cierta laxitud de sus leyes para proteger las comunidades, aparte de que la región tiene recursos que le hacen falta al gigantón asiático, como energéticos y petróleo; así como alimenticios con la soya en Brasil y Argentina.

Todo este interés ha incentivado la relación comercial entre la región y el país asiático, la cual se multiplicó 26 veces entre 2000 y 2016, según los boletines estadísticos del ministerio del comercio de China. Además, el Banco de Desarrollo de China se ha convertido en el mayor prestamista internacional de esta parte del continente , superando al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2017 los préstamos chinos llegaron a 145.000 millones de dólares.  Y mientras los gobiernos perciben beneficios, las comunidades sufren las consecuencias.

 

BRAZIL
José Cruz-Agência Brasil-(CC BY 2.0)

 

Los daños colaterales están más que claros: comunidades indígenas desplazadas, impactos negativos en el ambiente y represión a líderes sociales. Esta es la conclusión del informe que se conoció, precisamente, el 12 de Octubre pasado, Día de la Raza, emitido por la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), que analizó los efectos de 18 proyectos mineroenergéticos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, liderados por bancos, compañías públicas y privadas del país asiático.

La investigación identificó un “patrón de violaciones de derechos humanos” en los procedimientos de ejecución de estas iniciativas económicas. Jimena Reyes, directora para América de la Fidh, afirmó que “en la mayoría de los casos hay criminalización de quienes desde la comunidad se oponen a estos proyectos, así como un irrespeto sistemático a los estándares internacionales de expropiaciones”.

 

 

El próximo 6 de noviembre, Naciones Unidas (ONU) examinará y analizará al detalle las inversiones millonarias que China ha realizado en América Latina para comprobar si existe un ‘incumplimiento sistemático’ de la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.  Esto, a pedido de 21 organizaciones de la sociedad civil las cuales presentarán una evaluación sobre 18 proyectos financiados por China en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Se busca comprobar si China está cumpliendo con los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

Por otra parte, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) representa a las organizaciones nacionales de los 9 países de la cuenca amazónica: Perú, Guyana, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana Francesa, Suriname, Colombia y Venezuela, lo que la convierte en la organización más representativa de los pueblos indígenas en esta parte del continente.

Entre sus denuncias más importantes, destacan que los proyectos minero-energéticos chinos han vulnerado los derechos de 456 pueblos indígenas, como el derecho a  la consulta previa y el derecho al ambiente sano y equilibrado, al territorio, a la salud, a la protesta y al acceso a la información. En este trabajo se ha identificado que los casos más preocupantes se ubican en cinco países de la Cuenca Amazónica: Venezuela, Perú, Colombia, Brasil y Ecuador.

En Venezuela, el Arco Minero del Orinoco, una devastación ecológica sin precedentes acompañada de contaminación que afecta a 13 comunidades indígenas. El asunto ha sido sistemáticamente denunciado por distintas organizaciones de derechos humanos, defensa ambiental, grupos políticos y la Iglesia Católica a través de los obispos amazónicos que han acompañado a las comunidades a lo largo de todo el penoso y escandaloso proceso.

En Perú, el Lote 58, que se desarrolla sin consultas previas. En Colombia, El Bloque petrolero El Nogal (BPN) donde comunidades campesinas y organizaciones ambientales han denunciado que el proyecto causará erosión, hundimientos de la zona, afectaciones sobre el bosque, el agua subterránea y el Río Pescados, donde la pesca es la principal actividad de la población.

En Ecuador, por causa del Proyecto Cóndor Mirador, han desalojado a más de 30 familias del pueblo Shuar sin su consentimiento previo, en una clara violación de sus derechos como nación indígena. La comunidad Shuar ha expuesto la contaminación del agua y la devastación del bosque originario de la Cordillera del Cóndor. En Brasil está el caso de las Represas Teles Pires y Sao Manoel en el río Teles Pires la compañía china inundó el lugar sagrado “Siete caídas”, de extrema importancia cultural y religiosa para el pueblo Mundukuru, y afectó el Morro de los Monos, que es el lugar de vivienda de los espíritus de animales para los Kayabi y Munduruku, lo que representa una brutal violación del derecho a la identidad de este pueblo y a participar en la vida cultural y ejercer sus propias prácticas culturales.

 A estas alturas, se reporta que la República Popular de China es el primer o el segundo socio comercial para todos los países sudamericanos. Sus inversiones, es cierto, han dado un nuevo impulso al sector primario y, dentro de éste, a las industrias extractivas, de modo tal que la relación económica entre China y América Latina podría significar ganar-ganar si se manejara con criterios de equidad. A la fecha, más bien impone grandes desafíos tanto ambientales como en relación con los derechos de las comunidades donde se asientan estas inversiones.

 

CHINA
Sergi Gisbert-(CC BY-NC-ND 2.0)

 

Uno de los grandes problemas es que crecimiento y la escala del financiamiento chino en América Latina ha tomado a las organizaciones sociales y a las comunidades por sorpresa. La sociedad civil no ha logrado establecer canales de diálogo sustanciales con las instituciones chinas que son herméticas.

Todo ello se ve agudizado –anotan los blogs especializados- por el hecho de que la mayoría de los capitales chinos que llegan a la región aterrizan en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, países con dificultades para acceder a los mercados financieros, gobernanza ambiental debilitada, y disminución de espacios de participación ciudadana. China ha seguido el principio de “no interferencia” en la construcción de su relación con América Latina, lo cual ha dado como resultado una interacción casi exclusiva con los gobiernos de turno, sin inclusión de actores no gubernamentales. 

Sin embargo –explican los expertos-,  nada impide a las comunidades afectadas en sus derechos en diversos países de América Latina presentar reclamos por las acciones de un país extranjero miembro de las Naciones Unidas. Eso es lo que se motorizará en noviembre del 2018, lo que representa la oportunidad más concreta y cercana que tienen nuestros países para hacer algo al respecto.

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