El Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) es –o era antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca– un beneficio provisorio que permite a aquellas personas de determinados países vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos de forma provisoria.
El Departamento de Seguridad Nacional puede designar a los nacionales de país con TPS cuando, temporalmente, no pueden regresar debido a determinadas condiciones en su país de origen. El beneficio del TPS se otorga en plazos de entre seis y dieciocho meses, y puede prorrogarse.
Los países que reciben la designación de TPS normalmente tienen condiciones naturales, sociales o políticas peligrosas, mismas que podrían impedir a un ciudadano de esa nación volver sano y salvo a su hogar. En otras situaciones, los países son designados para el TPS si no pueden tramitar el regreso de sus ciudadanos.
Muchas vidas involucradas
Sin embargo, este programa comenzó a declinar desde que Donald Trump asumió el poder y ha venido cancelando la posibilidad de extenderlo para los dos de los tres países del llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica –Honduras y El Salvador—así como para los nicaragüenses e, incluso, los haitianos y de otros países de África y Medio Oriente.
Cabe señalar que serían 190.000 salvadoreños, 88.000 hondureños, 46.000 haitianos y 5.300 nicaragüenses los que pronto perderían la designación especial del TPS.
Pero, de nueva cuenta, un juez federal de Estados Unidos ha planteado cara a la resolución del Gobierno federal y le prohibió esta semana a la administración de Donald Trump implementar el plan que ya había anunciado para poner fin al TPS para más de 350.000 inmigrantes que, en estos momentos, viven en Estados Unidos procedentes de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Nepal (8.950), Siria (5.800), Sudán (1.040) y Yemen (1.000).
Ningún daño hacen
Esta propuesta de la administración de Donald Trump podría venirse abajo tras una resolución del juez de distrito Edward M. Chen, quien emitió un recurso judicial preliminar en una demanda presentada por varios inmigrantes que estaban bajo el amparo del TPS viviendo, en ocasiones por muchos años (por ejemplo, los más numerosos, lo de El Salvador, desde 2001) en la Unión Americana.
El Gobierno federal “no ha logrado establecer ningún daño real si el status quo (que ha existido durante dos décadas) se mantiene durante el período pendiente de este litigio”, escribió Chen en la orden de detener la deportación de miles de personas.
“De hecho, dice el escrito del juez, en todo caso, los demandantes y amigos han establecido, sin disputa, que las economías locales y nacionales se verán perjudicadas si cientos de miles de beneficiarios de TPS son desarraigados y eliminados”.
Situación muy angustiante
Los inmigrantes salvadoreños cubiertos por TPS perderán su estado de protección en septiembre de 2019, los de Haití en julio de 2019, los inmigrantes nicaragüenses en enero de 2019 y los inmigrantes sudaneses en noviembre de 2019.
Los hondureños verían terminado el programa en también en septiembre de 2019. Estaban protegidos desde 1999 por los desastres ocasionados por el huracán “Mitch”, mientras que los salvadoreños lo estaban desde 2001 por las erupciones de volcanes ocurridas en ese país centroamericano.
De cualquiera de las formas, el destino de más de trescientas mil personas, sus sueños, sus familias y la economía de muchas ciudades, sobre todo de ciudades de California –el Estado más poderoso del país—están en juego. O mejor (peor) dicho: penden de un hilo.
Hoy celebramos a...