“Una vez más, y desde lo más hondo del corazón, en nombre de la Arquidiócesis de Santiago, imploro a quienes han sido abusados por miembros de nuestra comunidad, especialmente consagrados, el perdón y la ayuda necesaria para que nunca más estos delitos tengan lugar entre nosotros. Los miembros de la Iglesia de Santiago necesitamos de este espacio espiritual donde implorar el perdón misericordioso de Dios por nuestras culpas, y su indulgencia por los abusos y delitos más graves que han cometido algunos hermanos y hermanas de nuestra comunidad”.
Estas expresiones corresponden al cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien presidió la misa por los 400 años de la Iglesia San Francisco de la Alameda.
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Esta no es la primera vez que pide perdón el cardenal Ezzati, ya lo había realizado en mayo pasado durante el Sínodo de los Jóvenes, después del viaje realizado a Roma donde el Papa se reunió con todos los obispos de Chile.
Sin embargo, esta aparición pública del Arzobispo de Santiago coincidió con un extenso reportaje del diario La Tercera donde publica una radiografía de la situación de los abusos perpetrados por miembros de la iglesia. Aquí se muestra que la recopilación de causas criminales deja al descubierto un listado de 229 personas que han tenido calidad de imputadas en estos casos. De ellos, 18 han fallecido y otros 115 han tenido algún término judicial, como suspensión condicional, condena o archivo.
La información revela que varias de las denuncias fueron activadas al encontrarse antecedentes en las oficinas del Arzobispado de Santiago, de Rancagua, Osorno y el Obispado Castrense; después de los allanamientos realizados por el Ministerio Público. Recordemos que los obispados de Osorno y Rancagua se encuentran con Administradores Apostólicos.
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Desde que el Ministerio Público decidió investigar de manera coordinada las denuncias, ha permitido poder hacer cruces de datos con causas entre regiones tan extremas como Arica y Coyhaique y también ha generado que se desarchiven investigaciones que no siguieron adelante, ya sea por falta de pruebas o porque las víctimas no quisieron continuar con sus acusaciones.
El Ministerio Público también está investigando al cardenal Ricardo Ezzati por posible encubrimiento. Por su parte Cristián Contreras Molina, obispo emérito de San Felipe desde el 21 de septiembre pasado, se le abrió una causa en julio de este año por “delitos contra el orden de las familias, la moralidad pública y contra la integridad sexual”; esto tras escuchar el relato de una víctima que denunció hechos ocurridos en una de las casas del Obispado de San Felipe.
El obispo emérito de Chillán, Carlos Pellegrín, es indagado por presunto abuso sexual, luego de que el pasado 2 de agosto el Ministerio Público abriera una investigación en su contra. A ellos se suman el exobispo de Osorno, Juan Barros, Alejandro Goic (obispo emérito de Rancagua) y Luis Infanti, Obispo de Aysén, por encubrimiento.
La situación que vive la Iglesia chilena revela una crisis profunda de liderazgo y credibilidad; son los laicos comprometidos, el sin número de sacerdotes, diáconos y consagrados y consagradas que tienen a Cristo en el centro quienes están haciendo que camine, con esperanza en la renovación, una nueva Iglesia para Chile.
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