Hay un aumento dramático de los ataques contra pueblos indígenasLos antiguos señores de sus tierras, los que primero poblaron continentes y desarrollaron culturas, son, ahora mismo, en pleno siglo XXI, los parias de este mundo.
Así lo han mostrado en una reunión reciente llevada a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tanto la vice alta comisionada de este organismo multilateral para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, como la relatora especial para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz.
“El progreso que destruye culturas tradicionales, lenguas, tierras y patrimonio humano no es desarrollo, sino destrucción intencional”, expresó Gilmore, en defensa de los pueblos indígenas en todos los lugares.
En igual sentido se pronunció Corpuz, quien manifestó su preocupación por “el aumento dramático” de los ataques contra pueblos indígenas y los esfuerzos para criminalizarlos”, sobre todo en materia de defensa de sus tierras y frente a explotaciones de minería extractiva, por ejemplo.
En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Gilmore pidió a los estados miembros que presionen por la “total inclusión” de todos los 370 millones de pueblos indígenas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pide a todas las naciones erradicar la pobreza y la desigualdad.
“Mientras cinco por ciento de la población mundial es indígena, casi un tercio de los extremadamente pobres en las zonas rurales –los que más se dejan atrás– son indígenas, más de treinta por ciento”, declaró Gilmore y agregó que ellos son el “ejemplo vivo de los más vulnerables del mundo, más marginados, más dejados atrás”.
Objetivos para 2030: que no se queden fuera
Recordando el principio central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás”, aprobada por la comunidad internacional en septiembre de 2015, Gilmore afirmó que el objetivo de la agenda también es atender a “los que están detrás, muchos de los cuales son pueblos indígenas”.
Para asegurar que sus derechos sean garantizados, Gilmore enfatizó la necesidad de garantizar sus libertades básicas, “algo que actores estatales y no estatales han intentado suprimir, prefiriendo ‘silenciar, castigar e incluso criminalizar’ a defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Estas medidas incluyen “retórica pública denunciando y minimizando sus derechos”, el empleo equivocado de leyes antiterroristas, la negación de su derecho a un juicio justo e impunidad por la violencia contra activistas indígenas, agregó la funcionaria de la ONU.
Por su parte, Corpuz vinculó las amenazas contra los pueblos indígenas con los proyectos industriales privados a gran escala que involucran a las industrias extractivas, agronegocios, infraestructuras, hidroeléctricas y explotación maderera.
“Estas violaciones están ocurriendo en el contexto de una intensa competencia por la explotación de recursos naturales, como se observa durante visitas a países, y reflejan en el aumento del número de acusaciones”, dijo Corpuz.
La relatora especial para los Pueblos Indígenas de la ONU agregó ante el Consejo la preocupación que “en diversos países”, existe una creciente militarización misma que aumenta los peligros de los pueblos indígenas.
Amplificar la voz de los indígenas
Para mejorar la igualdad, la vice comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hizo algunas recomendaciones, incluyendo el llamamiento a los estados miembros del organismo a reunir más “datos precisos” con el objetivo de medir el tamaño de sus pueblos indígenas.
También pidió el empoderamiento de esos pueblos, cuyas voces necesitan ser “amplificadas” en todas las discusiones sobre desarrollo que se lleven a cabo tanto a nivel local como a nivel nacional.
“Todos los Estados necesitan asegurar que los pueblos indígenas sean participantes de las estrategias mencionadas en la Agenda 2030”, dijo la funcionaria de ONU. Los indígenas, subrayó, tienen que estar dentro de la toma de decisiones y en los procesos de revisión, incluso en los procesos voluntarios de revisión.
Aunque las conclusiones de Gilmore fueron cuestionadas por algunos estados miembros, incluida Rusia, el informe recibió apoyo de otros países. Éstos incluyeron a Australia que, junto a otros estados miembros, manifestó su preocupación por el creciente número de ataques contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas globalmente.
