Aunque los hechos habían prescrito la diócesis de Astorga inició una ejemplar investigación ante los posibles abusos sexuales
El obispo de Astorga, monseñor Juan Antonio Menéndez compareció ayer ante los Medios de comunicación para informar de la decisión del Vaticano respecto al sacerdote José Manuel Ramos Gordón, acusado de supuestos abusos sexuales a menores en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria entre los años 1981- 1984.
“Un ex-alumno del Colegio Juan XXIII, después de haber mantenido una entrevista conmigo, presentó una denuncia el 21 de febrero de 2017. A pesar de que los hechos denunciados habían prescrito canónica y civilmente, pues se remontan a hace más de 35 años, ordené una investigación exhaustiva, como había anunciado en rueda de prensa, y di cuenta a la Santa Sede de esta decisión”, explicó el obispo de Astorga.
La Congregación para la Doctrina de la Fe decidió levantar “la prescripción de los hechos” y le encomendó al obispo realizar un “Proceso Administrativo Penal en la diócesis. Dicho proceso fue llevado a cabo por expertos juristas extradiocesanos”.
Los resultados se enviaron a la Congregación y la Congregación ha notificado la imposición de la pena canónica de “Privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante diez años residiendo en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga. “Pasados los diez años, el sacerdote podrá volver a la diócesis para residir en la Casa Sacerdotal y sólo podrá celebrar la eucaristía fuera de la Casa con la autorización del Ordinario”.
El obispo de Astorga explicó en su intervención que ha informado de la decisión al sacerdote y a la víctima “a quien expresé mi dolor por la gravedad del delito cometido, le pedí perdón en nombre de toda la comunidad diocesana y me puse a su disposición para acompañarle espiritual y humanamente en aquello que legítimamente pueda hacer”.
Asimismo en la rueda de prensa ante los medios reiteró “mi firme condena y repulsa de hechos tan execrables y vergonzosos al mismo tiempo que reafirmo mi decisión de luchar contra estos delitos por todos los medios legítimos”.
