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Defender el medio ambiente y los derechos de los indígenas puede ser mortal

COLOMBIA
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En 2017 fueron asesinados 207 activistas en 22 países del mundo

En los primer seis meses de este año al menos 123 personas entre activistas, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia. Esto, que el defensor cívico define como “un exterminio”, ha sido denunciado por diario británico The Guardian en un artículo publicado el pasado 23 de agosto.

Desde principios de 2016, es decir, desde el año en que el gobierno de Bogotá firmó un histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a la sangrienta guerra civil (conocida como “el conflicto armado”), que ha provocado en más de medio siglo más de 220.000 víctimas y 7 millones de desplazados, han sido asesinados unos 311 activistas comprometidos en la lucha por la defensa de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas y del medio ambiente, recuerda la fuente.

Departamento de Cauca

El departamento de Cauca, situado en el suroeste del país y asomado al Océano Pacífico, es donde mayor número de activistas ha sido asesinado o amenazado. Según el sitio Colombia Plural, que advierte de una “balcanización” del Cauca, las víctimas son al menos 81, pero algunos hablan incluso de 90.

El pasado 10 de agosto fue asesinado en Santander de Quilichao por algunos sicarios el líder indígena Emiliano Trochez, de 70 años. Un día antes, el 9 de agosto, la misma suerte había tocado a otro dirigente local, Alejandro Jacanamejoy, asesinado en los alrededores de Piñuña Negro, en el departamento de Putumayo (que confina con el de Cauca), recuerda el sitio Semana.com.

Por su suelo fértil y la presencia de yacimientos de oro aún no explotados, el departamento de Cauca, que toma el nombre del río, es muy apetecible no sólo para la industria agroalimentaria y a las empresas mineras, sino también para las bandas criminales implicadas en el cultivo de las hojas de coca, la materia prima para la “pasta básica” de la cocaína.

Cambian sólo los nombres

Aunque el nuevo presidente Iván Duque, que comenzó su mandato el pasado 7 de agosto, ha prometido reforzar la protección de los activistas, los líderes comunitarios se muestran escépticos, escribe el Guardian. Duque de hecho es muy cercano al ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), actualmente investigado por crímenes ligados a los tristemente célebres escuadrones de la muerte en los años 90.

“Las FARC pueden haber dejado el campo de batalla, pero otros grupos han ocupado su lugar”, declara el coordinador para los derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Edwin Marcelo Capaz. “Y estos grupos no tienen ideología política”, añade Capaz, citado por el diario británico.

Por lo demás, observa Capaz, los grupos pueden cambiar de nombre, pero se trata de las “mismas personas con las que hemos vivido toda la vida”. “Son las mismas personas que llevaban a cabo masacres hace años”, afirma, aludiendo a la actividad de los paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Enrique Fernández  

Uno de los líderes actualmente en el punto de mira y fuertemente amenazados es Enrique Fernández. Ya sobrevivió a una masacre llevada a cabo por las AUC en abril de 2001, y el pasado febrero se encontró una bomba ante su vivienda, que fue desactivada por los artificieros del ejército colombiano.

El pasado mes de julio, el líder del pueblo originario Nasa y defensor del medio ambiente fue objetivo de una serie de mensajes intimidatorios. “No descansaremos hasta que Colombia no sea libre de comunistas como tu”, decía uno de los mensajes, citado por el Guardian. Claro e inequívoco era también el significado del siguiente mensaje: “Condolencias a tu familia”. Tras los mensajes amenazadores se esconde una de las numerosas nuevas bandas armadas activas en el país, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, escribe el Guardian.

“Hay una recompensa por mi cabeza”, admite el dirigente indígena, que cada día es “más alta”. “Somos asesinados lentamente”, añade con amargura su esposa, Ana Lucía Velasco.

La violencia en Guatemala

Igualmente dura es la atmósfera en Guatemala, un país que según el Guardian (19 de agosto) corre el riesgo de precipitarse en el caos que ya impera en otras dos naciones de América Central: Honduras y Nicaragua. En el país, que cuenta con más de 16 millones de habitantes, de los que la mitad aproximadamente son indígenas, ya han sido asesinados este año 18 activistas por los derechos humanos y dirigentes de los pueblos originarios.

Entre el 9 de mayo y el 4 de junio pasados fueron asesinados en total siete líderes indígenas y activistas de los derechos humanos. Cinco de ellos – Luis Marroquín, Florencio Pérez, Alejandro Hernández, Francisco Munguía y Juan Xol – eran miembros del CODECA (Comité de Desarrollo Campesino), un organismo que se opone al land grabbing o acaparamiento de tierras, a los monocultivos industriales, como las plantaciones de caña de azúcar y aceite de palma, y a la explotación minera. Otras dos víctimas, Ramón Choc y Mateo Chamam, pertenecían al Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

“Me advirtieron que sería asesinado, pero no lo tomé en serio”, decía al Guardian la viuda de una de las siete víctimas. “Todos saben quiénes son los asesinos”, añadía la mujer. El mayor problema es, de hecho, lo que Mike Taylor, director de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC o International Land Coalition), ha definido como “la cultura de la impunidad” en Guatemala.

Coalición Internacional por la Tierra (ILC)

“Cualquiera que se oponga a la minería, a los desalojos, a las plantaciones de aceite de palma o que incluso participe en mesas redondas para encontrar soluciones a la creciente ola de violencia contra los defensores de los derechos a la tierra estará probablemente en el punto de mira”, explica Taylor, que habla de una “persecución sistemática” de quienes defienden sus propias tierras.

En una nota de prensa publicada el pasado 10 de agosto, el ILC, que ha comprobado la situación sobre el terreno, denuncia la impunidad y el clima de violencia, y denuncia con palabras claras al gobierno guatemalteco, el cual “ha fracasado en proporcionar respuestas adecuadas para proteger a los defensores de los derechos humanos amenazados o para investigar los crímenes contra ellos”.

Según la organización, con sede en Roma, en la raíz del conflicto social está la cuestión del acceso a la tierra, al agua y a los recursos naturales. “Es evidente que el Estado de Guatemala ha decidido dar la prioridad a un modelo económico de desarrollo rural que enriquece a pocos, a costa de las comunidades empobrecidas, incentivando la migración y destruyendo el medio ambiente”, observa el comunicado.

2017: triste récord

Según el informe anual de Global Witness – una ONG fundada en 1993 en Londres, que lucha contra la explotación de los recursos naturales en los países en vías de desarrollo y contra la corrupción en el sistema político económico global -, en 2017 fueron asesinados unos 207 defensores de los derechos a la tierra y defensores del medio ambiente en 22 países del globo, o sea, casi 4 a la semana. El 60% casi de los casos tuvo lugar en América Latina.

Titulado At What Cost ? (“¿A qué precio?”) y publicado el pasado 24 de julio, el documento subraya que se trata del “peor año registrado hasta ahora”. Al menos 53 de las 207 víctimas – o sea, casi la cuarta parte –  fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas y agentes de la policía, denuncia el informe. Otras 32 víctimas fueron asesinadas por bandas criminales, y 13 por miembros de grupos paramilitares.

Los países más peligrosos en 2017 fueron Brasil y Filipinas, con 57 y 48 víctimas respectivamente. Esta última cifra es “la más alta jamás registrada en los países asiáticos”, añade el documento. Mucha indignación causó el asesinato, el 3 de diciembre de 2017 de ocho habitantes de la aldea de Datal Bonglangon, Mindanao, por parte del ejército filipino, porque se oponían a una plantación de café.

De los datos de Global Witness se desprende, además, que 40 asesinatos estaban vinculados al sector de la actividad extractiva (33 en 2016) y 23 al del logging o tala de árboles. En 2017, el sector más ‘asesino’ fue en cambio el del agro-comercio, con al menos 46 de las 207 víctimas. “Activistas locales son asesinados porque los gobiernos y las compañías dan más peso a los beneficios rápidos que a las vidas humanas. Los mostradores de nuestros supermercados están llenos de productos de esta carnicería”, recuerda Ben Leather, de Global Witness, citado por Le Monde. Conviene recordarlo cuando se hace la compra.

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