Lejos de la paz y cerca de la represión. Al menos 25.000 nicaragüenses han emigrado o están por emigrar solamente al vecino Costa Rica“La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista”, dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al Hussein, en un comunicado emitido por la ONU en Ginebra (Suiza).
Se van para Costa Rica
Para el alto comisionado, no existe tal ambiente de relativa paz, como ha pregonado el cada vez más endeble gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Con absoluto conocimiento del tema, Al Hussein señala que tanto las autoridades nicaragüenses como los grupos de choque vinculados a éstas han matado, torturado, violado y cometido desapariciones forzadas de manifestantes.
El resultado está a la vista: desde el 19 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones en contra de unos recortes al sistema de pensiones, hasta este fine de agosto, cerca de 350 personas han muerto, dos mil han sido heridas y cientos han desaparecido.
Esta algarada de muerte y represión –que no ha dejado a nadie a salvo, incluida la Iglesia católica—ha dado por resultado “un ambiente de miedo generalizado” que ha llevado a miles de personas a huir del país, alertó el organismo perteneciente a la ONU. Se calcula que al menos 25.000 nicaragüenses han emigrado o están ya a punto de emigrar solamente al vecino Costa Rica.
El texto del alto comisionado de la ONU destaca –por parte de las autoridades estatales y los grupos paramilitares de choque—una serie de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias “y la intimidación feroz de los críticos durante los últimos cinco meses”., de acuerdo con un nuevo informe de la agencia.
Al Hussein –quien muy pronto será sustituido por la expresidente de Chile, Michelle Bachelet- pidió a la comunidad internacional y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU “actuar para prevenir que la situación en el país centroamericano se degenere aún más.”
“Cualquier medida” que sea adoptada “debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación a las violaciones y los abusos de derechos humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la justicia”, indicó Al Hussein en el comunicado.
La oposición es la “culpable”
Por su parte, el presidente Ortega, quien culpa de las muertes y la violencia a la oposición–negó en un comunicado haberse excedido en el uso de la fuerza contra manifestantes o haberlos reprimido. Indicó que el informe de la ONU “es parcial y sesgado con afirmaciones subjetivas”.
También se quejó de que los investigadores de la ONU no hicieron caso de la denuncia del gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, sobre cómo la violencia descrita en el reporte no se dio durante “protestas sociales”, sino como resultado de intentos de dar un golpe de Estado por parte de “grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional”.
Sin embargo, un testigo y actor de excepción en la busca de paz dentro de Nicaragua, el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, ha demostrado que las palabras de Ortega ante el informe de la ONU no tienen sustento en la realidad; que no hay nada de paz y sí muchas detenciones de manifestantes contrarios al gobierno.
“Insto, como pastor, a las personas que toman la iniciativa (la detención de manifestantes) a abandonar esta actitud, que no contribuye en absoluto a la paz que se proclama por todas partes, no construye la armonía que se proclama, ni la estabilidad que se desea”, dijo el cardenal el pasado fin de semana.
Y acto seguido, el cardenal Brenes dio a conocer la agenda de la Iglesia y del pueblo fiel nicaragüense: “pacificar el país sin actitudes o acciones que digan lo contrario”.
La Iglesia católica, a través de la Comisión de Verificación y Seguridad, formada en la mesa de Diálogo Nacional, continúa negociando con el gobierno para la liberación de los presos detenidos por participar en protestas pacíficas contra el gobierno, dijo el cardenal.
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