Iván Duque, que recién asume la presidencia de Colombia –el más joven en los récords de ese país- tendría suficiente con la vecina Venezuela para un dolor de cabeza diario. Siendo un senador que entró al Congreso en las listas de Alvaro Uribe y, conociendo el fuerte tutelaje que éste ejerce sobre sus huestes, no son pocos los que se preguntan cuál de los dos gobernará en definitiva. Otra pregunta recurrente estriba en si el cuento terminará con la famosa “patada histórica” que Santos quien, habiendo ganado la Presidencia bajo el ala de Uribe, le propinó más tarde, al distanciarse de él.
Pero semanas después los puntos focales son otros y el novel mandatario ha dado ciertas demostraciones que prefiguran el talante de su Administración. Anuncia que se retiran de Unasur al considerar que la organización se ha convertido en un “cómplice de la dictadura venezolana”, decisión política que ya había asomado durante la carrera presidencial y en su discurso de posesión del pasado 7 de agosto, de que hará “respetar la Carta Democrática Interamericana” y que denunciaría “en los foros multilaterales las dictaduras que pretenden doblegar a sus ciudadanos”.
En esa misma línea, el nuevo Ejecutivo pretende liderar una “respuesta multilateral” a través del Grupo de Lima, el conjunto de 12 países latinoamericanos que ha tomado medidas frente al régimen de Nicolás Maduro. Además, se propone insistir en el fortalecimiento de un fondo humanitario de emergencia y en la creación de un enviado especial ante la ONU que coordine las acciones de varios países, al tiempo que preparan una nueva política migratoria para afrontar “la crisis humanitaria con la llegada de migrantes de Venezuela”. Las migraciones son una de las situaciones más delicadas que deberá enfrentar el nuevo gobierno.
“La pobre implementación de los acuerdos con las Farc, el auge de los cultivos de coca y la mermelada en las relaciones con el Congreso proyectaron las principales sombras sobre el gobierno que termina”. Con este encabezado presenta la Revista Semana de Colombia su más reciente publicación, donde exhibe los “lunares del gobierno de Santos” con que Duque deberá lidiar.
El nuevo gobierno colombiano planteó una ambiciosa agenda doméstica que incluye reactivar la economía, consolidar la paz y promover la justicia social. El éxito de ella dependerá de muchos factores, entre otros uno interno cual es la oposición, liderada por el exalcalde Gustavo Petro, quien logró la más alta votación de la izquierda en la historia de Colombia. Un inédito apoyo popular que proporciona un sólido piso a los adversarios de Duque. El nuevo presidente necesitará contemplar durante su mandato esta nueva realidad política que plantea el fuerte crecimiento de electoral de la izquierda.
Pero Duque ha “picado adelante” y, en su primer día como presidente, presentó cuatro proyectos de ley o reforma constitucional, tres que retoman puntos de la Consulta Anticorrupción que han liderado figuras del Partido Verde y una reforma política que retoma los puntos centrales de la que se hundió el año pasado.
El analista Juan Bernardo Lewin lo plantea en estos términos: “El costo de hacerlo es que la reforma política puede alejar a los políticos tradicionales que hay en el Congreso y con los que se construyó la coalición legislativa que incluye a su partido, mientras los proyectos de la consulta se pueden leer como una forma de quitarle protagonismo a los opositores que llevan meses impulsándolos”, como colocó Gustavo Petro en su cuenta de tuiter. Con eso, podría perder apoyos en el Congreso que necesita para pasar adelante ésta y otras reformas, aunque coseche réditos en la opinión. Hay que tener en cuenta que esta es una reforma que todos anhelan, menos los políticos.
Duque ya ha dado pasos que lo alejan de las elencos tradicionales, lo que despeja dudas acerca de que las figuras demasiado conservadoras que lo acompañaron pudieran tener acceso privilegiado al gobierno, aunque los uribistas conserven los cargos de mayor poder.
Duque carga sobre sí la responsabilidad, nada fácil por demás, de acabar con la Colombia polarizada que dejaron ocho años de mandato del saliente presidente, Juan Manuel Santos y, más aún, lograr consensos alrededor de las reformas necesarias para el país. Para ello, según ha reportado El Espectador, ha emprendido la tarea de “tocar las puertas” de los políticos, reunirse con las bancadas del Congreso a fin de asegurarse una gobernabilidad sólida, especialmente, en el primer año de gobierno.
La primera de sus metas es la reforma fiscal. Según el exrepresentante y hoy senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, es urgente alivianar la carga tributaria, aumentar el recargo e incentivar la empresa privada y la generación de empleo. La segunda es el espinoso asunto del Acuerdo de Paz y la conexidad del narcotráfico con el delito político.
“La conexidad del narcotráfico con el delito político ha causado graves problemas en el país”, dijo el senador Valencia, tras cuestionar el aumento indiscriminado de hectáreas con cultivos ilícitos en Colombia. Esa conexión es explicada como una práctica ejercida para financiar la rebelión de la extinta guerrilla de las Farc.
Una estrategia clave del equipo de Duque es intentar reversar la posibilidad de que los excombatientes responsables de los crímenes más graves lleguen al Congreso sin haber pagado cárcel, como ocurre ahora. La propuesta es no quitarles los espacios parlamentarios a las que tiene derecho el hoy partido FARC, sino cedérselas a los guerrilleros de base que no estén siendo procesados por delitos graves o de lesa humanidad.
Los obispos de Colombia, justo en el marco en que se celebra el triunfo en la batalla de Boyacá, -la cual determinó la independencia- y en momentos en que Iván Duque asumía la presidencia del país, dejaron escuchar su llamado a no dejar de trabajar por la paz y unidad del país, para que sea “patria y casa de todos”, y donde ningún tipo de violencia acabe con una vida más.
Quienes miran lo que ocurre en Colombia con piquete político, más allá de promesas, anuncios y proyectos, piensan que la batalla de Álvaro Uribe contra Juan Manuel Santos continúa y ahora el forcejeo es por la definición de su legado. Santos ha dicho: “No siento que mi legado peligre porque los resultados nadie me los puede quitar”. Habla de una Colombia moderna, con bienestar social y en paz. Por su parte, Uribe – como la reducción de la pobreza en los últimos ocho años es innegable- centra su crítica en los “dos años con estancamiento en la reducción de la pobreza” y, en uno de sus 64 tuits en los que minimizaba los logros de Santos, se lee: “Congreso con personas condenadas por delitos atroces, sin reparar víctimas, sin cumplir sanciones simbólicas, inadecuadas. En Colombia criminalidad creciente y reorganización criminal de Farc. Paz aparente”.
El gran desafío de Duque es empinarse por sobre esta puja y construir su propio legado.
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