Son 62 mujeres y hombres que podrían ser ejecutados en los próximos meses en el Estado de Tennessee, al sureste de Estados Unidos. Muy pocos claman por la conmutación de la pena capital para estos condenados. Pero la Iglesia católica, junto con otras denominaciones religiosas y algunas organizaciones civiles, continúa firme en su postura de oponerse a la pena de muerte. Y pide clemencia para ellos.
Los obispos J. Mark Spalding de Nashville, Richard F. Stika de Knoxville y Martin D. Holley de Memphis le escribieron recientemente una misiva al gobernador William Edward “Bill” Haslam (Republicano) instándolo a “usar su autoridad como gobernador para poner fin a las ejecuciones aceleradas planificadas” en el Estado de Tennessee los próximos meses.
“Está en su poder establecer un legado como gobernador de Tennessee de no haber presidido una ejecución bajo su supervisión”, escribieron los tres obispos católicos del Estado sureño, acorde con la postura de la Iglesia católica que -en los numerales 2266 y 2267- reconoce que hoy la autoridad pública tiene suficientes medios incruentos para defender a la sociedad del agresor como para que la pena de muerte sea “la única solución para colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicios y así mantener la perseverancia del bien común”.
La última persona en morir por inyección letal en Tennessee fue Cecil Johnson en 2009, cuando Phil Bredesen era gobernador. El estado ha llevado a cabo un total de seis ejecuciones desde 1976, cinco de ellas durante el mandato de Bredesen. Cabe recordar que en Tennessee, el gobernador tiene la autoridad exclusiva de otorgar clemencia a los presos condenados a muerte.
El próximo hombre programado para ser ejecutado por el Estado de Tennessee es Billy Ray Irick (59), cuyo historial contiene una enfermedad mental grave. Su ejecución está programada para el próximo 9 de agosto, 32 años más tarde de que fuera condenado a muerte –en 1986– por la violación y el asesinato, en el condado de Knox, de la pequeña Paula Dyer de siete años de edad.
En su carta al gobernador Haslam, los tres obispos de Tennessee pidieron misericordia, incluso para aquellos que han cometido crímenes terribles. “Nos unimos a muchas otras denominaciones religiosas en firme oposición a la ejecución incluso de los condenados por crímenes atroces”, escribieron los prelados Spalding, Stika y Holley.
Los obispos agradecieron a Haslam por reunirse con ellos en el pasado, y por su disposición a aprender más sobre la oposición de la Iglesia Católica a la pena capital y los fundamentos de esa enseñanza, no obstante sea presbiteriano y miembro por mucho tiempo de la Iglesia Presbiteriana Cedar Springs, una congregación de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Knoxville.
La falsa acusación también es posible
En su carta, los obispos recordaron la visita de San Juan Pablo II a San Luis Missouri en 1999, cuando pidió el fin de la pena de muerte por ser una medida cruel e innecesaria. El pontífice polaco dijo en aquella ocasión que la pena de muerte no es el único medio para proteger a la sociedad mientras se sigue ofreciendo un castigo justo para aquellos que violan las leyes civiles. “En lugar de servir como un camino a la justicia, la pena de muerte contribuye a la creciente falta de respeto por la vida humana”, expuso San Juan Pablo II.
La carta de los obispos al gobernador llega al mismo tiempo que comienza un juicio sobre el nuevo protocolo de inyección letal de Tennessee. Más de treinta reclusos condenados a muerte entablaron una demanda contra el Estado, alegando que la nueva combinación de tres medicamentos (midazolam, bromuro de vecuronio y cloruro de potasio) utilizada en el protocolo de inyección letal equivale a un castigo “cruel e inusual”.
Tennessee no ha utilizado este cóctel de tres medicamentos para llevar a cabo una ejecución anteriormente, pero combinaciones de drogas similares o idénticas se utilizaron en ejecuciones fallidas en otros estados, según los abogados de los reclusos del “corredor de la muerte”.
Por lo demás, tres hombres han sido liberados del “corredor de la muerte” en Tennessee los últimos años, después de que se demostró que eran inocentes. Paul House, quien fue exonerado por pruebas de ADN después de pasar 22 años esperando la pena capital, ha escrito una carta abierta para pedirle al Estado que no prosiga con la ejecución de Irick o cualquier ejecución, señalando el riesgo de ejecutar a una persona inocente.
La organización Innocence Project, fundada en 1992, busca exonerar a los condenados erróneamente mediante pruebas de ADN y buscando una reforma el sistema de justicia penal de Estados Unidos para evitar futuras injusticias. “A medida que el ritmo de las exoneraciones de ADN ha crecido en todo el país en los últimos años, las condenas erróneas han revelado fisuras y tendencias inquietantes en nuestro sistema de justicia penal”, explica el organismo en su página web.
Desde 1998, fecha en que ocurrió la primera exoneración por ADN, este proyecto de inocencia ha exonerado a 358 personas en 37 estados de la Unión Americana, de las cuales 20 de ellas estaban esperando ser ejecutadas por la pena de muerte. Además, 130 exonerados de ADN fueron injustamente condenados por asesinato; 40 (31 por ciento) de estos casos involucraron identificaciones erróneas de testigos y 81 (62 por ciento) involucraron falsas confesiones.
Otro dato importante es que de los 358 exonerados, 221 son personas afroamericanas y 27 hispanas o latinas. Esto hace una suma 248 personas exoneradas de diferente raza a las personas blancas o caucásicas, que llegan a 107.
Hoy celebramos a...