El drama del asesinato de líderes sociales en Colombia persiste y crece. Las víctimas son afrocolombianos, indígenas, campesinos, reclamantes de tierras, sindicalistas, maestros y exguerrillerosDeyanira Ballestas Chivará, profesora de un colegio público de una zona olvidada, es el caso más reciente de amenazas de muerte contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
Mientras millones de aficionados observaban por televisión el partido en el que su selección nacional fue eliminada por Inglaterra del Mundial de Fútbol, un hombre la llamó por teléfono para advertirle: “Qué pena con usted señora Deyanira Ballestas, se tiene que ir de esta región o la asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos a los que nosotros nos dé la gana, ¿entendió?”.
La maestra, que no perdió la compostura pese a la intimidación y las palabras soeces de su interlocutor, grabó la conversación, la entregó a las autoridades y a las pocas horas, para protegerla junto con su familia, fue trasladada a otra población. Según versiones oficiales, además de haber mejorado el nivel académico del Colegio Técnico Agropecuario y Comercial, en San Pablo, la educadora era reconocida por su liderazgo social entre la comunidad. Así lo había hecho en Santa Rosa del Sur, otro pueblo del departamento de Bolívar, norte de Colombia, de donde también tuvo que salir por amenazas.
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Su caso es similar al de muchos dirigentes que debieron renunciar a su activismo, huir de sus pueblos para refugiarse en ciudades o arriesgarse a morir baleados por paramilitares, guerrilleros del ELN, disidentes de las Farc y otras organizaciones criminales. En la mayoría de los casos, estos grupos protegen cultivos de coca, cuidan laboratorios para el procesamiento de cocaína, vigilan las rutas del narcotráfico o trabajan para grupos que explotan ilegalmente algunas minas de oro.
Horas antes de las amenazas contra Deyanira fueron asesinados a bala otros dos dirigentes en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. La primera víctima fue Felicinda Santamaría, presidenta de la Junta Comunal del barrio Virgen del Carmen, en Quibdó, capital del Chocó, una región en el litoral Pacífico de Colombia con altísimos niveles de pobreza. Según el Canal Caracol, Felicinda habría sido asesinada por no asistir a una reunión con delincuentes.
En Palmar de Varela, un pequeño pueblo del Atlántico, al norte de Colombia, también fue asesinado Luis Barrios Machado, un hombre de 55 años que lideró campañas ambientales y denunció la venta de estupefacientes en puntos clave de su municipio. De acuerdo con el diario El Heraldo, Barrios Machado fue baleado por un sicario cuando descansaba en su casa.
¿Por qué los matan?
Aunque no hay unanimidad sobre el número de activistas asesinados en los últimos dos años, las estadísticas son preocupantes. Para la estatal Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y junio de 2018, murieron violentamente 311 dirigentes, de ellos, 155 fueron asesinados en el último año. Por su parte, Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, desde noviembre de 2016 ―cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc― hasta junio de 2018, han sido sacrificados 153, lo que arroja un promedio de un líder social asesinado cada cuatro días.
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En entrevista con la emisora radial La FM, Ávila explicó que el 70 % de las víctimas eran hombres y mujeres humildes que representaban a afrocolombianos, indígenas o a afectados por el conflicto armado. Sus actividades ―anotó― estaban relacionadas con la recuperación de sus tierras robadas por actores armados, la participación en política partidista o su oposición a la minería ilegal y los cultivos ilícitos.
Ante este preocupante panorama, el presidente Juan Manuel Santos ordenó el envío de inspectores del Ejército y la Policía a los lugares en donde ocurrieron los crímenes más recientes para que supervisen y evalúen las acciones dirigidas a proteger a los líderes.
Por su parte el presidente electo, Iván Duque Márquez, condenó desde Washington la ola de crímenes y anunció que su administración trabajará en la protección de los líderes sociales y políticos y buscará que los responsables sean sancionados ejemplarmente.
A la ola de indignación nacional se sumaron los obispos colombianos quienes en un comunicado señalaron que “estas violaciones del derecho a la vida significan, al mismo tiempo, un abominable y repudiable quebrantamiento de las leyes sagradas del Creador, único dueño de la vida”.
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— Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) July 4, 2018
Reunidos en Bogotá durante la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, los prelados también condenaron el asesinato de ocho personas en Argelia, Cauca, al suroeste del país, y señalaron que “estos hechos no contribuyen a la construcción de una auténtica reconciliación y paz que buscamos los colombianos”.
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— Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) July 5, 2018
