Durante toda la historia de la formación médica en la Argentina se enseñó que el aborto era un crimen, y un delito. Con la ley, el delito sería no practicarlo.Entre los cuestionamientos al proyecto de ley con media sanción que podría despenalizar el aborto en la Argentina, más allá del tema de fondo, están las que refieren a la libertad de conciencia de los médicos.
El proyecto de ley con media sanción dice: “Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo” y que “queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”.
Además, consigna que “el/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización”, y que “sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece”.
La objeción, aclara, no puede realizarse cuando el aborto sea “en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requieran atención médica inmediata e impostergable”. Además, el profesional no podrá hacer comentarios personales, no podrá aconsejar a la que solicite el aborto, puesto que la ley aclara que la información proporcionada en “ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as”.
Así escrito, se impone la realización de abortos a sanatorios con idearios cristianos u otros que trabajen de acuerdo a valores que impiden obrar en contra de la propia conciencia. Como han explicado cerca de diez sanatorios en un comunicado común, acompañado por la cámara de sanatorios y clínicas privadas de la Argentina “tradicionalmente, los centros de salud han nacido por el empeño de médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud que, compartiendo un interés común, han volcado su ciencia y recursos para curar, cuidar y salvar vidas. Lo han hecho con la libertad de elegir qué servicios y prácticas brindar de acuerdo a su experiencia, motivaciones, y posibilidades. Muchos, en sintonía con la ley vigente, y también con sus convicciones, no promovieron nunca la realización de abortos”.
Para los directivos de estos centros, de acuerdo al proyecto de ley, podría caberles la prisión si no acatan. Aunque uno de los referentes del proyecto de ley insistió oralmente en que si no quieren hacerlos en sus centros pueden derivar mujeres, la redacción de la ley pareciera clara en el sentido contrario, dejando la derivación solo a excepciones.
Asimismo, médicos de todo el país han comenzado a juntar firmas y difundir en redes sociales un mensaje que ya hicieron sus colegas en Chile: “no cuenten conmigo”. Especialmente fuerte ha sido el mensaje que han dado en los últimos días médicos de Mendoza y San Juan, y Misiones, donde hoy se realizó un acto público de parte de numerosos trabajadores de la salud oponiéndose al aborto.
La ley también es agresiva para con los médicos. No se escribe, pero su objeción de conciencia es discriminadora para su proyección profesional: un no objetor no podría dirigir un centro de salud en los cuales se realicen abortos, ni siquiera tendría la libertad de crear nuevos hospitales de acuerdo a sus valores, ya que la ley le impediría, por ejemplo, concebir un lugar en el que no se realicen abortos.
La ley podría votarse en la Cámara de Senadores en las próximas semanas. Si se aprueba el proyecto que viene de diputados, se convertirá en ley. El Poder Ejecutivo ya anunció que no la vetará. Si se modifica, debe regresar a la Cámara de Diputados para ser votada nuevamente. Si se rechaza, al menos por un período legislativo no se puede volver a presentar el proyecto.