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Cómo la ONU influye sobre las políticas públicas argentinas como la del aborto

ARGENTINA
Marko Vombergar-ALETEIA
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Mecanismos de presión para que la legislación se oriente en un sentido

Diputados argentinos como Darío Lipovetzky, máximo referente de la ley que con ya media sanción podría legalizar el aborto en la Argentina, han hablado de presiones de la Iglesia para que no se sancione la ley.

Es que, según dijo él y otros, obispos han estado mandando cartas, pidiendo reuniones, y haciendo oír la voz de los millones de argentinos que los tienen como referentes.

Sin embargo, no se ha hablado ni escrito seriamente de las presiones de organismos internacionales sobre los políticos argentinos que definen las leyes que rigen la vida de los argentinos.

Como una vez un observador de la Santa Sede para las Naciones Unidas dijo a este periodista, no todo lo que la ONU hace es malo. Hace mucho bien en todo el mundo.

Pero sí tiene en su columna vertebral una visión de familia y del hombre distinta a la que gran parte de los pueblos americanos han cultivado durante siglos.

El documento 2008 Estrategia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el tema “Desafíos para la igualdad de género en la Argentina”, se confirma esta estrategia de implementar gradualmente una perspectiva para, por ejemplo, promover la “prestación de servicios de desarrollo que tomen en cuenta las cuestiones de género en forma sistemática”.

La estrategia para la TG (transversalización del enfoque de género) en la Oficina del PNUD busca: a) el fortalecimiento y la consolidación de una intervención de mediano a largo plazo, y b) la promoción de políticas y programas que contribuyan a alcanzar la igualdad de género, tanto dentro de la oficina del PNUD como en las esferas de decisión e implementación de políticas públicas del país.

Ahora bien, esta aproximación requiere superar la concepción del enfoque de género como apéndice suplementario o como mirada sectorial, para incorporarlo en el conjunto de programas y proyectos del PNUD en la Argentina.

El fin último es contribuir al avance de la equidad de género como parte intrínseca de la promoción de derechos humanos en el país”, dice el documento.

El PNUD planteaba ya desde 2008 hacer que la perspectiva de género cruce todos los programas de desarrollo, no sólo aquellos vinculados sólo a temas de género. Y además, influir en las políticas públicas del país.

Dos años después en la Argentina se sancionaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2011, publicaba un documento similar, “Aportes para el desarrollo humano en Argentina 2011”, en el que se presentan varias de las cifras estimadas que hoy se enarbolaron como fundamentos para la ley del aborto con media sanción, por ejemplo, la poco precisa que en 2009 situaba entre 372 mil y 522 mil la cantidad de abortos anuales.

En 2018, el aborto legal tiene media sanción en la Argentina. Y este análisis solo toma en cuenta documentos del PNUD; ni siquiera toma en cuenta los del Comité de la ONU sobre la discriminación de las Mujeres.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) venía recomendando al gobierno chileno desde años antes de la despenalización del aborto bajo los tres causales que se revise la legalización en el país, y este año, con el aborto ya legalizado en esas condiciones en el país andino, insistió en que se despenalice por completo.

La información se encuentra en los informes que la CEDAW publica en su sitio web.

UN
UN Photo-Rick Bajornas-(CC BY-NC-ND 2.0)

En Ecuador, el Comité de la ONU de los Derechos del Niño recomendó la despenalización completa del aborto en su última revisión de informes a finales del año pasado.

Ese mismo comité, una semana antes de que la Cámara de Diputados vote el aborto, pidió al Estado argentino que “asegure el acceso a abortos seguros y servicios de cuidado post-aborto de calidad a las adolescentes”.

Las constantes recomendaciones de los múltiples organismos de la ONU, a los que los Estados adhieren, son mecanismos de presión para que la legislación se oriente en un sentido.

Son los Estados los que adoptan, pero es innegable que la insistencia en un sentido puede influir. Existen otros modelos, como el patrocinio de grupos para actividades formativas o muestras, cursos o premios para periodistas, o misiones más explícitas, como las de Amnistía Internacional (AI).

Para las elecciones 2011 de Nicaragua, AI visitó a los precandidatos a la presidencia para decirles que, “acorde a las Naciones Unidas, debe existir la posibilidad de que la mujer que es violada o que está en riesgo de perder su vida, pueda decidir o no perder el hijo”.

Si un mandatario o funcionario de un país osa sugerir que piensa influir en otro país, es prácticamente un llamado a consultas diplomáticas.

Si el Papa dice algo de la discusión del aborto en la Argentina, es un escándalo porque se inmiscuye en asuntos que no le incumben, aún siendo argentino. Si los obispos lo hacen, se ha escuchado decir que responden a intereses “del Vaticano y no de la Argentina”.

Si los organismos de las Naciones Unidas buscan influir en el país, parece ser que no hay problema.

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