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Maduro será acusado por crímenes de lesa humanidad

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La OEA denunciará ante la Corte Penal Internacional a funcionarios del gobierno venezolano por el asesinato de 131 personas en las protestas y más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos

“Nicolás Maduro Moros y la cúpula de personas a su alrededor que detienen el poder real en Venezuela son los autores intelectuales de la represión, o guerra en contra del enemigo interno. Son los responsables de todos los actos (…) de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y los otros actos de violencia sexual, y persecución cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar”.

Esta es la opinión de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, OEA,  Luis Almagro, tras difundir este 29 de mayo, el informe elaborado por un Panel de Expertos Internacionales Independientes: Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canadá), y Manuel Ventura Robles (Costa Rica), en el que se “identifica un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento (…) de la población civil en Venezuela”.

Con el contenido de este informe, la OEA argumenta “que existe suficiente información para justificar el inicio de una investigación criminal”, con el fin de “evaluar las acciones de estas personas y determinar su posible culpabilidad”.

Las conclusiones destacan que al menos 131 personas fueron asesinadas en las protestas ocurridas en Venezuela entre 2014 y 2017; los cuerpos de seguridad cometieron 8.300 ejecuciones extrajudiciales; más de 12.000 ciudadanos fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones de 2013; y más de 1.300 presos políticos llenaron, y algunos permanecen en cárceles civiles y militares, por su oposición al gobierno.

Los expertos consideran que hay “fundamento suficiente que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”; y en consecuencia, piden al secretario general de la OEA, Luis Almagro, “remita este Informe y la evidencia recopilada” a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI.

 

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Testimonios de la violencia del Gobierno

“Con objeto de facilitar el proceso imparcial de recopilación de información organizado por la Secretaría General, se realizaron tres rondas de audiencias o sesiones públicas, que tuvieron lugar en la sede de la OEA, entre septiembre y noviembre de 2017”, indica el Informe. “Estas sesiones contaron con la participación de veintiséis testigos, 87 seleccionados para representar a un amplio sector de la sociedad venezolana”, destaca.

El caso de Geraldine Moreno. Rosa Orozco presentó uno de los primeros testimonios de esta investigación, relatando el asesinato de su hija Geraldine Moreno, una estudiante de 23 años, ocurrida el 19 de febrero de 2014. El testimonio de esta ciudadana venezolana, también se encuentra recogido en un trabajo publicado por Aleteia.

Orozco describió la ejecución extrajudicial de Geraldine por el destacamento 24 de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando se encontraba en el exterior de su vivienda, manifestando pacíficamente junto a un grupo de vecinos “armados solo con ollas, silbatos y banderas”. “Faltaban quince minutos para las 8 de la noche, cuando mi niña recibió varios disparos de perdigones en el rostro”, dijo. A los tres días falleció.

“Geraldine corría hacia su residencia (…) Volteó para ver a sus perseguidores, que eran miembros de la GNB. Éstos le dispararon por la espalda y cayó al suelo. Intentó levantarse pero se acercó un funcionario y le disparó a quemarropa en la cara. Quedó mal herida en medio de un charco de sangre”, explicó Rosa Orozco.

Juan Pernalete. Otros testimonios recogidos en el Informe son los de José Pernalete y Elvira Llovera, quienes relataron el asesinato de su hijo Juan Pablo Pernalete, fallecido a los 20 años. “Fue asesinado por la GNB mientras participaba en manifestaciones pacíficas el 26 de abril de 2017. Un agente de la GNB disparó desde una distancia de 15 metros una bomba de gas lacrimógeno directamente contra Juan Carlos, alcanzándolo en el pecho. Sufrió un shock cardiogénico y falleció a los pocos minutos”.

 

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Ciudadanos como objetivos de guerra

La ejecución extrajudicial es otra de las modalidades de violación de los derechos humanos aplicados en Venezuela, según lo recoge este informe. “Son reconocidas por los estándares internacionales como el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público fuera de o sin un proceso judicial o legal”, dice.

Es lo que ocurrió con los Operativos de Liberación del Pueblo, OLP, implementados por Maduro para contrarrestar la inseguridad que en 2016 dejó más de 28.000 muertes por violencia, padeciendo de una tasa de homicidios de 91 por 100,000 habitantes.

“Estos operativos dejaron más de 250 personas ejecutadas por los cuerpos de seguridad en la supuesta intención de combatir a la delincuencia”, señaló en 2016 a Aleteia, Inti Rodríguez, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Son muchos los casos que “demuestran la escala de la masacre de ciudadanos venezolanos por parte del Estado”, dice la OEA.

El asesinato de José Parada. El 8 de mayo de 2014, de acuerdo con la versión policial, funcionarios del CICPC acudieron al sector Alta Florida de Caracas tras recibir una denuncia de que un sospechoso merodeaba la zona.

“La fuerza pública arrodilló, y ajustició con cuatro tiros a quemarropa a un mototaxista, zurdo, que se encontraba en la escena. El difunto, identificado como José Gregorio Parada (23 años), fue acusado de haber disparado contra los funcionarios, con el arma que le habrían sembrado en la mano derecha”, dice el informe de la OEA.

Tres jóvenes ajusticiados. “El 26 de abril de 2016 funcionarios del CICPC asaltaron una casa de familia en el sector Cujicito de San José de Cotiza, Caracas, extrayendo objetos del hogar y desalojando a todas las mujeres y niños pequeños”, describe el informe. Oly Vargas, la familiar denunciante, perdió ese día a un hijo, un nieto y un sobrino: tras oírse gritos y disparos, los cuerpos de Illich Carrasco (16 años), Ricardo Marrero (18 años) y Ludvig Ramírez (22 años) fueron sacados por la parte de atrás de la casa. “La policía dijo que los muchachos los enfrentaron con granadas. Ellos solo estaban en la sala de la casa, conversando”, asegura la señora Vargas.

Los expertos sostienen en su informe que el Ejecutivo Venezolano permite o contrata a paramilitares colectivos para aterrorizar o asesinar a la población civil opositora. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin; la Guardia Nacional Bolivariana, y las policías estatales y municipales controladas por el Gobierno de Maduro, detienen y torturan con absoluta impunidad. “La Fiscalía y el Defensor del Pueblo es cómplice de los crímenes del Régimen”, indican hacia el final del mismo.

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