En sólo 13 días de mayo, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha realizado el plan disuasorio de separar a niños de sus padres en la frontera con México; un plan que recoge las indicaciones del presidente Trump de detener “criminales” provenientes del vecino país del sur y de América Central.
El proyecto llamado “tolerancia cero” busca criminalizar a las familias que son arrestadas, justamente por traer niños como “escudos” de apoyo para lograr penetrar en la Unión Americana. Las instrucciones que está siguiendo Sessions son que a los adultos hay que ponerlos bajo custodia y a los menores lejos de ellos, en refugios vigilados.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dados a conocer en México por el periódico La Crónica de Hoy, entre el 6 y el 19 de mayo, un total de 658 niños y 638 adultos han sido separados en la frontera sur del país con México. Así lo explicó el subdirector de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Richard Hudson, en un panel del Senado estadounidense sobre seguridad fronteriza.
La advertencia de Sessions
Estos son los primeros datos que se hacen públicos después de que Sessions anunciara el 6 de mayo que considerará “criminales” y presentará cargos penales contra todos los extranjeros atrapados cruzando la frontera de forma clandestina.
Los adultos arrestados, en su mayoría padres, han sido puestos bajo custodia penal, mientras que los niños fueron enviados a refugios financiados con fondos federales. Hasta el momento, se ignora se van a poder ser deportados al mismo tiempo o si los menores permanecerán en Estados Unidos…, o si también se les dará el trato de “criminales”.
En un memorándum del mes de abril, el fiscal general había dicho: “A todos aquellos que deseen retar el compromiso de la Administración Trump con la seguridad del público, la seguridad nacional o la ley, les advierto: entrar ilegalmente a este país no será recompensado; al contrario, se encontrarán con todos los poderes del Departamento de Justicia para procesarlos”.
Muy pocos pertenecen a las maras
La senadora demócrata por California Dianne Feinstein criticó duramente este proceso de separación pues, a su juicio, pone en peligro el bienestar de los menores que, recordó, “huyen de sus países por miedo a ser secuestrados, maltratados, violados o, incluso, asesinados”.
El principal argumento de las autoridades migratorias presentes en el panel del Senado fue que las organizaciones criminales, como la MS-13 (Mara Salvatrucha), reclutan a sus miembros entre los menores que “cruzan ilegalmente” la frontera. El jefe de la Oficina de Detención y Deportación, Matthew Albence, dijo que en 2012, unos 60 menores detenidos en la frontera tenían lazos con la Ms-13.
Datos en manos de las autoridades de Estados Unidos demuestran que la pertenencia de los niños a las maras es casi nula. Antes al contrario, delegaciones de obispos estadounidenses han corroborado que la mayor parte de los menores de Guatemala, Honduras y El Salvador, vienen huyendo de ellas.
Nuevas regulaciones
Desde abril pasado, el Departamento de Justicia dijo, en un comunicado, que Sessions “notificó a todas las Fiscalías de Estados Unidos” a lo largo de la frontera suroeste de una nueva “política de tolerancia cero” con delitos menores, que prohíbe tanto el intento de entrada indocumentada como el ingreso ilegal a Estados Unidos por parte de un extranjero.
La nueva política migratoria anunciada por Sessions comienza a dar resultados. Dificulta, sin embargo, que menores de edad, con o sin compañía, y que huyen en busca refugio en Estados Unidos, tengan la oportunidad de solicitar asilo y que sus casos sean atendidos por las cortes de inmigración.
Por lo demás esta “tolerancia cero” –según especialistas como Lilia Velázquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego– viola “los derechos civiles o las garantías constitucionales que tienen las personas de solicitar protección en la frontera” y el gobierno podría ser demandado por ello.
Una estrategia inflexible
Para cumplir con su estrategia de enjuiciar en su totalidad a quienes lleguen a Estados Unidos sin la documentación debida, Sessions envió a 35 fiscales a la frontera sur del país, al igual que a 18 jueces de inmigración, los cuales, tendrán “tiempo completo” para atender principalmente peticiones de asilo político.
“Estas acciones se han hecho aún más necesarias por los incrementos masivos de cruces ilegales en los últimos meses”, señaló Sessions durante su discurso a principios de mayo, en una visita que hizo a la ciudad fronteriza de San Diego (California), en alusión a cifras que apuntan a un aumento de 55 por ciento en el número de detenciones en la frontera en comparación al año 2017.
Ahí, el fiscal general dejó muy clara la política del presidente Trump y el tema de la separación de los menores de sus padres o de los adultos con los que viajen: “No dudo que muchos de los que cruzan nuestra frontera ilegalmente dejan detrás situaciones difíciles, pero no podemos recibir a todos los de este planeta que están en una situación difícil”.
Hoy celebramos a...