El fallo del pasado 15 de mayo por parte de un juez de California (Estados Unidos) en contra de una Ley que aprueba, bajo ciertas circunstancias, el suicidio asistido, ha sido recibido con beneplácito por la Conferencia Católica de California (CCC), cuya sede esta en la ciudad de Sacramento, y es el brazo de política pública de los obispos católicos californianos.
“Era una mala ley”, dijo a Catholic News Service (CNS), Ned Dolejsi, director ejecutivo de la CCC. “Nuestra oposición al suicidio asistido no es ningún secreto (porque la Iglesia católica no lo permite), pero a esta legislación también se opuso a una amplia coalición de médicos, enfermeras, personas mayores y la comunidad discapacitada, que la combatieron por muchas, muchas razones”, dijo Dolejsi en una declaración tras conocerse el fallo.
El juez Daniel Ottolia de la Corte Superior del Condado de Riverside, dictaminó que la legislatura de California violó la ley existente cuando aprobó la Ley de Opción de Fin de la Vida durante una sesión especial dedicada a la atención médica. La ley de 2015, que entró en vigencia en junio de 2016, autorizó a los médicos a recetarle prescripciones letales a cualquier paciente que dos médicos determinara que tuvieran seis meses o menos de vida.
Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) apuntó en un tweet: “Celebramos la noticia de que la ley de CA (abreviatura de California) que legaliza el suicidio asistido ha sido, por el momento, revocada. El suicidio asistido no es cuidado de la salud. Oramos para que este fallo se mantenga y los legisladores reconsideren este trágico error, rechacen el suicidio asistido y protejan a todos los pacientes”.
En la parte legal, el juez Ottolia le dio al fiscal general de California, Xavier Becerra, cinco días para presentar una apelación para mantener la Ley tal y como ya funcionaba desde hace un par de años. El 16 de junio de 2017, el mismo juez había dictaminado que una demanda de derechos civiles que desafía la Ley de Suicidio Asistido, podría seguir adelante. Cinco médicos de California y la Academia Estadounidense de Ética Médica presentaron el desafío legal.
“Los profesionales de la salud se sorprendieron por el cinismo y cuestionaron por qué el Estado estaba adoptando el suicidio asistido por un médico como el estándar de atención para las personas que necesitaban respeto y apoyo”, dijo Dolejsi en su declaración. “Otros se sintieron ofendidos por la manera en que a los pacientes de Medi-Cal (la cobertura médica del Estado de California) a menudo les negaba la cobertura de cuidados paliativos y les ofrecía cobertura para prescripciones letales y otros más se sintieron realmente perturbados por la falta de garantías para evitar que las personas mayores y las personas con discapacidad fueran ‘condenadas’ al suicidio asistido”, continuó diciendo a CNS el director ejecutivo del CCC.
“Esta fue una mala ley, esperamos que el fallo del tribunal se mantenga”, dijo Dolejsi a CNS. “Si este tema vuelve a presentarse ante la Legislatura nuevamente, esperamos que aborden el problema real que tienen ante sí: ¿cómo protegemos la dignidad y la calidad de vida de aquellos de nosotros que enfrentamos una enfermedad grave o terminal, y cómo ayudamos a nuestros seres queridos para que sienten amor y apoyo cuando contemplan el final de sus vidas?”.
La Ley, que entró en vigor el 9 de junio de 2016, contempla algunas medidas como el solicitar el medicamento por escrito; que la persona moribunda haga dos solicitudes verbales del medicamento en un lapso de 15 días y que solamente la persona con el diagnóstico terminal puede solicitar el medicamento Dos testigos deben confirmar por escrito que la persona terminal está actuando de forma voluntaria y los médicos están obligados a confirmar que los pacientes están totalmente informados sobre su uso y deben proporcionarles toda la información necesaria sobre las alternativas a tomar el medicamento.
El enfermo terminal puede retirar la solicitud para el medicamento en cualquier momento o decidir no llenar la receta, pero nada de esto garantiza, como ha apuntado el CCC que las personas mayores o la personas con discapacidad, fueran, rápidamente, “condenadas” a la eutanasia o suicidio asistido (hasta por razones eugenésicas).
Cabe recordar que esta legislación fue aprobada después del muy publicitado caso de Brittany Maynard, una californiana de 29 años con cáncer cerebral que se mudó al vecino Estado de Oregón en el 2014, para poder poner fin a su vida sin tener que enfrentar su familia y ella problemas legales. En aquel entonces, California era el quinto Estado de la Unión Americana que aceptaba el llamado suicidio asistido.
Hoy celebramos a...