Ya no basta el término crisis para definirla. Y las características actuales de la situación venezolana obligan a llamarla “compleja”. Lo explica la directiva de un enorme grupo de galenos integrados en la organización civil sin fines de lucro: “Médicos Unidos Venezuela”.
Su presidente, Jaime Lorenzo, explicó a Aleteia que el término aplica internacionalmente a la existencia de conflictos o desastres naturales, por lo que los organismos de defensa de derechos humanos aclaran que la situación criolla tiene varias particularidades.
Pero además, en la Venezuela de Nicolás Maduro la protesta pacífica es un delito. Al menos esa es la conclusión a la que se llega tras la represión sufrida por los médicos que cuestionaron la falta de insumos para garantizar el derecho a la salud en la petrolera región del Zulia.
Allí dos médicos fueron detenidos durante reclamos por insumos en la capital, Maracaibo. Aunque quedaron el libertad, aún son evidentes los signos de que fueron golpeados. Y no se trata de casos aislados.
Reprimen a médicos y enfermeras
A través de escritos públicos, tanto las ONG como los gremios denuncian que en Venezuela “están ocurriendo acontecimientos donde prevalece la violencia física y psicológica ejercida por agentes inescrupulosos del gobierno del presidente Maduro en contra de médicos, enfermeras y personal de salud”.
La razón, sostienen, es que estas personas “ejercen su derecho fundamental a la protesta pacífica, originada por las paupérrimas condiciones de los hospitales, por la carencia de insumos, medicinas y vacunas que están cobrando víctimas sobre todo en los sectores más vulnerables de la población”. Afirman además que existe un claro “patrón de comportamiento” agresor, el cual consideran típico de “regímenes autoritarios de mano dura”.
Al respecto, recuerdan el caso del médico Jorge Pérez, gineco-obstetra de la Maternidad del Sur, en el industrial estado Carabobo: un activista reconocido por defender los derechos de las embarazadas; así como por su famosa campaña: “Salvemos la Maternidad”, que emprendió tras las precarias condiciones de la que otrora “fuese un ejemplo para la nación”.
El profesional sufrió “agresiones violentas con empleo de fuerza mientras pretendía cumplir con un actividad de carácter religioso junto a un grupo de una pastoral de salud, el 12 de mayo de 2018”, según detallan sus colegas en un comunicado, que se suma a una amplia serie de imágenes y videos difundidas en las redes sociales.
Agreden a conductores de ambulancias
Más reciente, el 14 de mayo, los afectados fueron dos médicos residentes: Sergio Fuenmayor y William Ferrer, “además de conductores de ambulancia que fueron extraídos de su lugar de trabajo por la fuerza”.
Contra ellos arremetieron quienes tendrían la obligación de defenderlos. Pues de acuerdo con la denuncia formal, la “violencia fue propiciada por los cuerpos de seguridad del estado Zulia; y detenidos arbitrariamente tras la protesta pacífica con carteles a las afueras del hospital Adolfo Porras”, al punto que resultaron “con lesiones evidentes”.
Por estas razones, piden a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se pronuncie y envíe observadores al país. También escriben a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda. Precisamente esta semana, durante la sesión del organismo, sentaron una vez más en el banquillo de los acusados al Estado venezolano por razones similares.
Piden al Defensor del Pueblo que “rompa el silencio” y se pronuncie contra lo que consideran son “atrocidades que acontecen día tras día en el país”; al tiempo que le recuerdan al Ministerio Público su deber de iniciar las investigaciones del caso y aplicar justicia.
También dedican algunas palabras al presidente Nicolás Maduro, a quien exhortan a que “acepte el carácter de ‘Emergencia humanitaria compleja’ y permita el libre tránsito de la ayuda humanitaria traducida en medicinas, insumos, vacunas y asistencia médica a las personas más vulnerables de la nación”.
El directorio nacional de Médicos Unidos de Venezuela emitió por su parte un pronunciamiento desde Zulia, tras señalar que en Venezuela “la crisis del sector salud atraviesa una de las peores crisis vividas en estos últimos años” y recordar que la nación reúne “los criterios para ingresar a la clasificación de Emergencia Humanitaria Compleja”.
“Orar por la salud no es delito”
“Hacemos un llamado al gobernador del Zulia y al presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a avocarse al problema de escasez de insumos, medicamentos, y condenan la inseguridad en todos los centros asistenciales de la región”. Exhortan al Gobierno a permitir la apertura de una canal humanitario para ayudar a solventar este “cataclismo” que vivimos”.
En su defensa, uno de los galenos detenidos y luego liberados, Jorge Pérez, expresó: “Oramos por la salud física y espiritual de Venezuela. No somos ni fomentamos el proselitismo político. Quien miente y ponen en peligro la vida de las embarazadas y nuestros niños es el Estado venezolano, pues no garantiza el derecho a la salud y la vida”.
No mentimos –agregó- cuando decimos que no hay laboratorios y (los pacientes) tienen que pagar en privados. Que ni les dan comida a los pacientes, quienes mueren de hambre en los servicios.
Por último, cuestionó: “¿Qué les dirán a sus hijos? Con qué cara mirarán al prójimo. Y saben lo peor: la indiferencia de muchos pacientes, familiares y personal de salud que con su silencio se convierten en cómplices”. Pero, “tranquilos, ¡Dios existe y es bueno!¡Él hará justicia!”
Hoy celebramos a...