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El empleo en América Latina: La gran deuda social

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Marko Vombergar-ALETEIA
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Mejores salarios y trabajo de calidad, antídoto contra la desigualdad y la violencia

Con frecuencia escuchamos decir que la desigualdad genera violencia en la sociedad. Y esta idea la comparten por igual autores y políticos de la izquierda radical como los representantes de los poderosos organismos financieros internacionales, cultores de lo que se considera el pensamiento de derecha.

Pero hay científicos sociales que sostienen que es la violencia la que genera desigualdad. Estos pensadores invierten la causalidad, mostrando una dirección contraria de la relación: es la violencia la que produce desigualdad y lo sustentan en el hecho comprobado de que en las sociedades que padecen altos niveles de violencia se incrementa la desigual pues son los más pobres los más victimizados porque tienen menos capacidad para protegerse o mitigar los efectos del daño y, al final, terminan empobreciéndose cada vez más.

Roberto Briceno León, doctor en Ciencias Sociales, quien conduce un Observatorio para la Violencia, es contundente al afirmar, producto de sus múltiples investigaciones al respecto: “No es posible afirmar que la desigualdad es causa de la violencia cuando en países donde aumenta la desigualdad disminuyen los homicidios, mientras que en otros donde se reduce la desigualdad  suben los asesinatos”.

Y es que la violencia no es sólo la que vemos en las calles en forma de agresión física y muerte. La violencia que pinta un cuadro de desigualdad es la falta de oportunidades, el trabajo abusivo y mal remunerado, el acceso a los servicios y a la protección social. En otras palabras, “la brecha generada por las grandes diferencias de ingresos – explica Filippo Vagnoni, ingeniero civil con postgrado en literatura, historia y filosofía- que obtienen las capas superiores, conformadas por los dueños y directivos de las grandes empresas y los que mantienen el control político, en comparación con lo que reciben todos los demás sectores de la sociedad”.

América Latina es la región más desigual. Más que mirar las cifras, ya suficientemente difundidas por los investigadores que asisten a los organismos internacionales, hablamos de las propuestas que se han presentado y están sobre la mesa, pero su implementación es de dudosa eficacia.

Hay indicadores confiables que, ya para el 2014, reflejaban un estancamiento de la reducción de la pobreza y la indigencia en Latinoamérica, en un contexto de desaceleración económica.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) afirma que el empleo bien remunerado con seguridad social y derechos es la llave para la salida de la desigualdad en la región. En su documento “Pactos para la Igualdad: Hacia un futuro sostenible» señalan que hay que poner foco al empleo y recomiendan un pacto por una fiscalía de vocación universal que invita a encontrar mecanismos de redistribución para cambiar la realidad actual, donde la riqueza se concentra en pocas manos, quizá la forma de violencia que directamente conduce a un estado social de desigualdad.

La Cepal ha planteado la necesidad de un debate serio sobre el tema del salario mínimo que requiere del concurso de todos los actores, pues no se trata de perjudicar al sector privado ni producir y mantener una política inflacionaria, pero es necesario que los aumentos de productividad estén acompañados del incremento del salario.

Los Informes de la OIT (*) sobre Salarios dan a conocer una serie de datos que dan una idea cabal de la problemática del trabajo en la región.

Durante la última década, en los países emergentes y en desarrollo se verificó una lenta convergencia de los salarios medios hacia los salarios de las economías desarrolladas, pero estos últimos siguen siendo en promedio tres veces más altos que en el grupo de las economías en desarrollo las cuales, ellas mismas, constatan grandes diferencias entre una región y otra.

La productividad laboral –el valor de bienes y servicios producidos por cada trabajador- sigue siendo superior al crecimiento de los salarios en los países desarrollados, incluso en los últimos años. Ello se refleja en el PIB del cual se destina una proporción cada vez menor al trabajo y mayor al capital. Ello configura una tendencia que muestra cómo los trabajadores y sus hogares están obteniendo una parte más pequeña del crecimiento económico, mientras que los propietarios del capital reciben mayores beneficios.

Como quiera que los salarios son la fuente principal de ingreso de los hogares en los países desarrollados, emergentes y en desarrollo por igual, sobre todo para los hogares de ingresos medios, es posible afirmar que en la mayoría de los países donde han aumentado las desigualdades, los descensos de los salarios y el empleo han sido factor dominante. Allí donde las disparidades de ingresos han disminuido, mayores salarios y oportunidades de empleo son los que han impulsado la reducción de la desigualdad.

“La desigualdad asesina la democracia – escribe Antón Costas, catedrático de economía de la Universidad de Barcelona- Debilita la influencia de los votos de los que tienen pocos recursos económicos y reduce la igualdad política”.

La OXFAM – una ONG fundada en 1042, donde convergen 17 organizaciones internacionales dedicadas al tema de la pobreza y desigualdad en el mundo- invita a considerar la situación de las mujeres en sociedades con mayor desigualdad económica, donde menos de ellas finalizan la educación superior, tienen menos representación en los órganos legislativos y se observa una mayor brecha salarial entre ambos sexos. Son las mujeres quienes más pierden cuando se debilita la legislación laboral –por ejemplo, con la eliminación de la baja por maternidad remunerada y el derecho a vacaciones- o con el deterioro de los servicios estatales, que incrementa aún más su carga de trabajo no remunerado. Y con las mujeres, los niños sufren mayormente el recorte de esos servicios.

Cada año, la encuesta Riesgos Mundiales del Foro Económico Mundial, concluye casi invariablemente en que las grandes diferencias de renta son una de las principales amenazas mundiales de nuestros tiempos. Y repercutirán tanto en países ricos como en pobres, afectando tanto a las personas ricas como a las pobres. Aunque sean los más pobres quienes más sufran, el conflicto es potencialmente nocivo para todos. Un ejemplo lo muestra la situación de hambre, inseguridad y desempleo en Venezuela la cual está expulsando a miles fuera del país, creando graves problemas de sostenibilidad a países vecinos.

Lo cierto es que la violencia del desempleo o empleos mal remunerados es plataforma firme para la desigualdad y ello atenta contra las esperanzas y aspiraciones legítimas de millones de personas pobres y excluidas. Las Encuestas Demográficas y de Salud alertan: “Si no se llevan a cabo intervenciones políticas en favor de las mayorías, la hemorragia de privilegios y desventajas perdurará durante generaciones”.

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