La emergencia sanitaria en Venezuela es proporcional a la maldad e ineficacia con la cual actúan los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro. No conformes con improvisar respuestas ante la crisis que desbordó al sector salud, también utilizan la represalia y la coerción como mecanismos para acallar las protestas de los enfermos crónicos y sus familiares. No les importa condición de salud alguna ni edad para actuar.
El cierre de la Oficina de Atención al Ciudadano que funcionaba desde agosto de 2017 en el Hospital de Niños “J. M. de los Ríos” de Caracas, brindando alojamiento y comida a las madres de infantes con tratamientos oncológicos y de otras enfermedades con las que son internados en este centro médico, se anota dentro de esa estrategia represiva.
Sin embargo, la decisión gubernamental, lejos de amilanar a las madres y a los mismos pacientes infantiles, ha originado varias protestas y el repudio general de la población, contando además con el apoyo del personal médico de este centro hospitalario.
El desalojo afecta a los pacientes
Ángela Reyes, de 40 años de edad, relató a Aleteia lo que significa para ella y varias progenitoras de escasos recursos económicos que vienen con sus niños para ser atendidos en el “J. M. de los Ríos”. Desde el 2 de enero, su hija Anyélica, de 15 años, ingresó al hospital por sufrir hidrocefalia congénita con síndrome de Dandy-Walker. Se trata de una anomalía que aparece en la infancia, caracterizada principalmente por alteraciones en el desarrollo del vérmix cerebeloso y dilación quística del cuarto ventrículo, lo cual genera agrandamiento de la fosa posterior uno de la cabeza.
“La anomalía fue adquirida cuando estaba en el tercer mes de gestación en la que sufrí una desnutrición crónica, y una infección en uno de mis riñones, lo que ocasionó la alteración en el cerebro de mi hija”, contó Ángela con marcada tristeza, y explicando que tiene además dos hijos y vive en un sector pobre de Caracas.
Lamentó que luego de cerrarse la oficina, “quedó pendiente la entrega de dos válvulas que requiere mi hija para vivir: una de presión media para controlar la hidrocefalia, y otra de presión baja para el quiste”. Además, “Anyélica requiere un tac de cráneo cada 15 días porque tiene un drenaje por la hidrocefalia y el quiste alojado en su cerebro”.
“Pero eso no es todo”, dijo la preocupada mujer. “Como consecuencia de esta espera de las válvulas prometidas, mi hija adquirió dos bacterias en la cabeza. Ahora requiere con urgencia de los medicamentos Vancomicina de 500 mg; Cefadrocilo de 500 mg y Bactrom de 500 mg, para evitar que avance la infección y comprometa más su vida”.
No obstante el cuadro personal que sufre, Ángela mostró preocupación y solidaridad con el grupo de madres que quedaron en la calle y sin comida “por culpa del gobierno que no le importa el sufrimiento de la gente, especialmente de los que menos tienen”.
“No podemos cumplir el rol del Estado”
Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Prepara Familia, abogada Katherine Martínez, también habló con Aleteia y protestó por la medida que atenta contra el derecho a la vida y a la protección de las progenitoras del interior del país que tienen a sus hijos hospitalizados en el J.M. de Los Ríos, al dejarlas en la calle por suspender la cancelación de las residencias y habitaciones de hoteles cercanos al centro hospitalario.
Dijo que la disposición oficial también suspende el pago de exámenes médicos de laboratorio, rayos X, resonancias magnéticas, cuyo gasto recaerá en las madres que en su gran mayoría son de escasos recursos económicos. Martínez se preguntó consternada cómo hará una madre pobre para pagar 64 millones de bolívares que es el costo de una resonancia magnética y otros estudios médicos, en esta Venezuela hiperinflacionaria.
“Ante esta problemática, un grupo de fundaciones y organizaciones no gubernamentales como Prepara Familia se han abocado a cubrir económicamente estos servicios médicos para ayudar a estas madres”, indicó. “A veces sentimos que no nos damos abasto ante tantas solicitudes que recibimos a diario, para atender esta emergencia humanitaria en la cual se encuentra nuestro país (…) No podemos cumplir el rol del Estado”.
Campaña de Recolección de comida e insumos
Martínez informó que el 21 de diciembre de 2017, Cecodap y Prepara Familia, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno de Nicolás Maduro dé respuestas claras y actúe en favor de la salud de los venezolanos, petición que fue respondida el 21 de febrero de 2018.
Destacó que la ONG realiza en estos momentos una campaña de recolección de alimentos no perecederos, ropa e insumos médicos para las madres y niños allí hospitalizados. Instó a las autoridades gubernamentales, entre ellas al ministro de salud, Luis López y al director del centro hospitalario, “que reanuden la comida para las madres, el pago de los alojamientos y los exámenes médicos lo más pronto posible”.
Hoy celebramos a...