Tras cinco días de protestas, cerca de 30 personas muertas y una buena dosis de brutalidad y represión, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió, el domingo 22 de abril revocar la controvertida reforma de seguridad social que desencadenó las manifestaciones. Se trata, según los analistas nicaragüenses, de la peor crisis social que ha enfrentado Ortega desde que regresó al poder en 2007, encabezando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Una reforma cuestionada
Con la decisión de echar para atrás la reforma, sin embargo, ni la violencia ha acabado ni las protestas han menguado. Este lunes las barricadas se mantenían en varios sitios de la capital, mientras que estudiantes de la Universidad Politécnica, Upoli, denunciaban que fuerzas antidisturbios los atacaron por la noche del domingo, cuando mantenían una vigilia en honor a sus compañeros muertos en las manifestaciones.
También el domingo las cámaras empresariales nicaragüenses emitieron un comunicado se unieron a las protestas de los jóvenes, encomiando su actitud de rebeldía, su sacrificio y su convicción para defender a los más vulnerables, quienes serían los principales afectados por la moción del 16 de abril pasado, cuando el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) reformó el sistema de pensiones para incrementar las contribuciones obreras y patronales “con el fin de darle estabilidad financiera al sistema de pensiones”.
Desde luego, las organizaciones empresariales están inconformes por el aumento de cuotas a un Instituto que se encuentra cada día con menos recursos para atender a la población.
El cardenal Brenes invitado por ambos lados
Los propios empresarios convocaron ayer lunes una multitudinaria marcha de protesta contra las políticas impulsadas por Ortega y contra la represión que está viviendo Nicaragua.
Y, tras las palabras del Papa Francisco el domingo en el Vaticano, exigiendo la vuelta a la normalidad en el país centroamericano, las organizaciones empresariales dejaron en manos del arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, y de la Conferencia del Episcopado Nicaragüense la responsabilidad de negociar con el gobierno de Ortega el establecimiento de las condiciones para la instalación de una mesa de diálogo.
El Gobierno, por su parte, ha invitado a negociar al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), para buscar solución a la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y también invitó al cardenal Brenes como garante del mismo.
Una agenda más amplia
Pero el Cosep y otras organizaciones empresariales condicionan su participación a que la negociación incluya a representantes de diversos sectores, entre ellos los estudiantes que han liderado las protestas de los últimos días contra la reforma a la seguridad social, también, que incluya una agenda amplia en la que además de la crisis del INSS se aborden otros temas de interés nacional.
El problema actual del INSS se refleja en su repentino deterioro financiero. Pasó de tener un superávit de 239.4 millones de córdobas en 2012 a un déficit de 801.6 millones de córdobas en 2016 (medido en córdobas constantes del 2006). Esto como resultado del incremento de sus gastos administrativos, prestaciones e inversiones.
Mientras los ingresos aumentaban en 3.2 veces en términos reales entre el 2002 y el 2016, los gastos en personal se incrementaron 4.1 veces y la compra de bienes y servicios creció 4.8 veces. Entre otras prestaciones, el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por el INSS enfrenta serios problemas de sostenibilidad financiera y los fondos de este importante instrumento llegarían a cero en el año 2027.
Escasez y angustia
Aunque todavía se desconoce la fórmula que utilizará el INSS para salvar el sistema de pensiones; al parecer la dirección del Instituto está sometiendo a los asegurados y jubilados a medidas de austeridad, entre éstas, el recorte de medicamentos en sus clínicas.
Con estos recortes en medicinas el INSS está poniendo en riesgo la salud de las personas con enfermedades crónicas. Los jubilados pasan a consulta, pero en las farmacias del Instituto no les entregan tratamientos completos o simplemente les dicen que “ya no se los darán más medicinas”.
El recorte es solamente una medida paliativa ante la crisis financiera que atraviesa el Seguro Social. Consideran que deben tomarse urgentemente acciones concretas que garanticen la sostenibilidad del INSS. Mientras tanto, la escasez de medicamentos se agudizó, lo que provocó la reforma a la ley que echó para atrás el gobierno de Ortega el fin de semana pasado.
Va para largo tiempo
Las protestas, convocadas por los estudiantes principalmente, y a la que ahora se han unido las cámaras empresariales, han convertido el intento de reforma en un serio desafío a la autoridad de Ortega, quien ha sido tres veces reelecto y que ahora ha dejado en manos de su esposa la posibilidad de perpetuarse en el poder.
Y han sido el pretexto para exigirle al gobierno del FSLN que saque las manos de la Asamblea Nacional, deje de formular leyes a su arbitrio, elimine la perpetuación en el poder de su familia, deje de manipular a la Corte, al Consejo Electoral y a las elecciones de alcaldes en todo en el territorio nicaragüense.
Para muchos observadores de la política interna, la fusión de estudiantes universitarios y cámaras empresariales es inédita en Nicaragua, lo que hace que las manifestaciones se conviertan en la más grave prueba del régimen orteguista. Es el levantamiento popular más grande desde el fin de la guerra civil –que llevó al sandinismo y a Ortega Saavedra al poder por vez primera—hace treinta años.
Hoy celebramos a...