Más de 4.600 campesinos de Norte de Santander, al nororiente de Colombia, abandonaron sus propiedades para refugiarse en centros urbanos y evitar el asedio de grupos guerrilleros que pretenden controlar el tráfico de estupefacientes en un amplio corredor de la frontera con Venezuela.
La ONU, a través de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ―OCHA― informó que los desplazamientos masivos e individuales se han producido en zonas rurales de Hacarí, San Calixto, Playa de Belén, Ocaña y otros municipios. Según comunicado de la OCHA, el éxodo comenzó el 14 de marzo cuando arreciaron los combates entre el Ejército de Liberación Nacional ―ELN― y el Ejército Popular de Liberación ―EPL― organizaciones insurgentes con las que el Gobierno no ha suscrito acuerdos de paz.
Para el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, no hay duda de que esta guerra que ha afectado a por lo menos 100.000 personas del Catatumbo, se debe a disputas por el comercio ilícito de estupefacientes. “Es un enfrentamiento entre el ELN y el EPL por el control de las rutas del narcotráfico […] No podemos desconocer que en esta zona hay sembradas más de 25.000 hectáreas de coca”, dijo el mandatario a los periodistas en Cúcuta, la capital de este departamento.
Esta confrontación se remonta a 2017 cuando ambos grupos empezaron a apoderarse de los territorios abandonados por las Farc luego de los acuerdos suscritos por esta guerrilla con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Según explicó a Aleteia el presidente de la Veeduría de Derechos Humanos Orden y Libertad, Diego Villamizar, el punto de quiebre entre dos guerrillas que por años se identificaron políticamente, se produjo a principios de marzo cuando el ELN ―que actualmente adelanta un accidentado proceso de paz con el Gobierno― respondió a la declaratoria de guerra lanzada por el EPL.
Para el Estado colombiano el Ejército Popular de Liberación no tiene estatus de guerrilla sino de delincuencia común. Tanto la inteligencia militar como la Fiscalía General, han dicho que la guerrilla del EPL desapareció en 1991 al firmar un acuerdo de paz con el Gobierno y que la organización de hoy se limita a un reducto disidente del que hacen parte Los Pelusos, un grupo que se asentó en el Catatumbo para dedicarse a cuidar los cultivos de coca y al tráfico de cocaína.
Llamado de la Iglesia
Desde el 14 de abril, cuando se decretó un ‘paro armado’ por parte del EPL, se han conocido numerosas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. De acuerdo con lo expresado por el activista Villamizar, además de los 4.633 desplazados reportados por la ONU, los habitantes de los once pueblos del Catatumbo tienen serias limitaciones de movilidad y no han podido adquirir alimentos básicos. Para atenuar el desabastecimiento se establecieron corredores humanitarios que permitieron el suministro de comida y medicinas y la atención médica a pobladores de Teorama, Hacarí, Convención, El Carmen y San Calixto.
A esta situación se suman cerca de 45.000 niños que no han podido ir a sus escuelas, cuatro mil indígenas de la etnia barí que están confinados en su territorio y las amenazas de muerte contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Asimismo, los periodistas locales han sido intimidados por guerrilleros de los dos bandos que les prohibieron emitir sus programas de radio y televisión para evitar que sus informaciones beneficien a los rivales. En algunos lugares también se les prohibió a los pobladores el uso de redes sociales, celulares, tabletas y computadores.
Ante este panorama, el obispo de la diócesis de Tibú, Óscar Sánchez Cubillos, pidió al ELN y al EPL que “eximan a las comunidades de las dinámicas de violencia, cumplan las normas del derecho internacional humanitario y respeten la vida e integridad de la población”. En una declaración divulgada por la Conferencia Episcopal, el prelado sostuvo que la crisis humanitaria del Catatumbo es muy grave porque además de las limitaciones físicas, el estado emocional de personas y comunidades vulnerables «repercute en la reactivación del silencio, alimentando las sensaciones de miedo y angustia».
A pesar del tenso clima social, monseñor Sánchez Cubillos anunció que las parroquias de su diócesis continuarán su tarea evangelizadora de acompañar con firmeza a las comunidades y organización sociales. De igual manera, invitó a las organismos humanitarias y de cooperación internacional para que sean garantes del respeto a los derechos humanos y apoyen con acciones psicosociales a la población civil.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, envió a Norte de Santander una comisión de alto nivel encabezada por el vicepresidente Óscar Naranjo, para que dialogue con la comunidad y trate de hallar una efectiva solución al bloqueo que padece la comunidad desde hace una semana.
Hoy celebramos a...