En un espíritu de Iglesia continental, obispos de El Salvador y de Estados Unidos han concluido en Washington una gira de trabajo para explicar a funcionarios de la Administración Federal y al Congreso lo que, seguramente, ya saben: la catástrofe humanitaria que ocurrirá cuando que se retire el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de 200,000 salvadoreños y sean deportados a su país.
En enero de este año, la Administración que encabeza Donald J. Trump dijo que iba a revocar el TPS para El Salvador. Este programa, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), consiste en dar protección temporal a ciudadanos de un país extranjero cuando las condiciones de su país les impidan regresar de manera segura.
El secretario de DHS designa un país para el TPS debido a las condiciones temporales por las que atraviesa, condiciones que incluyen un conflicto armado en curso (tal como una guerra civil), un desastre natural (tal como un terremoto o huracán), una epidemia y otras situaciones extraordinarias de carácter temporal.
Cierto es que en El Salvador las condiciones del 9 de marzo de 2001, cuando la Administración de George W. Bush otorgó a ciudadanos del país centroamericano la posibilidad de acogerse al TPS no son las mismas que ahora, pero también lo es que el regreso de 200,000 salvadoreños sigue siendo inseguro.
Solución desgarradora
En aquella ocasión El Salvador sufrió un devastador terremoto el 13 de enero de 2001 y experimentó dos terremotos más el 13 y el 17 de febrero de 2001. Con base en una revisión de datos, los Departamentos de Estado y Justicia, junto con el fiscal general, determinaron que, debido al desastre ambiental y una interrupción sustancial de las condiciones de vida causadas por los terremotos, El Salvador no podía, de manera temporal, manejar adecuadamente el retorno de sus ciudadanos.
Desde el 18 de enero de este año, cuando la Administración del presidente Trump anunció que revocaría la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, y que el programa terminará en definitiva el 9 de septiembre de 2019, las protestas han sido unánimes, empezando por la de los obispos estadounidenses, quienes han calificado la decisión como “desgarradora”.
La delegación que visitó Washington, fue encabezada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, presidente de Caritas El Salvador; el arzobispo José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador; William Irahera, obispo de Santiago de María y el obispo Elías Samuel Bolaños Avelar, vicepresidente de Caritas El Salvador. Con ellos fueron el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y el obispo auxiliar Mario Eduardo Dorsonville-Rodríguez de Washington.
El primer objetivo de este grupo de trabajo consistió, según lo expresado por sus componentes, en cumplir la promesa de la Iglesia católica, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, de solidarizarse con los beneficiarios de TPS, mientras todavía es posible influir en el Congreso estadounidense, de mayoría Republicana para buscar una solución permanente.
Vivir en el limbo
La visita ha buscado una solución a largo plazo para los salvadoreños beneficiarios de TPS que han vivido en Estados Unidos, se han integrado en las comunidades, tienen hijos que ya son ciudadanos estadounidenses, y necesitan protección. También, involucrar al Gobierno de Estados Unidos en programas serios de desarrollo y reintegración para El Salvador y para la región.
Lo que en el fondo está en juego no es la ampliación por un tiempo determinado del TPS a salvadoreños (o a los haitianos, los hondureños…), sino que el Congreso de Estados Unidos propicie un cambio legislativo para evitar el limbo jurídico en el que se encuentran los beneficiarios del Programa.
No son inmigrantes ilegales, pero tampoco son inmigrantes legales, porque tienen permisos de trabajo, no pueden ajustar su estado a la residencia permanente, y debido a eso, no pueden viajar”, dijo el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, a la revista Crux. Y añadió: “Si regresaran a su tierra natal para un funeral, por ejemplo, no podrían volver a los Estados Unidos. Esto se ha extendido por un par de décadas”.
Que vean por las personas
Por ello, el cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo que “si bien el TPS no va a continuar, queremos que los legisladores busquen una solución para legalizar a los salvadoreños que son parte de esta comunidad y contribuyen a la nación”.
Y el arzobispo José Luis Escobar Alas, durante un encuentro con la comunidad en la parroquia de San Camilo, en Silver Spring, Maryland, subrayó: “Estamos muy cerca de ustedes ante esta situación que se está dando tanto con el TPS como DACA, por eso es que queremos expresar nuestra preocupación ante el Congreso”.
En el diálogo con la comunidad en la Iglesia San Camilo, beneficiarios del TPS e indocumentados expresaron su ansiedad. Uno de ellos resumió los motivos de la lucha para que el Congreso modifique el Programa: “Tengo 13 años de no ver a mis hijas porque no puedo regresar a mi país. He pasado muchos problemas de salud y tengo coágulos en el cerebro. A mis hijas no les dan una visa para visitarme”.
Aparte de esto, El Salvador no podría recibir a 200,000 personas. Sería, para muchos de ellos, para la mayoría, una especie de velada sentencia de muerte.
Con información de Crux y El Tiempo Latino
Hoy celebramos a...