Por más que se cuente y describa, con pelos y señales, el sufrimiento de las madres cuyos hijos fueron a parar a El Dorado, nada se acercaría a la realidad. El Dorado, es una localidad venezolana, en el Municipio Sifontes, en el Estado Bolívar, al Este de este país sudamericano. Se encuentra ubicada justo donde confluyen los ríos Cuyuní y Yuruán. Fue fundada el 2 de marzo de 1894 por el general Domingo Antonio Sifontes.
Allí se encuentra un Centro Penitenciario de la Región Centro Oriental, conocido como El Dorado, ubicado en el estado Bolívar.
Hoy, es una temible prisión donde proliferan toda clase de delitos, perversiones, enfermedades y humillaciones, en medio del mayor aislamiento.
Muy cerca, estuvo preso –y logró fugarse- el francés Henri Charriere, apodado “Papillon” (Mariposa) por su famosa novela donde relata sus peripecias en la “Isla del Diablo”, ubicada en la Guayana Francesa, a donde fue a parar, condenado a treinta años por un crimen que no cometió. Huyó de la miseria y duras condiciones de vida en la zona. Tal fue el éxito del best seller que la historia fue llevada al cine, donde los personajes principales fueron interpretados por los actores Franklin J. Schaffner, Steve M Queen y, en el rol de Charriere, Dustin Hoffman.
A la prisión de El Dorado envió y confinó el régimen de Maduro a los estudiantes de la región Guayana detenidos por las últimas jornadas de protestas universitarias. Se trata de un Centro Penitenciario de la Región Centro Oriental, conocido como El Dorado, ubicado en el estado Bolívar. Un castigo y lugar absolutamente desproporcionados: no es delito protestar y no es sitio de reclusión para jóvenes estudiantes.
De acuerdo a informes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), constantemente hay denuncias como el sometimiento de los reclusos al maltrato físico por parte de los custodios del Ministerio para el Servicio Penitenciario y presuntamente un reo fue ajusticiado y enterrado dentro del penal. En aquella ocasión (2016), familiares de los presos indicaron a el OVP que en la mañana del 21 de julio se realizó una requisa por parte de los funcionarios del ministerio, quienes violaron la integridad física de los reos. Y aseguraron que en el penal al menos a 36 hombres se les han amputado los dedos de las manos, así como también hay varios heridos por armas de fuego.
“No es la primera vez que pasa, pero sí es la más fuerte. Los golpearon brutalmente, les rompieron la ropa, ya no les dan las comidas que les mandamos y tampoco nos dejan verlos. Los guardias ya tampoco saben nada desde que llegó este grupo” (los estudiantes), informó la vocera de un grupo de familiares que acudieron al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, para realizar la denuncia. La madre de uno de los prisioneros relató al OVP que a su hijo le amputaron una mano y también recibió un disparo en el fémur, sin conocer la razón.
A un año de las protestas de 2017, madres de expresos políticos recuerdan la agonía que pasaron al tener a sus hijos detenidos arbitrariamente y sin garantías de respeto a sus derechos humanos. Maltratados, juzgados por tribunales militares, enviados a la cárcel de El Dorado, enfermos de paludismo, forman parte de los casos de estudiantes que fueron privados de libertad por protestar: es otra de las aristas a la luz de los doce meses de aquellos días de gestas de calle pero, también, de las sombras que cayeron sobre muchas familias y sobre todo un país.
Un reportaje del diario independiente Correo del Caroní (Ciudad Guayana) , recoge el drama que vivieron las madres del grupo de estudiantes que pasaron por ese infierno. Como “el peor día de sus vidas” o “la experiencia más traumática” recuerdan las madres de esos jóvenes el momento en que sus hijos fueron detenidos, privados de libertad y, en algunos casos, enviados a una cárcel de alta peligrosidad como el centro penitenciario de El Dorado.
Karina Cuevas es madre de Sergio Guevara, uno de los 10 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertado (UPEL) en Maracay, juzgados ilegalmente por un tribunal militar, y recluidos en la cárcel de El Dorado.
“Eso significó para mí una tragedia de la cual nunca imaginé que viviría en este país que fue tan rico y bondadoso. Espero no vivirlo nunca más”, expresa. Para ella valió la pena la lucha de su hijo y el resto de los jóvenes, aunque admite que la idea no es sacrificarse, pero lo hacían por la convicción de lograr un cambio en el país, a la vez que “demostramos al mundo que estamos en desacuerdo con esto que vivimos”.
Considera que más que un aprendizaje, su vivencia fue una experiencia.
“De esto no se puede sacar nada bueno”, afirma, al tiempo que rectifica y asevera: “Aprendí que tengo más fuerza como madre y la valentía para luchar por mi hijo en el momento que sea”.
Adriana Padrón es madre de Kevin Rojas, también estudiante de la UPEL que fue recluido en El Dorado. Su caso es particular, pues es uno de los cuatro jóvenes de ese grupo que se contagió de paludismo estando privado de libertad. “Yo sentí orgullo por mi hijo porque él participó en las protestas por la libertad de Venezuela, quería el bien para el país (…) mi hijo aún me dice: ‘si tengo que volver a luchar por Venezuela, lo hago”..
La reflexión de las madres es coincidente: “No se lograron los objetivos, pero fue el caso más llamativo que hizo que mucha gente reflexionara. Antes eran más los ciegos que los que veían, y hoy hay mucha gente que ha cambiado de opinión y no apoyan al gobierno, que todavía está en el poder con trampas”, añade.
Patricia, madre de Roberto, apunta: “Mi hijo salió a luchar por lo que luchábamos todos. Primero éramos mi esposo y yo los que salíamos a las caravanas, marchas y concentraciones, Roberto no porque era menor de edad y no lo dejábamos, pero cuando cumplió los 18 decidió salir y pasó lo que tanto me temía. Siempre tuve ese temor, esa sensación de que se lo podían llevar preso”, confiesa.
“A mí me dio de todo cuando se lo llevaron, fue el peor día de mi vida, pero sí creo que valió la pena porque fuera del país vieron cómo nos maltrataban por querer una Venezuela libre”, destaca.
Pero si en algo coinciden Patricia, Adriana y Karina es en el agradecimiento para con la sociedad civil que los apoyó mientras sus hijos estuvieron presos. “Tuve bastante apoyo de la sociedad civil. Yo llevaba los desayunos y los almuerzos. Con un grupo nos organizábamos para preparar la comida y yo la llevaba, o me traían las cosas para yo prepararla, entre todas las madres nos ayudábamos. Convivía tanto con los muchachos que era la mamá de todos ellos”, recuerda Patricia con satisfacción.
Estas madres aún temen por sus hijos, pues su libertad fue condicionada a medidas cautelares, además de los temores por la misma crisis social en el país, por lo que reiteran en que se debe lograr el objetivo que estos muchachos iniciaron: un cambio de gobierno y retomar la democracia en Venezuela.
Hace un año salieron a protestar por un objetivo en común: el cambio de gobierno, y con ello, la libertad de Venezuela. A pesar de los meses de lucha y la cruda represión del régimen, no se logró, pero miles de jóvenes en todo el país fueron presos políticos. Aún quedan vaios tras las rejas. Muchos de ellos fueron juzgados ilegalmente por una jurisdicción militar. Hoy, dicen a sus madres: “Si me toca regresar a luchar en la calle por Venezuela, lo haremos”.
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Hoy celebramos a...