La VIII Cumbre de Las Américas reúne a los Estados miembros de la OEA para discutir sobre “Gobernabilidad Democrática y Corrupción” en cuyo desarrollo se da relevancia a la participación efectiva de los ciudadanos en los proyectos gubernamentales entendiendo que gobernabilidad implica nuevas formas de acción pública y de que su déficit proviene de la falta de confianza en las instituciones públicas y de la ausencia de cohesión social en su control.
La ONG Mujer y Ciudadanía –tal vez la más emblemática en la actualidad política y social venezolana, con ramificaciones por todo el continente americano- sostiene que “la gobernabilidad democrática debe promover políticas de igualdad de género y del acceso de las mujeres a las instancias que establezcan políticas públicas y de generación de instituciones que atiendan a las necesidades específicas de las mujeres, para lo que es preciso fomentar también la incorporación de un enfoque de género en todas las políticas de Estado y entre ellas con especial atención, las de la protección de la población femenina migrante. En efecto en el tratamiento de la migración es clave la promoción de la igualdad de género, la eliminación de la discriminación y la prevención y sanción de la violencia de género. Es imperativo tener presente en las políticas migratorias y en su ejecución la perspectiva de género”.
En esta línea de reflexión, plantean en concreto el tema de la migración forzada en Venezuela, en particular de las mujeres y como se vincula con la corrupción.
“El gran número de venezolanos que huye del país buscando aliviar la situación originada por las circunstancias imperantes en Venezuela –razonan- ha propiciado una red de corrupción en la trata de personas afectando los derechos humanos de la mujer venezolana. De ello da cuenta 2 el Observatorio Regional de Trata de Personas en América Latina, el cual advierte en su más reciente informe, inconsistencias en la data de organismos públicos, organizaciones sociales e internacionales que revela la ausencia de políticas de seguimiento y el desconocimiento en relación al creciente número de delitos de tráfico de personas en el territorio venezolano”.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela ha informado de la existencia de redes internacionales de explotación sexual y trata de blancas en los estados que limitan con Colombia y en Panamá, Curazao y República Dominicana que se dedican a captar a niñas venezolanas a partir de los 12 años de edad con el fin de llevárselas por vía terrestre hacia otros países del continente.
Igualmente, están los datos de la Asociación Civil venezolana Paz Activa y el Índice Global de Esclavitud de la Fundación Walk Freeda de 2016 Venezuela ocupa en el lugar 18 de 52 naciones con mayor población en condición de esclavos e indica que de las 198.900 víctimas venezolanas 70% son mujeres y 25% niños entre 7 y 14 años.
Mujer y Ciudadanía pide que “la trata de personas generada por la migración forzada de mujeres venezolanas debe ser tratada en esta VII Cumbre con base en el Protocolo para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada que considera este delito como delincuencia organizada, cuya impunidad por parte de las instituciones públicas afecta gravemente derechos fundamentales de las mujeres y niños”.
Advierten en esta VIII Cumbre de Las Américas respecto de Venezuela que las violaciones a derechos humanos, la violencia e inseguridad, la persecución por opiniones políticas así como la grave crisis alimentaria y sanitaria han impactado en especial a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación como niños, niñas, adolescentes y mujeres en su mayoría en situación de pobreza.
Solicitan a la VIII Cumbre de las Américas considerar con especial interés y dar un tratamiento especial al tema de la migración forzada de venezolanas, tomando en cuenta que las circunstancias planteadas exigen dar a las mujeres migrantes venezolanas protección internacional y asistencia humanitaria conforme la normativa internacional, ya que las hace más vulnerables a la explotación, la trata de personas la violencia el abuso sexual la discriminación y la xenofobia.
Piden a los Estados miembros de la OEA faciliten su acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiadas u otras alternativas de estadía legal que incluyen visas o permisos de residencia temporal así como otros programas de regularización que garanticen su acceso a los derechos básicos de salud educación unidad familiar libertad de movimiento albergue y el derecho al trabajo. Y sobre todo que se les permita el acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiada y que no sean deportadas o forzadas a retornar por su sola condición de mujer.
En ese orden de ideas han propuesta a la Cumbre:
_ Acoger en el sistema interamericano la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como marco de responsabilidad compartida y en conjunto con la comunidad internacional para la elaboración e implementación de políticas públicas leyes y prácticas dirigidas a abordar y prevenir la situación de la migración y necesidades de protección internacional de personas venezolanas
_ Establecer una legislación específica e instituciones especiales de prevención y sanción de trata de personas
_ Organizar en los países de origen de tránsito y/o de destino asociaciones de la promoción del derecho de la igualdad de género y de protección internacional de las mujeres migrantes forzadas.
_ Capacitar a la mujer en sus derechos migratorios en los países de origen en los países de tránsito en los países de destino y en los países de origen a su regreso.
_ Establecer defensorías públicas y privadas especializadas de mujeres migrantes.
_ Realizar alianzas con asociaciones no gubernamentales femeninas sobre la orientación y protección de mujeres migrantes.
_ Establecer en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos relatorías especiales para los casos de mujeres migrantes forzadas.
_ Prever promover y financiar instituciones de acogida y de asistencia de las mujeres migrantes.
_ Proponer a la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos que incluya la protección de los derechos de las mujeres migrantes forzadas como área programática prioritaria en los ejes temáticos de promoción de la igualdad de género y eliminación de la discriminación y de prevención y sanción de la violencia de género en el Plan Estratégico 2016-2026.
El documento está fechado en Lima el 13 de Abril 2018 , encabezadas las firmas por la Arqa. Aixa Armas Presidenta de Mujer y Ciudadanía a.c., y seguida de toda la directiva del movimiento y sus representantes en toda Venezuela además de sus Capítulos Asociados en Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Chile.
Hoy celebramos a...