Acudió a la cita en Colombia, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentó una vez más en el banquillo de los acusados al gobierno de Nicolás Maduro. De nuevo la razón es la emergencia humanitaria, que sigue cobrando vidas humanas con saldo inédito de niños y ancianos… Algo que no deja indiferente a la comunidad internacional, ahora afectada por el éxodo masivo de los venezolanos que huyen de la crisis.
Se trata de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), una institución que busca contribuir al cese de las situaciones que ya han causado “daños irreparables y pérdidas de vida” en la nación sudamericana, donde “cada día que pasa es un día más de consecuencias graves para la salud física y mental de la población venezolana”.
En diciembre, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a velar por el derecho a la salud acudieron a República Dominicana, donde entonces se sostenían reuniones de negociación política entre el gobierno y representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en un intento desesperado por resolver “las apremiantes necesidades en salud y nutrición de más de 4 millones de personas”.
Efectivamente, el organismo hizo una propuesta concreta con medidas urgentes para salvar vidas de forma inmediata, tras acusar algunas de las necesidades de salud “que afectan a los grupos más vulnerables de la población”.
Se planteó la implementación de los fondos de Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), que se encuentran en condiciones de proveer medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y diagnóstico de un amplio número de condiciones de salud, transmisibles y no transmisibles.
Sin embargo, la propuesta fue desechada por completo. Y detrás de esa decisión estuvieron razones políticas, similares a las que incidieron para negar la apertura de un canal humanitario, como con insistencia ha pedido la Iglesia Católica a través de su red social Cáritas.
Al respecto se pronunció Francisco Valencia, director de Codevida, quien en conversación con Aleteia, lamentó que el de Maduro sea un gobierno que “no toma ni tomará ninguna medida a favor de superar la crisis humanitaria, porque es un gobierno indolente”.
También buscan ayuda en México
Valencia conoce bien la situación que afrontan los trasplantados en el país, pues forma parte del grupo de más de 4 millones de afectados por la literal desaparición de los inmunosupresores en la nación, apenas una arista del iceberg que a diario cobra la vida de pacientes seropositivos, algunos de los cuales han acudido a México en busca de ayuda.
Por esa razón, visitó Bogotá (Colombia), junto a un significativo grupo de instituciones civiles sin fines de lucro. Allí escucharon sus planteamientos, en la búsqueda de soluciones urgentes a una crisis, que también ha generado colapso en las zonas fronterizas debido al masivo flujo de venezolanos.
“Nuestro planteamiento fue sustentado y con propuestas que permiten su implementación inmediata. Apostamos por lo más rápido y sencillo, pero de todas formas fue descartado”, lamentó en la víspera el también activista de Derechos Humanos durante la presentación del informe anual del Amnistía Internacional, al que acudió Aleteia.
“¡La verdad es que tú no puedes negociar con la vida de la gente!”, dijo Valencia e alusión a las muertes que se pueden evitar, y recordó casos concretos de venezolanos cuyos órganos siguen presentando rechazo; así como daños irreparables, al punto de costarles la vida.
En este marco, urgió a la comunidad internacional a que se establezca un equipo interdisciplinario con la participación de los entes del gobierno venezolano, representación del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y médicos del país, que en conjunto con voceros de diversas ONG afectadas trabajen en el desarrollo de propuestas.
Aunque la sugerencia fue negada por el gobierno de Nicolás Maduro, Valencia insiste en pedir ayuda a otras naciones, considerando que en los acercamientos diplomáticos que han mantenido con altos funcionarios de países ideológicamente afines al oficialismo venezolano, han mostrado preocupación por la crisis e interés en ayudar, con el fin de salvaguardar el fundamental derecho a la vida.
“Venezuela no tiene capacidad ni intención de ayudar”
Esta semana, el relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren, denunció que el gobierno no tiene la capacidad para atender la crisis que vive el país, ni voluntad para hacerlo. Por esta razón, decidió no solamente exhortar sino “exigirle” aceptar la “ayuda humanitaria que se ofrece, porque es claro que no puede atender su deber y garantizar la protección de los derechos fundamentales”.
El funcionario recordó además que no se trata de tema ideológico, por cuanto “está de por medio la vida de las personas”. En este marco, la respuesta oficial vino en la voz de Larry Devoe, quien argumentó que “la crisis es una consecuencia de las sanciones económicas de países como Estados Unidos”.
Algo ilógico si se toma en cuenta que la crisis existía antes de la aplicación de las medidas, y que se trata de acciones quirúrgicas, toda vez que están dirigidas de forma exclusiva a altos funcionarios, y no al país en general.
No obstante, el representante venezolano admitió la “dificultad para el acceso de medicamento”, que en conversación con Aleteia ha cifrado por encima del 92% -e incluso sobre el 96% en el Distrito Capital, centro de Venezuela- la institución social Convite, una de las ONG que también participó en la edición número 167 de sesiones de la CIDH.
La situación es apremiante y reclama la mirada atenta del planeta, que insiste en unir esfuerzos para detener las muertes y la migración de la sufrida población venezolana.
Hoy celebramos a...