La Fundación CERMI Mujeres acaba de denunciar la esterilización forzosa a personas con discapacidad en España. Ana Peláez, vicepresidenta de CERMI denunció que esta práctica se realiza legalmente en España con la participación de algunos profesionales sanitarios y responsables de instituciones para discapacidad mental e intelectual.
En su informe explican que en la última década se habría esterilizado a un millar de personas con discapacidad, una media de un centenar al año. Desde CERMI denuncian que no se de voz ni visibilidad al problema, como por ejemplo sí ocurre con la mutilación genital femenina, donde, explican, “existe afortunadamente una tolerancia cero”.
Consideran la esterilización forzosa como “un ataque a los plenos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad”.
La Fundación CERMI ha explicado que “la esterilización forzada se ejerce, casi de oficio, después del primer alumbramiento de mujeres y niñas con discapacidad. Esta práctica incide en el desarrollo fisiológico de la mujer en términos de menstruación, crecimiento y deseo sexual. Esto supone un daño en la identidad personal de la mujer, niega su derecho a la maternidad y facilita la explotación sexual, aunque sus defensores aseguren lo contrario”.
Según la vicepresidenta de CERMI Ana Peláez en caso de discapacidad mental o intelectual, cuando no física, “la esterilización debe ser entendida como una forma de eugenesia. Algo en lo que incurrieron también de programas progresistas en los años 90 del siglo pasado.”
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