El “Caracazo” fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que tuvo sus inicios el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas. Todo comenzó con un incontenible movimiento popular en rechazo a duras medidas económicas impuestas por el gobierno y que creció tras encendidas protestas.
Una debilitada economía venezolana que acumulaba deudas e inéditos índices de inflación y escasez fueron el caldo de cultivo para la reacción ciudadana, la cual había cifrado sus esperanzas de cambio con la elección en 1988 de Andrés Pérez como su mandatario nacional.
Pero a tan sólo dos semanas de mandato, el presidente asumía un “paquete” de medidas macroeconómicas establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una de las de mayor impacto en la población fue la liberación de precios.
Las medidas incluían el aumento de las tarifas de servicios públicos: agua, teléfono, electricidad y gas doméstico; así como el incremento de tarifas en el transporte (30%) y en el precio de la gasolina (100%), algo que se convirtió rápidamente en detonante del malestar general de la población, que acabó por reaccionar de manera muy violenta.
El paquete económico generó reacciones inmediatas, pero no las esperadas: la economía criolla se terminó de desplomar, se presentaron altos niveles de inflación y desempleo; además, la liberación de precios frenó el mercado de productos, que se sumó al acaparamiento.
Muchas empresas y comercios cerraron sus puertas elevando el número de desempleados, el precio de rubros como el pan se disparó, en algunos casos más del doble. El 26 de febrero de 1989 se decretaba el aumento de la tarifa de transporte público, mientras las organizaciones de transporte exigían un incremento del 100%, que se hizo efectivo en menos de 24 horas.
El 27 de febrero vino el estallido. A tempranas horas de la mañana de aquel día, decenas de pasajeros se concentraron desde la avenida Lecuna hasta la avenida Bolívar para protestar contra las nuevas tarifas del pasaje, el cual pasó de 6 a 18 bolívares, un monto aún mayor del oficialmente aprobado. Con el correr de las horas, los ánimos se caldearon. Los establecimientos comerciales bajaron santamarías y surgió una ola cada vez más intensa de saqueos y unidades de transporte quemadas.
Mientras, los medios transmitían la realidad de lo que ocurría. Las protestas se extendieron como pólvora hacia otras ciudades principales, replicándose en La Guaira, Maracay y Valencia, donde se vieron acciones como las de Barquisimeto, Mérida, Maracaibo y San Cristóbal.
El culmen llegó en horas de la madrugada del 28 de febrero de 1989, cuando se intensificó la ola de saqueos. Al punto que el entonces ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, anunciaba la suspensión de garantías constitucionales.
La medida fue contundente: quedaron suspendidos el derecho a la libertad y seguridad personal, el libre tránsito, la libertad de expresión, e incluso la inviolabilidad del hogar doméstico. Las reuniones en público tampoco estaban permitidas y el derecho a manifestar pacíficamente se mantuvo congelado durante 10 días.
El inicio oficial de aquel “toque de queda” trajo como consecuencia uno de los episodios más dantescos de toda la historia venezolana. Las Fuerzas Armadas Nacionales, la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana mostraron una inédita represión sangrienta que culminó el 8 de marzo con una imprecisa cifra de abusos, excesos y muertos.
De acuerdo con los anuncios oficiales, durante los hechos del 27 y 28 de febrero se arrebataron al menos 300 vidas humanas, aunque instituciones no gubernamentales afirman que el monto supera las 3.000; eso sin contar el elevado número de desapariciones forzosas.
Algunos de los hechos más relevantes que reseña la prensa es el hallazgo en el Cementerio General del Sur de fosas comunes, como una denominada “La Peste”, donde aparecieron 68 “cuerpos sin identificar” que nunca fueron incluidos en la lista oficial.
Justo después de los hechos, publicaba la prestigiosa revista SIC de la comunidad jesuita en Venezuela su Editorial: “Gloria al Bravo Pueblo” (título del himno nacional), con palabras que incluían, amén de la denuncia, no pocos retos:
“Al “resignado” discurso de las élites sobre el paquete económico como el único camino posible para reestructurar la economía venezolana, el pueblo opuso su resistencia. A la violencia irracional que se ejerce sobre el pueblo con la excusa de los ajustes económicos ‘necesarios’ (…) la gente reaccionó con una explosión social cuya violencia fue también irracional.
La inexistencia de una red de organizaciones sociales autónomas es una de las mayores limitaciones del sistema político venezolano y una de las más fuertes razones para decir que el adjetivo de ‘democrático’ le queda grande…
Por tanto, para que el 27 de febrero de 1989 no quede como una jornada sólo para ser recordada en las crónicas políticas, el reto que se nos presenta a los venezolanos es la organización popular”.
Precisamente, a raíz de estos hechos y en respuesta al desafío, nació la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, un órgano de excepcional importancia en el país que lleva adelante enorme cantidad de casos hacia instancias internacionales en cooperación con otros organismos, en procura de lograr su objetivo común de impulsar la garantía de los derechos humanos, así como su defensa, protección y salvaguarda.
Debido a su complejo accionar en medio de regímenes autoritarios, es poco lo que se difunde con respecto a los logros obtenidos y los casos puntuales en los que brinda atención. Sin embargo, es una respuesta acertada como ONG de la Iglesia Católica surgida en 1989 tras la grave coyuntura vivida a propósito de la explosión social del “Caracazo”.
Frente a la situación progresiva de violación de DDHH y de amenaza al ejercicio democrático de los derechos civiles, la Iglesia en Venezuela busca soluciones y trabaja en la -silenciosa pero efectiva- formación ciudadana. No en vano decía la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Santo Domingo, que “toda violación a los DDHH contradice el plan de Dios y es pecado”.
Hoy en día, desde la Vicaría de Caracas se adelanta la investigación y “defensa de defensores” en cooperación con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos; así como en la implementación de observatorios de violación a las garantías de trabajo de los defensores, en cooperación con la Embajada de Canadá.
La Iglesia promueve una cultura ciudadana de derecho que sirve para prevenir situaciones de violación de los derechos ciudadanos, e invierte en la investigación y defensa de la violación del derecho a la vida, tanto por excesos y como por defecto de parte del Estado venezolano.
Sus objetivos incluyen la promoción de una ciudadanía organizada que, “conociendo y reconociendo sus derechos y aprendiendo procedimientos jurídicos y extrajurídicos para hacerlos valer, tenga fortaleza para hacerlos exigibles”.
De este modo, la Iglesia asume, con la participación de gran número de activistas y voluntarios, casos emblemáticos cuya solución contribuya a generar precedentes. Un punto positivo que alimenta la esperanza, tras un hecho histórico cuyo derramamiento de sangre jamás debería repetirse.
Hoy celebramos a...