Venezuela, Bolivia y ahora Australia. Tres países distintos, con realidades diferentes, enfrentan proyectos de ley –o leyes ya en vigencia- destinados a controlar y limitar el ejercicio de la libre expresión y el disfrute de las libertades religiosas.
Hoy, el mundo es más sofisticado en materia de sojuzgar, lo que en manera alguna significa más civilizado. Hoy hay más controles y condenas a las pretensiones de constreñir las voluntades, pero hay igualmente más inventiva y creatividad para burlarlos. Hoy, ya las dictaduras no se instalan derribando portones con tanques y metralletas, llegan por elecciones democráticas pero su desempeño es despótico, en algunos casos, rayando en lo delictivo. De hecho, no hace falta un decreto de fuerza, simplemente se aprueba una ley que legitima la arbitrariedad.
En el caso de Venezuela, la llamada Ley contra el Odio -en plena vigencia- ya cobra sus primeras víctimas: se trata de cinco ciudadanos que, presuntamente, increparon a un comunicador oficialista y ahora deberán dictar charlas sobre dicha normativa, todo ello a pesar de que un video dejó claro que el comunicador chavista inició el modo violento de una discusión que surgió tras las increpaciones en su contra.
El escrache es una acción intimidatoria y voluntaria que realizan los ciudadanos contra personas del ámbito político, que consiste en dar difusión en cualquier lugar público donde se las identifique, a los abusos cometidos durante su gestión.
“Una definición y un ámbito genéricos con unas sanciones brutales”. Así puede resumirse la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, sancionada por la asamblea nacional constituyente (ANC) en noviembre pasado, un documento de apenas 25 artículos, que no ocupan más de 4 páginas de la Gaceta Oficial, pero que para los activistas en derechos humanos abre las puertas para la persecución de la disidencia política y lo que podría ser peor, incluso, la inhibición y la autocensura de ciudadanos y medios de comunicación, lo que constituye una sociedad del miedo.
En la Bolivia del presidente Evo Morales se ha inventado una nueva figura penal: el “apostolado delictivo” con el que podría encarcelar a obispos católicos o pastores evangélicos por predicar. Así lo dice el artículo 88.11 del nuevo Código Penal. El talante particular de gobernar puede explicar el ataque que para la libertad religiosa (consagrada en la Constitución de Bolivia –art. 4-) supone el artículo 88.11 del nuevo Código Penal, que establece penas de cárcel de 7 a 12 años para quienes hagan apostolado a organizaciones religiosas o de culto.
El artículo dice textualmente: “Será sancionado con prisión de siete (7) a doce (12) años y reparación económica la que persona que por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto”. Semejante redacción pone al mismo nivel el reclutamiento de gente para conflictos armados (¿terroristas?) con el apostolado religioso, lo cual es inaceptable y supone un atropello contra la libertad religiosa. Pero, además, la amenaza de cárcel supone que en Bolivia no se podrá predicar el Evangelio. Las homilías y sermones de sacerdotes y pastores podrían interpretarse como “apostolado delictivo”.
El domingo 21 de enero, después de que las Iglesias de todo el mundo se unieran en oración por la libertad religiosa en Bolivia y de reacciones en cadena condenando el exabrupto, Morales anunció que derogaría el código penal que impedía evangelizar, retrocediendo en sus propósitos “para no dar argumentos a la derecha que viene incentivando protestas”. No hace falta decir que no se debe bajar la guardia. Allí están la intencionalidad y los artículos redactados que podrían ser desempolvados en cualquier momento.
Hoy, nos llega la noticia desde Australia: preparan una ley Antiespionaje que podría considerar a los católicos como agentes extranjeros. El país estaría buscando defenderse de terceros países que intentan infiltrarse y condicionar la política interna y para ello están preparando una ley antiespionaje la cual, sin embargo, podría afectar muy negativamente a los católicos, al relacionarlos directamente con un país extranjero, en este caso el Vaticano.
La normativa, que se debate en el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento, busca obligar a registrarse ante el gobierno a todo aquel que actúe en nombre de potencias extranjeras, de manera directa o indirecta, y de no hacerlo así podría enfrentarse a cargos criminales. Contempla exenciones por religión pero esta no protegería a sacerdotes y monjas católicos. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Australiana asegura que “se basa en la creencia incorrecta de que la Iglesia Católica en Australia actúa en nombre de un gobierno extranjero, es decir, el Estado de la Ciudad del Vaticano”.
Todo esto forma parte de una avanzada del autoritarismo, de la feroz campaña contra las religiones que prospera en muchos países? No está determinado. Pero lo aconsejable es no bajar la guardia, preparar respuestas tempranas y despertar las conciencias del mundo libre. La amenaza no duerme y vive agazapada en la indiferencia.
Hoy celebramos a...