¿Habrá tiempo, aún, para la conciliación y la paz?Los ojos de todo el continente –y de buena parte del mundo—están puestos (y con razón) en la crisis política, económica y humanitaria por la que atraviesa Venezuela. Pero un poco más al norte, en Centroamérica, la República de Honduras también pende de un hilo, mismo que se puede romper el próximo 27 de enero.
Ese día se tiene previsto que el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inaugure su segundo período presidencial en medio de cientos de impugnaciones sobre su triunfo en las elecciones del pasado mes de noviembre de 2017. Y la bomba de la insurrección popular puede estallar en cualquier momento.
Los partidarios del candidato presidencial opositor (quien ha dicho que él triunfó en las elecciones), Salvador Nasralla, se han enfrentado duramente con la policía militar en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y en diversos puntos del interior del país centroamericano.
Ojo al 27 de enero próximo
Ni Nasralla ni sus seguidores, incluso muchos que no votaron por él, reconocen la victoria de Hernández. El proceso electoral, tanto como el conteo de los votos, estuvo plagado de irregularidades y si el presidente toma posesión el próximo 27 de enero, muchos analistas auguran, por lo menos, cuatro años de protestas, barricadas, levantamientos y desobediencia civil.
La violencia no será nueva. Desde fines de noviembre a la fecha, ya han muerto 34 personas en los enfrentamientos contra la policía militar hondureña, y un número no determinado, pero sí muy abultado de ciudadanos han sido detenidos por los mandos policiacos.
Una de las principales figuras que encabeza la protesta ha sido el sacerdotes jesuita Ismael Moreno, mejor conocido como el padre Melo, quien ha dicho que al renovar su mandato Hernández, “la sociedad hondureña enfrentará su peor escenario: un gobierno plagado del estigma del fraude”.
En un comunicado dirigido al gobierno de Estados Unidos, quien ya ha reconocido el triunfo de Hernández, el padre Melo advierte que “el gobierno no tendrá la capacidad de adoptar políticas públicas ya que las personas lo considerarán ilegítimo y surgirá desobediencia civil, seguido de derramamiento de sangre”.
El tema de temas: la legitimidad del gobierno
Y no solamente son los ciudadanos hondureños, la oposición o activistas los que han señalado que las elecciones no fueron legales. La misma secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante un comunicado hecho público el pasado 17 de diciembre dijo, textualmente, que “no puede garantizar el resultado de las elecciones del 26 de noviembre”.
El tema de debate es la legitimidad del gobierno de Hernández. Al ser tan cuestionada su conducta, la de su partido político y la de las autoridades electorales, el temor de los hondureños es que se quiera “ganar” esa legitimidad mediante el uso extremo de la fuerza.
Un dato importante para aquilatar la anterior posibilidad, es el que dio a conocer el Fondo Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH): de 2010 a 2016, el presupuesto para las fuerzas de seguridad aumentó 161 por ciento, mientras que en ese mimos período, 36 por ciento de los hogares hondureños entraron en la pobreza.
Fuerzas de seguridad bien pertrechadas y pobreza extrema, podrían ser el cóctel molotov que desatara la violencia tras la toma de posesión, por segunda vez como presidente de Honduras, de Juan Orlando Hernández (quien está en posiciones de gobierno importantes desde 2009, y de 2014 a 2018, ha sido presidente del país).
¿Habrá tiempo, aún, para la conciliación y la paz?
La Conferencia Episcopal de Honduras ha llamado, constantemente, a convertir esta crisis “en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, fortalezca con la ley sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población”.
Para ello, piensan y dicen los prelados hondureños “será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores de la sociedad”.
A medida que se acerca el 27 de enero, las posturas lejos de encontrarse, pareciera ser que se alejan más y más. Una ciudadanía expectante y atemorizada espera un último gran gesto de los políticos. La Iglesia católica también lo espera así.
