La región se ha convertido en un verdadero abismo para los defensores de los derechos humanos: al menos 173 mujeres y hombres fueron asesinados en América Latina en 2017 según el reciente Informe anual de Defensores de Derechos Humanos en Riesgo, que publica la organización Front Line Defenders, cuya sede se encuentra en Dublin (Irlanda).
En 27 países del mundo, según este Informe, fueron asesinados 312 defensores de derechos humanos en 2017. Front Line Defenders señala que del total de activistas asesinados, más de dos tercios, es decir 67 por ciento, eran personas que defendían la tierra y medio ambiente, defensores de los derechos de los pueblos indígenas, siempre en torno al contexto de los mega proyectos, industrias extractivas y grandes negocios.
El nivel de impunidad es insultante: de los casos denunciados, solamente 12 por ciento de los sospechosos de asesinato han sido arrestados. El mayor porcentaje de los hechos de violencia a los defensores de los derechos humanos permanecen en la impunidad, particularmente de los defensores ambientales.
Lo más terrible de todo esto es que en 84 por ciento de los casos de asesinato, la víctima había recibido amenazas previas, lo cual habla del contubernio criminal que en 8 de cada 10 casos puede presumirse entre los intereses del capital y las autoridades locales (que no hicieron nada para proteger a los amenazados).
“Los asesinatos casi siempre ocurren después de una serie o siguiendo un patrón de amenazas, lo que indica que si la policía tomara medidas preventivas y las autoridades tomaran en serio las amenazas contra los defensores, los asesinatos de defensores de los derechos humanos podrían reducirse drásticamente”, dijo en la presentación del Informe el director ejecutivo de Front Line Defenders, Andrew Anderson.
Derecho a la tierra, al medio ambiente de los pueblos originarios
Desde luego, como sucede en muchos otros asuntos criminales, las mujeres han sido el blanco principal de los asesinos y de los provocadores. Violaciones, hostigamiento sexual, ataques con ácidos, amenazas contra hijas e hijos de las activistas y asesinatos, se producen en todos los rincones del mundo, pero, especialmente en América Latina (el rociamiento de ácidos es en el sureste de Asia), principalmente en El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, Perú, y Honduras. Entre los derechos de las y los activistas asesinados en 2017 se encuentran la defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.
“Muchas veces, la violencia contra las personas que defienden una causa se da durante la implementación de mega proyectos, aunque como un ejemplo inspirador se menciona la aprobación de una ley en El Salvador que prohíbe las empresas mineras en todo el territorio nacional”, dice la asociación católica de prensa SIGNIS al dar a conocer este amplio reporte de Front Line Defenders.
Y agrega que una estrategia común para acallar a las y los activistas fue la criminalización, interponiendo en su contra procesos legales infundados, en la mayoría de las ocasiones acompañadas por campañas difamatorias cuyo objetivo es alejar a las activistas de la población en general y del grupo de personas cuyos derechos están defendiendo, retratándoles como “enemigos del Estado” y desviando la atención de las deficiencias del propio Estado.
Finalmente, destacar un foco rojo que este año podría ser determinante en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Según el organismo defensor de los activistas a nivel internacional, durante los procesos electorales se produce un incremento de ataques contra defensoras y defensores de los derechos humanos.
Esta característica debe resaltarse porque en 2018 Brasil, Colombia y México, los países con mayor número de asesinatos de defensores, estarán inmersos en la organización y ejecución de complicados procesos electorales.
Hoy celebramos a...