Hace poco más de un mes, Nicaragua vive en vilo. El pasado 12 de noviembre, el Ejército nicaragüense masacró en la comunidad de San Pablo 22, en la Cruz de Río Grande (Caribe sur), a seis personas, entre ellas dos menores de edad.
La madre de éstos, Elea Valle, la Iglesia católica (sobre todo a través del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez y del cardenal Brenes), y buena parte de la sociedad de este país centroamericano, piden al gobierno que encabeza Daniel Ortega, tan solo, “una respuesta creíble”.
Y es que sucede que a los dos menores asesinados –Francisco Alexander Pérez Valle, de 12 años, y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 16—se les ha calificado de “delincuentes” y, para ocultar seguramente la posibilidad de identificar cómo y por qué fueron ultimados por el ejército, se les enterró en una fosa común, lo cual hará enormemente complicado recuperar sus cadáveres.
“La comunidad me dijo que (el Ejército) se los había entregado a los pastores y a los delegados (de la Palabra de Dios) y si acaso iba a llegar la familia (de los muertos), que los llamaran para que llegaran a verlos, que los iban a enterrar. Entonces (los de la comunidad) les preguntaron (a los del Ejército) que si daban permiso de hacer ataúd (y los militares) dijeron que no, que así los enterraran en un solo hoyo”, declaró Valle al periódico La Prensa.
Rechazo a la versión oficial
Por su parte el obispo Báez dijo algo fundamental durante la homilía de Misa en la catedral de Managua el fin de semana pasado: y que está en la mente de miles de nicaragüenses: “en este momento es necesaria una respuesta creíble por respeto a la dignidad de los fallecidos y a las lágrimas de la madre (…) “una explicación creíble le haría bien a la sociedad, le haría bien al Ejército y a la Policía porque recuperarían su credibilidad y mantendrían su dignidad. Además, le haría bien a la sociedad para poder construir relaciones pacíficas y de serenidad”.
En una denuncia pública desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Valle, había rechazado la versión oficial del Ejército de Nicaragua de que los muertos eran “elementos delincuenciales”. A su vez, denunció la saña con que sus hijos fueron asesinados, demandó la entrega de los cuerpos de sus vástagos y que cese la persecución contra ella.
Y aseguró: “la comunidad pide que ya no se siga eso (la violencia en las montañas), que le digan al señor don Daniel Ortega, que es asesino podemos decir así, que manda a matar a la gente de las montañas”.
La madre de los menores Pérez Valle dijo, además, que tanto a sus menores como a los otros cuatro fallecidos, les “sembraron” paquetes de marihuana “para decir que se trataba de delincuentes y que por eso fueron denunciados por miembros de la comunidad”. Un día después de los hechos el jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, aseguró que a los fallecidos les incautaron unos 10 kilos de marihuana.
Todos a defender la vida
“No acepto que la Policía los llamen delincuentes. No estoy de acuerdo que dicen que son seis delincuentes, mis niños no eran ladrones, ni asesinos ni violadores para que queden como delincuentes. Eso ni un momento voy a aceptar”, aseguró categóricamente Valle.
Según la especialista en temas de Seguridad, Elvira Cuadra, el hecho de que la Policía no diferencie a los menores del resto significa que la Policía persiste en juzgar anticipadamente a las personas asesinadas, violan el principio constitucional de presunción de inocencia y muestran una enorme insensibilidad respecto a la adolescente y niño, sostuvo en una entrevista al periódico La Prensa.
Por su parte, el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, lamentó que se sigan cometiendo crímenes en Nicaragua. “Como pastor lamento que se puedan dar estos casos en instituciones o a manera personal (…) ojalá que podamos todos luchar y defender la vida y que así no sigan pereciendo personas”.
Brenes invitó a los nicaragüenses a que “en esta Navidad nos preparemos a celebrar al Dios de la vida, pues Cristo ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia”. Dijo que “Él es la luz y viene a iluminar cuando hay tinieblas en nuestro corazón y es hermoso que nos dejemos iluminar cuando hay tinieblas en nuestro corazón”.
Su esposo era “rearmado”
La circunstancia que derivó en la matanza tiene que ver con que el esposo de Elea, Francisco Pérez Dávila, a quien conocían como «El Charrito», tenía tiempo en la montaña.
Según Elea, su esposo se había levantado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega y tenía dos años sin verlo. Por eso, fue que los niños estaban con su padre el día de la emboscada. “Fueron a ver a su papá ellos (los niños). Tenían como dos años de no verlo. Ellos no andaban armados, si eran unos niños”.
Según informa el portal nicaragüense Artículo 66, Francisco Pérez era parte del grupo de rearmados que estaba bajo las órdenes de su hermano Rafael Pérez Dávila, «comandante Colocho». Antes, el grupo armado había estado liderado por Enrique Aguinaga, a quien conocían como «Comandante Invisible», asesinado por el Ejército el 30 de abril de 2016.
De igual manera, la madre de los dos adolescentes asesinados, negó que su compañero fuera un «delincuente», como aseguran las autoridades, y desmintió que los productores de la zona hicieran denuncias sobre robos y otros crímenes. Elea sostiene que Francisco “andaba huyendo de las autoridades porque querían matarlo”.
Hoy celebramos a...