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Más de 4 millones venezolanos en serias dificultades para obtener medicamentos

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Carlos Zapata - Aleteia Venezuela - publicado el 11/12/17

Cada vez son más las instituciones que apelan a la comunidad internacional para activar mecanismos de cooperación que detengan las muertes

Las ayudas son insuficientes, tanto como los medicamentos que no terminan de aparecer en los anaqueles, lo que se traduce en pérdida de vidas humanas. Lo afirma la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CodeVida), tras emitir un comunicado en el que establecen ‘Hora Cero’ a la mesa de diálogo para dar respuesta a propuestas técnicas para salvar vidas en Venezuela.

En entrevista exclusiva con Aleteia, el director de la institución, Francisco Valencia, quien además es paciente trasplantado, lamentó el pronunciamiento de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que negaron la existencia de una emergencia humanitaria. Al respecto, dijo que “son declaraciones desafortunadas e irresponsables ante la situación que se está viviendo en Venezuela en materia de medicamentos, la situación hospitalaria y la falta de insumos médico-quirúrgicos en el país”.

Sostuvo que “el gobierno solo no puede afrontar el tema de la emergencia humanitaria” y una demostración de ello es que “no lo ha podido hacer en estos últimos años. Para empezar, tiene una deuda con el sector farmacéutico y la industria de salud que asciende a los 5 mil millones de dólares. Esto indica que ninguna empresa del sector va a darle crédito al gobierno. De hecho, ya están suspendidos todos los créditos”.

Ustedes hicieron planteamientos concretos a la mesa de diálogo que se estableció en República Dominicana. ¿Qué esperan lograr?

-Lo que está buscando es conseguir el apoyo de organismos de cooperación internacional a través de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), como lo son el fondo de emergencia y el fondo rotatorio.

Se tiene que buscar un mecanismo de cooperación internacional. Son mecanismos idóneos para el caso venezolano.

El planteamiento coincide con la petición de Cáritas, que ha advertido la dificultad de atender a toda la población vulnerable sin la intervención del Estado y la cooperación internacional.

-Nosotros en un año hemos podido aportar ayuda a más de 20.000 personas con medicamentos. Eso ni siquiera es un porcentaje significativo (con respecto) a lo que se está viviendo. ¡Tenemos que ser realistas! Programas como el de Cáritas y el de Ayuda solidaria, que lleva adelante CodeVida, llegan a un mínimo porcentaje de la población que no es suficiente y a un mínimo en el universo que lo necesita.

¿De qué tamaño es ese universo de afectados?

-Más de 4 millones de personas están viviendo serias dificultades para adquirir medicamentos. No puedes garantizar atacar los problemas del interior del país cuando hay una restricción (del Estado) en el manejo, distribución y envío (de medicinas).

Por eso, apuntan a los fondos para atención de: “Emergencia hospitalaria en los hospitales. Nos enviarían kits para atender a 10 mil personas (por hospital) en un período de tres meses. Dependiendo de la fluidez del hospital, como el Universitario de Caracas, que tiene una fluidez de 20 mil personas mensuales. Ese necesitaría mucho más kits para poder complementar la ayuda”.

Usted es trasplantado y conoce bien la situación del sector, tanto a título personal, como por medio de las instituciones que forman parte de la organización que preside. ¿Cómo está el panorama en esta área?

– Hay más de 3500 personas en situación de muy alto riesgo por falta de medicamentos: una ausencia absoluta de medicinas. Y hemos tenido graves consecuencias, personas que han fallecido por falta de inmunosupresores; por falta, por ejemplo, de la pérdida de un riñón. Y personas que están graves, hospitalizadas. El gobierno tiene en sus manos la necesidad y los mecanismos necesarios para parar esta situación que se está generando en el país.

¿Cree que la mesa de diálogo sirva para mitigar esta crisis?

-Yo no podría garantizar eso. La ONG que fue de forma independiente, acudió (a República Dominicana) para plantear el tema de la emergencia humanitaria, y los mecanismos que existen para solventar la situación. No sabemos. Está en manos del gobierno nacional.

Esta semana, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida emitió un comunicado en el que hacen planteamientos técnicos para contribuir a que “cesen las situaciones que ya han causado daños irreparables y pérdidas de vida” en Venezuela, donde “cada día que pasa es un día más de consecuencias graves para la salud física y mental de la población” vulnerable.

A comienzos de mes, instituciones y personas de la sociedad civil independiente que trabajan por el derecho a la salud asistieron a República Dominicana, en el marco de reuniones de negociación política, establecidas en una controvertida “mesa de diálogo” entre gobierno y oposición. Allí plantearon “medidas urgentes” para salvar vidas y atender las necesidades de salud y nutrición que afectan a los grupos más vulnerables.

Sugieren el uso de los fondos de Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), toda vez que están destinados a “proveer medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y diagnóstico de un amplio número de condiciones de salud, transmisibles y no transmisibles”.

Además, plantean la adquisición del Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia, el cual permite atender a 10.000 personas durante 3 meses, y la intermediación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como vía para la recepción y distribución de insumos nutricionales y terapéuticos dirigido al tratamiento de la Desnutrición Global Aguda, severa o moderada, que según reportes de Cáritas alcanza ya a más del 16% de la población infantil venezolana.

Proponen la designación de un Grupo de Trabajo interdisciplinario, que esté conformado por funcionarios del Estado venezolano, delegados de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas y especialistas en materia de salud y atención alimentaria. Advierten que las medidas “no pueden estar atadas a los tiempos de negociación política”, porque se sigue poniendo en riesgo la vida de millones de personas en la nación sudamericana.

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