Una serie de sanciones podrían caer sobre Venezuela, aparte de las ya adoptadas por Estados Unidos, Canadá y las gestiones de otros países latinoamericanos integrantes del Grupo de Lima, para agravar la situación que enfrenta el gobierno de Maduro. El viernes 24 pasado se realizó en Canadá la tercera reunión del Grupo de Lima para abordar la situación de Venezuela y trazar la ruta para su retorno a la democracia. La titular de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró que el presidente Nicolás Maduro “ha elegido el camino de la dictadura” y que la región no se quedará de brazos cruzados.
Ricardo Luna, canciller de Perú y vicepresidente del Grupo de Lima, aseguró que después de las reuniones de los países miembros no se ha visto un cambio sustancial en Venezuela y que por el contrario la situación ha empeorado respecto al fraude electoral de las elecciones de gobernadores y la fragmentación de la oposición. “Nuestro objetivo – precisó- es crear una situación que permita la solución más rápida y también determinante para alentar al gobierno venezolano a negociar de buena fe, no sólo para resolver la crisis, sino también para que el régimen por sí mismo deje el poder”.
Si el lunes próximo los 28 cancilleres europeos aprueban adoptar sanciones, haciendo causa común con sus embajadores que votaron ayer de manera positiva, Venezuela se las verá aún más cuesta arriba para cumplir con sus compromisos internacionales y la presión combinada sobre el gobierno de Maduro podría funcionar.
China y Rusia, potenciales “alivios” para el gobierno venezolano miden sus pasos. Por lo pronto China, enredada en una madeja de complicaciones económicas con Venezuela, pide compensaciones pero no está dispuesta a comprometer más recursos, sean yuanes o dólares. Rusia se ha vuelto sumamente prudente y quisiera ver un giro de apertura en Venezuela, aunque algunos –los más arriesgados- ven posibilidades de una penetración rusa en el continente con las consecuentes derivaciones geopolíticas negativas para Occidente.
“El objetivo político sigue siendo el de llevar al gobierno de Nicolás Maduro a la mesa de negociaciones con la oposición y, por lo tanto, contribuir a salir de la crisis política actual”, aseguró una fuente diplomática europea, que describió el dispositivo de “gradual, flexible e irreversible”.
Un marco jurídico completará el cuadro que obligará a las empresas a abstenerse entregar armas al gobierno venezolano, así como material electrónico que pueda ser utilizado para reprimir a la oposición.
Por los momentos, es una “advertencia” pero podrían, según evolucione la situación, presentar listas de nombres de altos cargos del gobierno de Venezuela para la reunión de cancilleres que debe efectuarse de diciembre próximo.
No se descartan conexiones entre estas medidas y las anunciadas por el gobierno de Donald Trump, que aplica nuevas sanciones a Cuba, sostén importante para el régimen venezolano. El anuncio de estas sanciones ocurre en medio de la peor crisis bilateral desde que reanudaron nexos en el 2005, tras medio siglo de ruptura y desconfianzas. Dichas medidas consisten en nuevas prohibiciones para el comercio y los viajes a la isla.
Por lo pronto, el gobierno venezolano apuró el paso para blindarse contra la oposición. Ayer, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó, por unanimidad, la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. El texto establece penas de entre 10 y 20 años de cárcel y limitaciones a dirigentes, ciudadanos y medios de comunicación. Espacio Público ( ONG que monitorea la libertad de expresión en el país) señaló que la privación de libertad debe restringirse a discursos con una probabilidad expresa y comprobada de causar actos de violencia y denunció que, con el instrumento, aumentará la persecución y la criminalización en el país. “El objetivo es perseguir a la disidencia”, declaró ayer Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Zulia, desbancado a dedo por la ANC.
La primera medida anunciada por el gobierno es la prohibición de “sexo” en medios y redes. Pero mantiene, sin el menor pudor, la obscenidad del hambre y la enfermedad, en el marco de una operación de “descarte” y exclusión a simple vista. El artículo 14 prohíbe la difusión de mensajes, en las redes sociales o medios electrónicos y digitales, que llamen a la guerra o inciten al odio. Exige a los administradores de esos medios tomar medidas para no contravenir este artículo y a eliminar mensajes que lo violen. El detalle está en determinar qué es lo que considera “odio” un gobierno tan discrecional como el de Maduro.
Hoy celebramos a...