Los pasos de la administración del presidente Donald Trump sobre política migratoria son continuos. Y precisos. Su lucha en contra de lo que éste considera uno de los puntos esenciales de su agenda política sigue su curso. Y en esta ocasión fueron los nicaragüenses… y los hondureños los afectados.
Suspendido y en veremos
El día de ayer, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense decidió cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para todos los migrantes de Nicaragua que se hubiesen acogido al Programa, al tiempo que anunció el aplazamiento temporal de solamente seis meses sobre su decisión del beneficio migratorio para los hondureños.
Tanto beneficiarios del TPS como activistas se mostraron decepcionados con la decisión de no continuar con las prórrogas de 18 meses con la que hondureños y nicaragüenses mantuvieron su estatus legal por casi 20 años. Además retirar este beneficio a los centroamericanos, deja en el limbo a inmigrantes de muchos otros lugares del mundo, preguntándose quién sigue en la lista de la administración federal.
La decisión de terminar el TPS para Nicaragua la tomó el DHS “después de una revisión de las condiciones en las que se basó la designación original de 1999 del país (…) Con base en toda la información disponible, incluidas las recomendaciones recibidas como parte de un proceso de consulta interinstitucional, el Secretario interino Duke determinó que esas condiciones sustanciales pero temporales causadas en Nicaragua por el huracán Mitch ya no existen, y por lo tanto, según el estatuto aplicable, el TPS actual la designación debe ser terminada”.
Con respecto a Honduras, se decidió dar “tiempo adicional para obtener y evaluar información suplementaria relativa a las condiciones del país en Honduras a fin de hacer una determinación apropiadamente deliberativa de designación de TPS”, extendiendo automáticamente la designación actual de TPS para Honduras por seis meses hasta el 5 de julio de 2018.
Miles quedarán en la sombra
Los números son de vértigo: 5,349 nicaragüenses; 260,000 salvadoreños, 86,163 hondureños y cerca de 60,000 haitianos están, a partir de ahora, en la cuerda floja. Por ahora los salvadoreños tienen permiso de trabajo y licencias desde hace 16 años gracias al TPS, pero su amparo se vence el 9 de marzo del 2018, por lo que el anuncio de la prórroga debería darse antes del 5 de enero del próximo año.
“Estamos exigiendo al Congreso que actúe y además seguimos buscando vías legales para exigir al Ejecutivo que detenga el caos que se desatará al dejar a más de 300,000 personas en las sombras”, en caso de confirmarse los peores augurios y se suspenda definitivamente los TPS a salvadoreños, nicaragüenses y hondureños, dijo a la agencia Efe Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.
“Esto no es factible, no es real, estos inmigrantes no van a salir del país y dejar todo lo que han constituido en casi 20 años porque el Gobierno quiere. Pedirles eso es inmoral e inhumano”, advirtió Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON). Chacón junto a activistas de otras 30 organizaciones han presionado por la protección de estos inmigrantes desde principio se año cuando la Administración Trump expresó su idea de poner fin al beneficio.
¿Apoyarán los republicanos?
Por lo pronto, la esperanza de ganar esta carrera a la que se le están acabando los minutos, están puestas en el Congreso de Estados Unidos. Al igual que hizo con el DACA, el Gobierno ha dejado en sus manos la responsabilidad de resolver este tema migratorio: “Reconociendo la dificultad que enfrentan los ciudadanos de Nicaragua –y potencialmente ciudadanos de otros países– que han recibido la designación de TPS por casi dos décadas, el Secretario interino Duke insta al Congreso a promulgar una solución permanente para este programa inherentemente temporal”, termina diciendo el comunicado del DHS. Desde luego, los 439,625 “tepesianos”, como se conoce popularmente a los beneficiados del TPS, así como las instituciones que los apoyan, buscarán conseguir el apoyo de los Republicanos en el Congreso.
Sin embargo, algunas organizaciones como el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC) piensan que es muy pequeña la probabilidad de que el DHS inicie procedimientos de deportación contra los beneficiados del TPS. “La gran mayoría de ellos podrá permanecer en el país al menos siete años, combatiendo sus casos en un tribunal de inmigración”, advirtió Mark Silverman, miembro de ILRC.
Centroamericanos y caribeños que viven en Estados Unidos –y están bajo este beneficio migratorio– esperan que lo que dice Silverman sea absoluta verdad. Aunque no lo tienen muy claro.
Hoy celebramos a...