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Venezuela: A sacerdotes y obispos les impiden visitar a los presos

Carlos Zapata - Aleteia Venezuela - publicado el 03/11/17

Los prelados no tienen acceso a los recintos carcelarios ni facilidades para brindarles atención espiritual y pastoral, aunque se trata de un derecho humano y un beneficio garantizado por la Constitución venezolana

Mucho se habla de libertad religiosa y de culto, consagrada además en la Constitución vigente, pero en el país sudamericano los sacerdotes no pueden llevar a cabo algunas obras de misericordia corporales, aunque forman parte de la doctrina social de la Iglesia católica y se constituyen en un deber moral indeclinable para los pastores del pueblo.

En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y todo el conglomerado que conforma el sistema penitenciario nacional tiene “órdenes superiores” que impiden a los prelados ingresar a un recinto carcelario en procura de los privados de libertad.

Lo denuncia Roberto Lückert, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), entre cuyas responsabilidades figura la atención de los presos en el país; así como la atenta intervención de la Iglesia para que se garantice el respeto de los derechos humanos.

Aunque la situación no es nueva, se ha venido agudizando de acuerdo con la información suministrada por el también arzobispo emérito de Coro en conversación con Aleteia. Al respecto, sostiene Lückert que desde la toma de posesión de Iris Varela como ministra para el Poder Popular de Asuntos Penitenciarios, los bloqueos a la labor eclesial han escalado.

Y la situación con los presos políticos no es diferente, pese a la intervención de la Santa Sede. Pues también a la más alta diplomacia del Vaticano le ha afectado la nunca anunciada –pero sí ejecutada- medida.

La denuncia corresponde en esta oportunidad al vicario general de la comisión,  el sacerdote Saúl Ron Braasch, quien además es abogado, en declaraciones al portal venezolano Reporte Católico Laico. 

Incluso, para hacerles llegar una alimentación especial, con motivo de un día festivo, se permite el acceso de la comida, pero no del sacerdote que la lleva. Al menos así le ocurrió al mismo Lückert, quien pese a gozar del cariño y la aceptación de la mayoría de los custodios, prefiere no interferir con decisiones que les podrían resultar en represalias a los responsables de los recintos.

La situación carcelaria venezolana es tan grave que hasta la actual responsable del despacho, Mirelys Zulay Contreras Moreno, quien sucedió a Varela mientras ésta buscaba un curul en la ilegal Asamblea Constituyente, admitió durante una audiencia en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Costa Rica que en los recintos criollos abundaba –abunda- la violencia, el hacinamiento y muy graves condiciones de salubridad.

El artículo 59 de la Carta Magna establece que el Estado debe “garantizar la libertad de religión y de culto”, así como “la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley”, pero en la práctica esto no ocurre.

Y la limitación no sucede únicamente con la Iglesia católica, sino incluso con los abogados que brindan el servicio de asesoría legal y atención de los presos políticos, como denuncia el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, en conversación con Aleteia.

Tanto la libertad religiosa como la visita de los presos son derechos amparados por la legislación venezolana. La primera es reconocida además por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hasta la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 14, y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos lo consagran, pero son solo algunos de los muchos derechos sistemáticamente violados por el gobierno de Nicolás Maduro.

Mientras los registros se acumulan y la documentación de las violaciones a los derechos humanos crece, parte de la población se alista a participar en un proceso eleccionario cargado de acusaciones de fraude, irregularidades y ventajismo, que promete altos niveles de abstención. No obstante, la población sigue clamando a Dios que le conceda la libertad, la justicia y la democracia que aún hoy le resulta lejana y ajena.

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