Acabamos de constatar -gracias a una nota de Aleteia– que la situación en Filipinas ha llevado a los jesuitas de ese país a lanzar un dramático mensaje: “No podemos construir una nación sobre los cadáveres del pueblo filipino. No se puede luchar contra el mal con pistolas y balas”.
Desde febrero del 2015 los obispos filipinos habían lanzado una campaña de oración por la paz y el cese de las masacres. Y en enero de este año el padre Shay Cullen, misionero irlandés en Filipinas, denunciaba los más de 6.000 los muertos, todos presuntos traficantes de marihuana u otras drogas, y 1.000 asesinados solamente sobre la base de una sospecha.
“Para algunos puede ser un gran éxito: se trata de una pena de muerte de ‘facto’, sin necesidad de una ley sobre la pena capital o de largos procesos en los tribunales –declaraba el sacerdote-. La eliminación de presuntos delincuentes con la ejecución es mucho más eficaz, según los partidarios de esta política. En todo esto hay algo siniestro y cruel”.
Tanto en ese país como en Venezuela, estos grupos recuerdan la actuación de los Tontons Macoutes en el Haití de Duvalier, bárbaros armados de machetes que iban sembrando el terror amparados por la impunidad del Estado.
Entre julio de 2015 y junio de 2017, al menos 560 personas fueron asesinadas en Venezuela en la puesta en marcha de una política de seguridad ciudadana denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Un plan para “combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo colombiano”, según aseguró el presidente Nicolás Maduro.
Pero, en realidad, se trata de una política de seguridad que convirtió a los ciudadanos en objetivos de guerra. Lo que se vive en las zonas más populosas y humildes de nuestras ciudades es un verdadero terror que ha sido documentado, a través del testimonio de las víctimas, a fin de dar curso a las denuncias internacionales ante los organismos de derechos humanos.
Con la puesta en marcha y aplicación de la OLP se cometieron 44 masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos. El operativo fue usado para sustituir grupos delictivos por colectivos armados; también se prestó para proteger intereses de funcionarios del Gobierno y materializar venganzas personales. Los operativos se caracterizan por la participación masiva de funcionarios policiales y militares, que actúan en compañía de grupos paramilitares afines al gobierno, conocidos como colectivos.
Los relatos de las víctimas son realmente aterradores y dan cuenta de un plan fuera de control que incluye maltratos y violación sistemática de los derechos humanos, mecánica que se repite en todos los procedimientos. Testimonios de víctimas y victimarios, documentación rigurosamente contrastada, demuestran que 44 masacres se cometieron en silencio.
El investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, la calificó como “Una masacre por goteo” agazapada tras máscaras aterradoras, cuyo uso tuvo mayor impacto que el de las propias muertes de centenares de venezolanos. Los participantes en dichos operativos aparecen en vehículos blindados, helicópteros, portando armas de guerra, usando dispositivos electrónicos, drones y las mencionadas máscaras -con la forma de calaveras- que encubren los rostros de quienes perpetran los exterminios, siempre vestidos de negro. Se limitan a decir que “cumplen órdenes presidenciales”.
El Informe Anual del Ministerio Público que alimenta esta data–obtenido, trabajado y publicado en el diario El Nacional de Caracas- registra que 99,2% de las víctimas de estos operativos eran de nacionalidad venezolana y menos de 1% eran extranjeros. En 2016 se registraron 21.752 homicidios, 12% más que el año anterior.
La OLP, como procedimiento, ha estado marcada por denuncias de violaciones de derechos humanos, como ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y torturas, tal como lo recoge el citado informe del Ministerio Público sobre las OLP. Según el documento fueron abiertas 357 investigaciones por homicidios presuntamente cometidos por funcionarios de la fuerza pública y 77 por violación de domicilio, abuso de autoridad, destrucción de viviendas y tratos crueles o tortura, entre otros.
En el caso de Filipinas estos fenómenos, ampliamente denunciados por las organizaciones no gubernamentales, no parece detenerse de ningún modo, o más bien, según el misionero Cullen, “parece que cuentan con la abrumadora aprobación del 76% de los filipinos». En Venezuela es todo lo contrario.
Pero lo cierto es que matar decenas de miles de personas sin la menor oportunidad de defenderse y en brutal desventaja, no se trata de un hecho a infravalorar. Es una pena de muerte en toda regla, despiadada y practicada cada día. Además de que la discrecionalidad hace permanente el riesgo de que más inocentes que culpables caigan en el montón. Es la desvalorización, o más bien, refleja un absoluto desprecio por la vida humana.
Hoy celebramos a...