La lucha contra la impunidad, lastre que ataca por igual a muchos pueblos de América Latina, ha sufrido un serio revés en Guatemala. El 13 de septiembre pasado, la Corte Constitucional suspendió –de manera provisional—una legislación del Congreso que anulaba las propuestas del panel anticorrupción de Naciones Unidas.
Pero la lucha entre el presidente Jimmy Morales y el panel de la ONU continúa. Para muchos analistas guatemaltecos, esta podría ser la batalla final entre un presidente que llegó por mandato popular y un grupo internacional de expertos que han encontrado indicios de corrupción en su campaña y en algunos de sus donadores, así como entre sus familiares.
El origen de la CICIG
Las tensiones entre el gobierno y el panel anticorrupción de la ONU –la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)– han sido constantes. Pero para el pueblo, este panel era y sigue siendo una luz de esperanza.
Hay que recordar que la ONU y el gobierno de Guatemala firmaron un Acuerdo para la creación de la CICIG el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la opinión consultiva favorable de la Corte Constitucional en mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007.
La CICIG se creó como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.
Ello, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.
Medidas legislativas contrarias
Las medidas aprobadas el 13 de septiembre pasado en el Congreso –aprobadas rápidamente y sin debate—echarían por la borda reglas sobre financiamiento de campañas para que, por ejemplo, solo pudiera responsabilizarse a quien dio fondos ilegales pero no a quienes los recibieron. También permitiría cumplir fuera de prisión las condenas de varios delitos a cambio de pagos de fianzas.
Esto fue visto por la sociedad guatemalteca como una patente de corso dada por el Congreso para que empresarios y políticos que han sido señalados por la CICIG y por el Ministerio Público, sean exonerados y no se continúe con la investigación sobre el financiamiento de la campaña que llevó a Jimmy Morales a la presidencia del país, así como a algunos de sus familiares en temas de enriquecimiento ilícito.
El 26 de agosto pasado, el presidente Morales ordenó expulsar al comisionado de la CICIG, aunque la acción fue frenada por la Corte Constitucional. Y es que dos días antes, Iván Velásquez, el fiscal colombiano a cargo de la CICIG, y la procuradora Thelma Aldana, anunciaron que estaban en una investigación al partido gobernante por irregularidades de fondos de campaña. Como secretario general del partido durante la campaña de 2015, señalaron que Morales era responsable.
Descontento ahondado
Aquél revés de la Corte Constitucional de Guatemala al presidente Morales mermó notablemente su nivel de aceptación en el país. Y ahora, la exoneración del Congreso –no obstante la suspensión provisional de la Corte– a quienes pudieran haber sido enjuiciados por financiamiento irregular y por corrupción, ahonda el descontento.
La percepción es que el Congreso guatemalteco votó para proteger a Morales al mantener su inmunidad (cosa que se pedía fuese derogada para poder investigarlo) y para proteger, también, tanto a su hijo como a su hermano, quienes han sido acusados en otra investigación (y que no gozan de la inmunidad que ofrece un cargo público).
La CICIG ha llamado al financiamiento ilegal de las campañas como el “pecado original” del sistema político guatemalteco. Hay muchos implicados en temas de corrupción dentro de las campañas políticas y la votación del Congreso da pie a que la sociedad tome justicia, nuevamente, en las calles, como sucedió hace un par de años y que trajo consigo la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina.
Hoy celebramos a...