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Desenterrando la verdad del genocidio en Colombia

Nadege Mazars / Hans Lucas / AFP
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A la espera de Papa Francisco y la memoria de las víctimas de la guerra. Un testimonio de una de las tantas masacres olvidadas…

Era en la Navidad de 2001, en la zona rural del municipio de Sogamoso, Boyacá, en el conocido como Páramo de la Sarna. Un bus de la empresa Cootracero salió aproximadamente a las seis de la mañana desde el terminal de transportes de Sogamoso con destino a Labrazagrande.

Una hora después, el autobús fue detenido en el Páramo de la Sarna por paramilitares que obligaron a atravesar el vehículo en la vía, e hicieron bajar a todos sus ocupantes.

Los hombre armados ejecutaron a 15 personas, doce hombres y tres mujeres. Los testigos contaron el horror de la matanza de sus familiares. Fueron tres supervivientes, dos niños de 11 y 8 años y una anciana mujer de 60 años.

A este triste lugar ya se han organizado varias peregrinaciones anuales desde 2009. Para que la memoria de los muertos levante la indignación de los vivos. La tarea continúa, el pasado y las experiencias seguirán siendo necesarias durante años y generaciones. Los familiares de las víctimas rezan silenciosos en su marcha dolorosa: ¡No más muertes!

La masacre de la Sarna es un caso paradigmático de esos genocidios malignos que han dividido familias y dejado en la desolación a quien no se resigna a que un hijo o una madre ya no volverá a casa. Matanzas inútiles de campesinos por parte de fuerzas paramilitares, mujeres humildes que vieron a sus hijos e hijas arrebatárselos la guerrilla, ellos asesinados y ellas violadas, porque no querían unirse a su causa…

Los familiares que han perdido a sus seres queridos por la violencia hacen peregrinaciones para “no olvidar a nuestros muertos”. Familias que exigen verdad, justicia. Además de reparación y garantías para que en Colombia no se repitan más estos crímenes atroces.

Desenterrar la verdad

Poco se conoce de la historia de la violencia política de Boyacá – especialmente en la frontera con otros departamentos- donde se han cometido masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como actos de guerra.

De situaciones así nace la Red Colombiana de Lugares de Memoria para rememorar los derechos de las víctimas. Hablamos con Carlos Garaviz del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz.

“Después de 16 años, la vida sigue sobreponiéndose a la barbarie”, asegura Carlos Garaviz, quien lleva 25 años escuchando a las familias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. “Ha sido un trabajo muy triste y muy doloroso”, confirmó a Aleteia.

El Banco de Datos forma parte del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/Programa por la paz), una institución fundada por los jesuitas colombianos en 1972. Desde 1987, este centro ha puesto en marcha el Programa por la Paz, con el objetivo de «aportar a la construcción de una paz justa y duradera en el país».

En concreto, el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política nace en 1988, en colaboración con la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia.

“Pero también ha sido compensatorio cuando uno hace jornadas de memoria con las víctimas el escuchar muchos de ellos con su actitud de fe y esperanza de que va haber un país mejor”.

En toda la polarización del país alrededor de los acuerdos con la guerrilla de las FARC, sale a relucir la voz de perdón de las víctimas en los campos, más allá de los alaridos de otras personas (especialmente en las zonas urbanas) que jamás han visto a los ojos la muerte y vivido en carne la persecución.

 

 

Si no existiera esa esperanza de que el mañana será mejor, explica Carlos, es lo que evita que uno se vuelva loco, después de escuchar tantas historias de sufrimiento atroz.

«Muchas personas que han trabajado y han pasado por acá dicen no yo no puedo, yo no aguanto, esto no es para mí. Y uno se mantiene porque ve que hay lucha y cree que puede haber un país mejor para mucha gente, para todos en cierta manera, para que no sucedan estos casos, que esto no se vuelva a repetir, que es en el fondo lo que hacemos».

Las heridas necesitan la verdad para cicatrizar. Uno de los problemas es investigar sobre las desapariciones de personas: «Esa es otra tragedia, el tema de la desaparición es complicado, eso destruye cualquier tejido humano, comunitario, social». Especialmente para las madres de los desaparecidos.

«El ocultamiento del cadáver de un hijo es para muchos, sobre todo las mamás, muy complejo, muy difícil», explica Carlos, y «ha llevado a rupturas familiares. Conocemos varios casos de madres de familia, les desaparecen su hijo o se lo asesinan, y terminan convirtiéndose en líderes de víctimas; y terminan luego siendo abandonadas por sus esposos, incluso por sus hijos, porque les dicen, que ya dejen eso así, que ya no molesten más con eso, que está descuidando el hogar”.

«Entonces el esposo la abandona, algunos hijos se van. Muchas veces, las madres quedan solas en su búsqueda de la verdad: ¿Qué le paso a mi hijo? ¿Por qué me lo mataron?, nos preguntan. ¿Por qué lo desaparecieron? Es una cuestión muy triste».

 

Acabar con la impunidad

Carlos explica que en la base de datos del Centro existen más de casi cincuenta mil registros de casos de violencia, muchos de los cuales siguen sin llevarse a los tribunales.

«La impunidad lo que hace es llevar a que los victimarios, los que matan, sigan cometiendo hechos, porque saben que no va a haber justicia real. Y cuando la hay contra alguno de los victimarios, a los meses, al año, ya quedan libres», puntualiza. «Es toda una corrupción que lleva delito tras delito, hecho tras hecho, y eso hace que no llegue de verdad la justicia realmente para las víctimas en su búsqueda de la verdad, justicia y reparación«.

Al contrario, buscar la verdad de los hechos puede suponer un grave riesgo para la vida de los investigadores: «algunos compañeros han sido amenazados, muchos que hemos conocido han sido asesinados por esta labor de recoger datos».

«Entre los compañeros que han ayudado a recopilar información, dos están amenazados. Uno de ellos, sobre todo en Barranquilla, ha sido amenazado ya en tres ocasiones y nos ha tocado traerlo dejarlo aquí un tiempo. Eso no le garantiza que no le vaya a pasar nada, pero vuelve a su región con el temor de que vuelva a pasar algo». Carlos admite: «es complicado. Porque tenemos familia, cuando uno esta solo es más fácil. Pero con hijos de por medio, es complejo y tratamos de no visibilizarnos mucho, en la medida de lo posible, porque sabemos que eso nos conlleva a un riesgo mayor».

«Esperamos que ahora, con la Comisión Especial de la Verdad y la Justicia para la Paz, salgan relucir muchos más casos, y esto lleve a una justicia real. Porque esa es la esperanza de las víctimas: que haya justicia en relación con sus familiares asesinados o desaparecidos«.

Carlos no pierde la esperanza: «Hay una frase muy bonita que siempre la utilizamos, que es histórica, en nuestra labor: estamos convencidos de que un gran número de hechos violentos están ocultos en la memoria prohibida de las víctimas, sus familiares, los testigos, sus compañeros de militancia, en el silencio de las tumbas o en cualquier rincón de este país de cementerios”. Y si salen a la luz y hay justicia, habrá futuro para el país.

 

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