Mientras el Congreso aprobaba los primeros 1,600 millones de dólares solicitados por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, para construir el muro fronterizo entre su país y México, los familiares del llamado “Camión de la muerte”, que transportaba escondidas y hacinadas a 39 personas, comenzaron a llegar a San Antonio (Texas) para identificar los cuerpos de los ocho migrantes que murieron sofocados en el interior de la caja del camión y dos más que murieron en el hospital.
Las imágenes de la tragedia del pasado domingo 23 de julio en el estacionamiento de una tienda de Walmart, han sido profusamente difundidas en la prensa y la televisión de Estados Unidos. Los sobrevivientes, algunos de ellos todavía en estado de salud muy grave, han podido contar cómo se turnaban para poder respirar por un pequeño resquicio que tenía la caja del tráiler, cuyo chofer lo dejó aparcado (a temperaturas al interior de 50 grados centígrados), esperando entregar “la mercancía” a una red de tráfico de personas..
Pero ha surgido otra pregunta para la cuál las leyes migratorias de Estados Unidos, totalmente volcadas –como lo demuestra la pretendida construcción de un muro que abarcaría 3,000 kilómetros de frontera con México—a desalentar el asentamiento de migrantes (especialmente mexicanos y centroamericanos) en su territorio no tienen respuesta: ¿qué hacer, dónde ponerlos, cómo tratar legalmente a los supervivientes de la tragedia?
La respuesta humanitaria sería darles una vía de adquisición de ciudadanía por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, pero visto con frialdad, los sobrevivientes de este caso –emblemático de la enorme dificultad y del peligro extremo que enfrentan los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos—son candidatos a la deportación, puesto que entraron al país sin papeles, lo que los convierte en personas “ilegales”, incluso en “criminales”.
La disyuntiva que enfrentan autoridades judiciales y de seguridad de Estados Unidos no es menor. En otros casos, cuando sucedió una tragedia similar, a los indocumentados sobrevivientes se les permitía cumplir con su meta inicial, la que originó la salida de su lugar de origen, el pago a los “coyotes” (enganchadores y traficantes de personas) y el enfrentamiento de todo tipo de peligros para llegar a trabajar a Estados Unidos, y poder enviar remesas en dólares a sus familias: quedarse a vivir ahí. Pero eso fue antes de la era Trump.
Fichas políticas
Los activistas pro-inmigrantes y sus abogados esperan que las autoridades migratorias ofrezcan protección a los 29 sobrevivientes (en realidad, 28, pues uno de ellos, al ser dado de alta “desapareció” del radar de las autoridades judiciales de San Antonio, 12 permanecen hospitalizados) en contra de la deportación y lo acojan a un programa llamado “testigos materiales”. Es decir, que les den una vía hacia la obtención de la ciudadanía mediante la extracción de números de teléfonos, identidades, nombres de personas testimonios que puedan llevarlas a detener a la red de traficantes que los iba a trasladar desde el estacionamiento de Walmart, en San Antonio, a diversas ciudades de Estados Unidos.
Hasta el día de hoy, una semana después del hallazgo del tráiler estacionado en la tienda de autoservicio, el enfoque que le está dando el Departamento de Seguridad Nacional es el de una mera “investigación criminal”. La red de trata de personas, esa “moderna forma de esclavitud” que tanto ha denunciado el Papa Francisco, es una maraña de intereses compleja. En gran cantidad de ocasiones, el último eslabón de la cadena es el que termina en la cárcel. A una semana de distancia, el chófer del camión, James Bradley Jr., de 60 años y oriundo de Florida, es el único que está bajo arresto y enfrenta cargos de tráfico de personas.
Al menos 13 de los migrantes del “Camión de la muerte” ya salieron del hospital. Se encuentran detenidos y, temporalmente, son tratados como “testigos materiales”. Para obtener la vía de ciudadanía, el programa deberá extenderse por más tiempo y, además, ellos tendrán que comprobar que o fueron forzados a salir de su lugar de origen o los llevaron a Estados Unidos bajo “promesas falsas”. Si no lo demuestran, podrían ser deportados de forma inmediata pues se les consideraría “cómplices” de los traficantes, por haber aceptado pagarles para cruzar la frontera.
¿Cómo determinar si un “testigo material” es “de utilidad” para los procuradores que desean extraer información de las redes de trata de personas que operan al interior de Estados Unidos, o si este programa “premia” a quienes cruzaron la frontera de forma ilegal, violando la ley, según sería la conclusión del Departamento de Seguridad Nacional? En todo caso, el clima de crispación migratoria que está viviendo la Unión Americana en la era Trump, anuncia que en los próximos meses, el caso del “Camión de la muerte” será usado como ficha política en el dominó de intereses que se juega en la migración ilegal al país del norte.
¿Y los sobrevivientes? Si son “testigos materiales” y revelan datos comprometedores sobre quienes los engancharon desde sus países de origen y los que están en Estados Unidos, idealmente podrían obtener la ciudadanía. Pero realmente, en muchos casos, se enfrentan a nuevos peligros. Dos de ellos son conocidos: las represalias en territorio estadounidense por parte de las red de tráfico, y las represalias contra sus familiares (por los “coyotes” y sus secuaces) en sus lugares de origen. O pueden acceder a una nueva vida, o tendrán que enfrentar nuevas formas de muerte.
Hoy celebramos a...