Muchos dirán que ya el país transita esa ruta debido a la rebelión de calle en forma de protesta pacífica. Pero lo que se ha programado para el día 16 de Julio se inscribe en la más estricta observancia de la Constitución Nacional cuando llama a desacatar a un gobierno que pretenda desconocerla. Los artículos de la Carta Magna, cuya promoción y redacción corrió por cuenta de una Constituyente (1999) planteada y animada por el propio Hugo Chávez, son dos y bien claros al respecto:
Artículo 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”
Artículo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Las preguntas flotan en el ambiente desde que Maduro asomó el tema: Por qué buscar cambiar el modelo que ellos mismos diseñaron? Si se trata, como conspícuos voceros del régimen han soltado, de afincar el dominio por la vía de una nueva Constituyente, qué sentido tiene si este gobierno lleva años ejerciendo sin ningún tipo de control?
Una Asamblea Nacional Constituyente es la forma más radical de modificar la Constitución. Se utiliza para dar un vuelco total al modelo político. Si no se trata de un cambio del modelo impuesto en 1999, sino meros ajustes puntuales, ciertamente no es la ANC el mecanismo indicado para eso. Por estas y otras razones en el país se ha generado una pronunciada resistencia contra el proyecto que el Ejecutivo avanza apresuradamente utilizando para ello los dos poderes que permanecen bajo su yugo: el Judicial y el Electoral.
El rechazo a un proceso Constituyente manejado de esta forma es tan obvio que el Presidente Maduro ha optado por diseñar él mismo las bases y designar una lista de sus partidarios para integrar la pretendida Asamblea Constituyente Comunal. “Todo debe ser aprobado por el pueblo, no por un sector del mismo –precisa el abogado constitucionalista Rafael Chavero- El Presidente no está autorizado para imponer nada a este respecto. Así de claro”.
El gobierno de Nicolás Maduro, impetrérrito, ha convocado, por su cuenta, una Constituyente “Comunal”, no prevista en ningún texto legal, la cual ha sido objeto del más inmediato y frontal cuestionamiento ya que ignora al Soberano, que es el pueblo, el único facultado para convocarla. El Presidente, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales y un número especial de electores pueden proponer su convocatoria, es decir, tomar la iniciativa. Pero no les compete ejercer la convocatoria misma. Pueden proponerla al Soberano y éste debe expresarse mediante el sufragio universal. Sólo el pueblo decide si la quiere y en qué condiciones puede operar. Debe, previamente, realizarse un referendo popular según consta en el Art 63 de la Constitución.
Varios expertos en la materia han sentenciado: “La propuesta de Constituyente Comunal es un intento del gobierno por burlar la Constitución”. Chavero ubicó el debate: “Se trata de una respuesta política del Presidente Nicolás Maduro a la grave crisis económica y social que atraviesa el país y, por lo tanto, la respuesta debe ser política”. Y eso es justamente lo que el bloque unitario de oposición está haciendo. Han convocado a los venezolanos a una consulta bajo la forma de plebiscito para el día 16 de julio próximo.
En vista de que el gobierno ha ignorado olímpicamente las coordenadas del proceso, los mandos opositores han llamado al país a manifestarse, constitución en mano, desconociendo por completo el proceso planteado por el gobierno y sus poderes adscritos. Se calcula que acudirán millones de venezolanos a expresarse negativamente en torno a la imposición de una Constituyente Comunal, lo cual configura la más acabada forma de desobediencia civil en un contexto sumamente delicado para la permanencia en el poder de Nicolás Maduro. Si bien dicha consulta no es vinculante tendrá un efecto demoledor sobre las pretensiones del régimen.
De allí la violenta irrupción de los colectivos oficialistas en la Asamblea Nacional el pasado 5 de Julio donde se debatía el asunto, hecho que el Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Savino, acaba de calificar como “asalto intolerable”.
Están apurando el paso pues, de cristalizar el empeño del régimen, lanzaría al país a una verdadera confrontación civil, a la anarquía, a un territorio de acracia por lo que la Iglesia, vigilante y aplomada, ha recomendado al gobierno volver sobre sus pasos. “Semejante Constituyente es absolutamente innecesaria”, es el alerta del episcopado. Añade leña al fuego. En realidad, lo que no necesitamos para nada es el caos profundo al que ella nos lanzaría en caso de concretarse. El liderazgo político está en la obligación de conducir a los venezolanos hacia mecanismos que impidan la conformación de una nueva ruptura constitucional. Después de todo, el derecho a rebelión y el artículo 350 de la Constitución se instauraron, precisamente, para insubordinarse cualquier intento de legislación que pretenda desconocer el Texto Fundamental.-
Hoy celebramos a...