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Fraile denunciado en México: “No solo no han hecho lo que les corresponde, sino que criminalizan nuestra labor”

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El fraile franciscano forma parte del equipo de trabajo de “La 72” dando alimento, hospedaje, orientación legal y acompañamiento integral a los migrantes

En tanto aumentan las solicitudes de asilo en México por parte de migrantes centroamericanos que pasan al país huyendo –sobre todo—de la violencia de las maras y de la pobreza extrema (este año se calcula que habrá 20,000 solicitudes), aumentan, también, las presiones sobre los grupos y las personas –sobre todo religiosas—que los acogen.

Esto último, que parecería inexplicable, sucede en México, sobre todo por el contubernio que en muchas localidades del sur y del sureste del país existe entre las autoridades migratorias y los grupos de delincuentes, que ven en los migrantes indefensos, más aún entre las mujeres y las niñas, un “negocio” de trata y de explotación sexual.

El albergue “La 72”, ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Tenosique, Tabasco, muy cerca de la frontera con Guatemala, ha sido, por varios años –como los refugios de “Hermanos en el Camino”, fundados por el padre Alejandro Solalinde—objeto de agresiones, denuncias e intimidaciones por quienes ven en este servicio caritativo una “ofensa” a sus “intereses”.

Hace pocos días trascendió la denuncia realizada por Eduardo Silvestre Hernández, Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Estado de Tabasco contra de fray Bernardo Molina, fraile franciscano que forma parte del equipo de trabajo de “La 72”. La denuncia hecha en contra del fraile por el funcionario de migración ante la Procuraduría General de la República, fue sustentada por Hernández por tráfico de personas, y consta en la carpeta de investigación FED/TAB/TEN/0000134/2017.

Ante esta embestida en contra de fray Bernardo, fray Tomás González, representante legal de “La 72” y uno de los luchadores más sólidos a favor de la acogida de migrantes centroamericanos en territorio mexicano, ya por tránsito a Estados Unidos, ya por busca de asilo en México, ha escrito una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; a la Comisión Nacional de los Derechos Humano; la Comunidad Nacional e Internacional y al Estado mexicano, carta en la que expone la situación que enfrenta fray Bernardo, “miembro de nuestro equipo y parte de la Orden Franciscana en el Sureste de México”.

Fray Tomás recuerda en la misiva que la Casa del Migrante y ahora, Campo de Refugiados en Tenosique, llamada “La 72” (en memoria de los 72 migrantes centroamericanos asesinados por un grupo de narcotraficantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010), funciona desde hace siete años y dedica sus esfuerzos a dar alimento, hospedaje, orientación legal y acompañamiento integral a las víctimas “del criminal desplazamiento humano”, al cual son sometidas miles de personas que ingresan a México por la frontera sur con Guatemala.

“No es desconocido para nadie –dice fray Tomás– que nuestro equipo recoge a las personas que vienen en la carretera y les ofrece llevarlas a Tenosique, a ‘La 72’, para acogerlas y empezar un acompañamiento integral. Esto ha sido visto por las autoridades y especialmente el INM, como tráfico de personas”.

Fray Tomás, en su misiva a los organismos internacionales y nacionales y a la comunidad en general, subraya que la situación en el tramo carretero de tan solo 60 kilómetros que separa a la frontera con Guatemala de Tenosique, “es un campo minado donde a las personas migrantes les puede pasar de todo: violaciones sexuales, asaltos, golpizas, secuestros, discriminación, desaparición forzada, muerte”.

Y más adelante señala que “hasta ahora las autoridades de los tres niveles de gobierno (el federal, el estatal y el municipal) no solo no han hecho lo que les corresponde, sino que criminalizan nuestra labor y peor aún, utilizan el sistema penal para frenarnos, intimidarnos, acosarnos”.

El resultado que desean obtener las autoridades migratorias del sureste mexicano, según el fraile franciscano, es someter a los organizadores y voluntarios que trabajan en “La 72” al silencio, a la complicidad. “Pero también es una labor sucia que proviene del mismo Estado (mexicano), pues está basada en sus peores prácticas para inhibir la migración, y violar nuestro legitimo derecho de acompañar a las personas víctimas y exigir un cambio radical de la política migratoria, un transito libre y digno, una acogida generosa para las personas refugiadas”.

La carta de fray Tomás termina pidiéndole al Estado mexicano que reconsidere su actuación en contra de “La 72” y de quienes acogen a los migrantes centroamericanos (y de otros países del Caribe e incluso de África) que entran al país por la frontera con Guatemala, “y nos permita generar procesos de hospitalidad para todas las personas migrantes y refugiadas que atendemos en Tenosique y en la región”.

Los activistas de “La 72”, en voz de fray Tomás González, advierten que, por lo que a ellos respecta y por encima de este tipo de denuncias del INM, “seguiremos haciendo nuestra labor con transparencia, con pasión y exigiendo el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas” y a “La 72”.

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