La Iglesia caldea sigue de cerca “con tristeza y preocupación” la evolución de las acciones judiciales que Estados Unidos se dispone a tomar para sacar de sus fronteras a un centenar de iraquíes, en su mayoría cristianos y residentes en territorio estadounidense desde hace décadas, informa la agencia Fides.
Estas familias iraquíes fueron detenidas en Detroit (Michigan) el pasado 12 de junio como parte de las nuevas medidas aplicadas por la administración Trump contra los flujos migratorios procedentes de países de Oriente Medio, considerados peligrosos por riesgo de infiltración terrorista.
Esta operación da continuación a un acuerdo entre Estados Unidos e Irak, según el cual el Gobierno de Bagdad ha aceptado recibir un cierto número de ciudadanos iraquíes bajo orden de expulsión con la condición de que Irak sea retirado de la lista negra de naciones azotadas por el conocido como “Muslim Ban”, una criticada medida por la que Donald Trump quería impedir el acceso a Estados Unidos a ciudadanos de seis países musulmanes considerados “potenciales exportadores de terroristas”.
Llamamiento al Gobierno estadounidense
En una carta al obispo caldeo Frank Kalabat, de la eparquía de Santo Tomás Apóstol en Detroit, donde los cristianos fueron detenidos durante una redada de la policía de inmigración (ICE), el patriarca Luis Rafael Sako expresa su solidaridad y cercanía con las familias de los iraquíes afectados por estas medidas y expresa su deseo de que el Gobierno de Estados Unidos encuentre una la solución “adecuada” a la emergencia humanitaria que esta situación plantea a aquellas familias que ahora se encuentran sin ingresos.
El patriarca ha destacado que un gran número de estos iraquíes viven desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y que en ningún caso pueden ser sospechosos de representar ningún peligro para la seguridad nacional de EE.UU.
Entre los cristianos detenidos, algunos tuvieron problemas con la justicia en el pasado, algo que, según la policía, justificaría la decisión de una repatriación forzada a Irak.
El 22 de junio, el juez del tribunal regional suspendió durante 14 días los procedimientos de expulsión, tiempo para ver si su tribunal está facultado para deliberar sobre el asunto.
La poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Michigan (ACLU), en Michigan, que ha interpuesto una denuncia en nombre de los iraquíes en prisión, dice que muchos de los detenidos eran culpables de delitos menores y que no han vuelto a reincidir.
Hoy celebramos a...