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Una instancia enmarcada en el acuerdo de paz y forma parte de la reinserción civil
El municipio de Facatitvá, en el departamento colombiano de Cundinamarca, en el centro del país, se ha transformado en escenario de operaciones de una situación que forma parte de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Tiene que ver con unos de los aspectos que más ha preocupado a la guerrilla una vez que se reinserte a la vida civil: la seguridad.
Es que a partir de este 13 de junio más de 300 exguerrilleros inician un proceso de selección para ser escoltas de los máximos jefes de las FARC. Detrás de esto está la Unidad de Nacional de Protección (UNP), que se encargó dejar de manifiesto a través de un comunicado que esto se realizará con sus instructores y con el apoyo de la Policía Nacional.
La aclaración tuvo que realizarse luego de una serie de denuncias que daban cuenta de disparos y consumos de alcohol tanto de parte de instructores como de reincorporados de las FARC, situación que fue negada rotundamente.
“Es de resaltar que ninguno de los reincorporados de las FARC que participa en este ciclo selectivo, tiene o porta ningún tipo de armamento, ya que todos cumplieron con el procedimiento de dejación de armas debidamente certificado por la ONU”, señala uno de los puntos del comunicado.
Precisamente, este proceso que se está avanzando en una academia asignada trasciende al poco tiempo del anuncio de que el 30% de las armas de la guerrilla está en manos de la ONU.
Está previsto que el proceso de selección de estos escoltas dure entre 45 y 60 días y todos los que formen parte de este programa serán sometidos a pruebas técnicas, físicas y psicológicas para saber si son aptos para formar este cuerpo especial del Programa Especial de Protección.
Para muchos, esta situación, que puede resultar paradójica, forma parte de los acuerdos de paz y del proceso de reinserción civil de exintegrantes de la guerrilla en Colombia. Sin embargo, a nivel del Congreso el tema y los pormenores, que forman parte de los acuerdos, aún están a la espera de una aprobación.
De fondo está la cuestión de la seguridad de los jefes de las FARC, además de los miembros que formen parte del partido político que surja y también de sus familias, aspecto que también debe ser garantizado y sin la cual son difíciles los avances.
De momento, el hecho de que un exguerrillero escolte a otro exguerrillero genera cierto resquemor en Colombia, al tiempo que se aclaró que este sistema de protección contempla también la participación de escoltas que nada tuvieron que ver con la guerrilla. El número estimado, de acuerdo a los decretos, es de unos 1.200 hombres.
También se pactó que estas personas serán remuneradas y que los propios líderes de las FARC tendrán incidencia en la elección final habida cuenta de exigir que sean de confianza. Como contrapartida se garantiza que “no cualquiera podrá ser escolta”, recuerda El Tiempo, porque ninguno puede tener algún proceso penal ni condenas previas por delitos de lesa humanidad.
Con información de UNP y El Tiempo
