El gobierno de Cataluña lleva cinco años reclamando la independencia de su territorio de España con el fin de crear un nuevo Estado dentro de Europa. Manifestaciones masivas llevadas a cabo desde el año 2012 el día 11 de Septiembre –en que se celebra la Diada Nacional de Cataluña– han reclamado la independencia y un referéndum de autodeterminación, con dos lemas: “derecho a decidir” y “derecho a votar”.
El movimiento independentista ha sido paralelo a la investigación judicial por casos de corrupción tanto de la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol (él mismo reconoció no haber declarado a Hacienda un importante patrimonio que tenía en Andorra), como del cobro de comisiones del 3 o 4 por ciento por parte de su partido, Convergència Democràtica de Catalunya. Pujol presidió la Generalitat durante 23 años.
Estas manifestaciones masivas no se han concretado, sin embargo, en mayorías en las urnas. Después de un primer referéndum o consulta no autorizado celebrado en noviembre de 2014, con una cierta tolerancia por parte del Gobierno central, y sin control de la oposición. Votó solo el 37 por ciento por ciento del cuerpo electoral (contando con los mayores de 16 años) En las elecciones sucesivas de septiembre de 2015 –convocadas por el entonces presidente Artur Mas como un plebiscito—los partidos independentistas obtuvieron el 48 por ciento de los votos, frente al 52 por ciento de los demás, con una participación superior al 70 por ciento del censo oficial.
Con el fin de alcanzar una mayoría parlamentaria independentista el principal grupo “Junts pel Sí” (coalición formada entre Convergència y Esquerra Republicana, un partido de izquierdas independentista) se vio forzado a pactar con la CUP, una candidatura de partidos antisistema y asamblearios con ideologías mezcla de anarquistas y marxistas.Este acuerdo parlamentario dejó fuera a Artur Mas de la Presidencia de la Generalitat (gobierno), declarado “non grato” para la CUP por la corrupción de su partido, y en su lugar fue elegido Carles Puigdemont, un independentista radical.
El acuerdo entre Junts pel Sí y CUP consiste en alcanzar la independencia de Cataluña este año 2017, a través de un referéndum que Puigdemont prometió tanto si era legal como si no lo era. Al mismo tiempo el parlamento catalán aprobaría una llamada “Ley de desconexión” con España y crear un estado propio. Esta ley necesitaría los dos tercios de los diputados, pero como los independentistas no tienen los 90 diputados (el parlamento tiene 135 diputados) han decidido cambiar el reglamento de la cámara por mayoría simple para aprobar esa ley con esa mayoría simple, lo cual ha sido muy protestado por los partidos de la oposición.
Por su parte, el Gobierno central no reaccionó al principio de todo este proceso tal vez pensando que el independentismo era una fiebre pasajera, vinculada a la crisis económica y no acometió ni reformas ni estableció puentes de diálogo. Así, fue calando en la sociedad catalana el independentismo y cuando se dio cuenta el gobierno de Madrid, el gobierno catalán inició un “proceso” hacia la independencia, que incluía un referéndum y unas leyes de desconexión con España, así como una desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional y otros tribunales que afectaran al proceso independentista. El parlamento catalán es “soberano” y responde solo ante el pueblo catalán, dicen.
El referéndum pactado entre aquellas dos fuerzas parlamentarias debería celebrarse a finales de septiembre próximo, pero esta vez tiene la oposición frontal del gobierno español.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, calificó de “golpe de Estado” la artimaña del gobierno catalán para conseguir la independencia al margen de las leyes. Mientras tanto, la lenta acción de la justicia española actuó y en sendos juicios inhabilitó al ex presidente Artur Mas, dos consejeras de su gobierno y un diputado de su partido como culpables de desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar el referéndum ilegal en 2015.
La razón para denegar la celebración del referéndum es porque la soberanía nacional española corresponde a “todo el pueblo español y no solo a una parte”. Es la misma razón que han esgrimido los tribunales constitucionales de Italia y Alemania, cuando se les planteó la posibilidad de un referéndum secesionista en el Véneto y en Baviera, respectivamente, estos últimos años.
A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno catalán de buscar adeptos a su causa en el panorama internacional, el gobierno español ha conseguido que ningún gobierno apoyara la causa independentista catalana, ni la Unión Europea ni la ONU, ni en ningún otro foro internacional. Es más, las instituciones de la Unión Europea, así como los países miembros, han apoyado al gobierno español frente el secesionismo catalán.
Ahora en Cataluña hay dos estados de opinión paralelos y enfrentados en torno al tema independentista. Sin embargo la mayoría rechaza la vía ilegal para conseguir la independencia.
La última noticia es el intercambio de cartas entre los presidentes. El presidente catalán, Carles Puigdemont, pidió al presidente español, Mariano Rajoy, un “diálogo” para celebrar un referéndum “legal”. Este le respondió al día siguiente que no está en sus manos conceder algo que pertenece a la soberanía nacional y le invitó a que expusiera sus razones ante el Congreso de los Diputados. El presidente catalán se niega a ir al Congreso, sobre todo porque sabe cuál va a ser el resultado.
¿Qué pasará en los próximos meses? Hay una corriente entre ambientes independentistas moderados que cree más conveniente dar un alto o un paréntesis en el camino hacia la independencia, después del cambio de cartas de los presidentes, pues la vía unilateral e ilegal no parece que tenga futuro y va a dividir más a la sociedad. Y en lugar del referéndum convocar elecciones. Todo dependerá del buen hacer de los dirigentes políticos catalanes.
Hoy celebramos a...