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Plan Zamora: El último cartucho de la dictadura en Venezuela

Richard Gonzalez/NurPhoto
A member of FANB (Fuerzas Armadas de Venezuela) during a march against Venezuelan President Nicolas Maduro, in Caracas on April 19, 2017.
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Las claves para conocer qué implica este plan y por qué fue enviado un contingente militar a Táchira

“Gocho” es un término con el que se suele identificar a las personas nacidas en Táchira, Trujillo y Mérida en Venezuela, asociado al acento andino propio de la región. Cuando llamamos “gochos” a los andinos, generalmente es muestra de cariño. Son los que “se alzan” –un criollismo del lenguaje para señalar a quienes se rebelan contra el poder- y los que por más tiempo han gobernado este país con mano dura.

Desde 1898 hasta 1993, se sucedieron gobernantes “gochos”. Ignacio Andrade, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez,  Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez y Carlos Andrés Pérez se cuentan entre los políticos y dictadores que han ejercido el poder en Venezuela. Muchos años, distintos estilos, mismo proceder riguroso.

Por estos días de turbulencias y violencia, los “gochos” han sacado su casta de gente brava, organizada, conservadora y, sobre todo, nada tonta. Los “gochos” han puesto toda su creatividad y fiereza a funcionar y han conseguido burlar y aún doblegar a las fuerzas represivas en varias ocasiones.

El gobernador del estado, particularmente empecinado y sin mano izquierda, viene alterando los ánimos y se ha convertido en un chorro de gasolina permanentemente cayendo sobre las brasas.

En las últimas horas fue quemada la Sede de Tránsito Terrestre en El Vigía (Mérida), quemaron el Cuartel Militar de La Grita y la casa de la Asociación de Ganaderos (Táchira) sin que hasta el momento se haya pronunciado alguna autoridad regional. Proliferan los saqueos, allanamientos y el acoso con gases y armas de fuego sistemático de los colectivos hacia instituciones y residencias particulares. Por cierto, llamó la atención el único objeto que se salvó de las llamas en la Asociación de Ganaderos del Estado de Táchira (Asogata): una imagen de la Virgen de la Consolación.

Desde el Palacio de Miraflores, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la puesta en marcha de la Fase II del Plan Zamora y explicó que esta acción sería orden del presidente Nicolás Maduro y que ya no estaríamos en presencia de manifestaciones pacíficas y sin armas en el país.

“Ahora se trata de un accionar subversivo (…) ya está rayando en la fase de insurgencia armada”, sentenció. Pero lo que observan los ciudadanos y graban en sus celulares y videos caseros es la acción impune de los colectivos protegidos por la GNB y la PNB.

En un comunicado, la  Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expresó su rechazo a “actos de terrorismo” en el estado andino de Táchira, justificó la ampliación del Plan Zamora (activado desde el 18 de abril), pero no mencionó el asesinato, con armas, de dos tachirenses.

Hablan de “el asedio a la sede del grupo 215 de artillería de campaña Genaro Vásquez, unidad táctica del Ejército en la que resultó gravemente herido, en la ceja izquierda, su comandante, el teniente coronel Víctor Araque Pérez, acto sin precedentes en nuestra historia contemporánea; la quema de los centros de coordinación policial de San Juan de Colón y Capacho, con saldo de varios policías heridos, y el saqueo a diferentes comercios en San Cristóbal”. Sin embargo, prometen “el más absoluto respeto a los derechos humanos” en la aplicación del Plan Estratégico Operacional Zamora (PEOZ).

Padrino López los calificó de “ataques sin precedentes”, pues dijo que 100 personas “asediaron” el grupo de artillería “tirando bombas molotov a donde están las bombonas de gas” para provocar una explosión de la instalación militar.

“Evaluamos todos la intensidad de los niveles de terrorismo que aplican estos factores violentos para perturbar la paz de Venezuela, para asesinar gente inocente. No caotizarán (sic) al país con protestas, trancazos, ni incendios a sedes públicas”, advirtió.

Ante estas circunstancias, el gobierno anunció la puesta en marcha del Plan Zamora activado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 18 de abril.  Consiste en un operativo militar extremo que recuerda al Plan Ávila que el entonces mandatario venezolano Hugo Chávez habría ordenado ejecutar a la Fuerza Armada Nacional y que ésta se negó a cumplir, lo que originó la -posteriormente negada- renuncia del jefe de Estado más todo lo que vino después, culminando con el regreso de Chávez al poder al final de ese episodio.

En efecto, el Plan Zamora en su fase verde -que fue la enunciada por el presidente Maduro en transmisión de VTV- no es más que el Plan Ávila con otro nombre, pero el mismo objetivo: reprimir una manifestación en contra del gobernante de turno a través de la militarización de las ciudades  y el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad ante la protesta.

El plan, en la práctica, se traduce en vía libre para la arbitrariedad, los excesos militares y policiales, los abusos contra derechos humanos, la alteración total de la justicia penal que viene siendo absorbida por los tribunales militares, las violaciones  a moradas e instituciones sin orden judicial, la tortura a detenidos y otros desmanes. Y lo más peligroso: implica el uso de paramilitares en el control de las protestas en el país.

La otra finalidad del Plan Zamora es el control del flujo de información. Los medios están bajo una espesa cortina de vigilancia y censura. Las redes sociales son ahora el objetivo y se permite toda clase de tropelía contra periodistas, blogueros y tuiteros que pululen on line. Apenas hace dos días, el conductor del Circuito Unión Radio,  César Miguel Rondón, un ancla mesurado y respetado, fue amenazado por Maduro en cadena nacional, sobre la posibilidad de ir preso por las publicaciones en su cuenta de Twitter.

Y apenas ayer les fue anulado el pasaporte a él y a su esposa, otra conocida periodista. El director de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), Andrés Eloy Méndez, acaba de anunciar que “aplicará ley con mayor eficacia”. Se trata de la ya tristemente conocida como Ley Resorte o Ley Mordaza.

Las agencias internacionales se han hecho eco de la orden: “El señor Maduro ordenó militarizar el estado Táchira tras aumentar a 45 los muertos en las protestas opositoras”.

En su editorial de hoy, el diario El Nacional expresa: “No queda, por cierto, una esperanza de paz en lo inmediato pues el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, sacó pecho y anunció como si se tratara de un gesto de paz: ‘He ordenado el traslado de 2.000 guardias nacionales y 600 tropas de operaciones especiales”, al estado Táchira’.

Existen fundadas sospechas de que, sin el contingente militar suficiente para enfrentar escaladas similares en todo el territorio nacional, el régimen de Maduro apele a cubanos castristas para integrar esas “tropas especiales”.

Con ello hacen evidente que para aplacar y disuadir a una población que protesta con piedras y palos  la policía nacional y la guardia militarizada no bastan para reducir a quienes protestan, hecho insólito en un país donde se ha gastado millones de dólares en armamento y equipamiento militar. El pronóstico es claro: más muertos, más heridos, más locales saqueados por los colectivos oficialistas y más luto en los hogares tachirenses.

El riesgo para el gobierno es que ocurra como se lamentó Antonio Guzmán Blanco (general durante la Guerra Federal y presidente del país en tres ocasiones  entre 1870 y 1888-) de aquella Venezuela sumida la anarquía caudillista:

“Esto es como un cuero seco, que lo pisas por un lado y se levanta por el otro”.  Ayer apareció un contingente armado en Socopó, Barinas, estado situado en el piedemonte andino. Los Altos Mirandinos, contiguos a Caracas experimentaron una de las situaciones más incontrolables desde el punto de vista del orden público, se contabilizan 25 heridos en medio de la actuación de colectivos armados.

Mientras el gobierno culpa a la oposición por promover actos vandálicos, videos captaron la GNB saqueando en Los Teques. Y en el Estado petrolero del Zulia, al tiempo que reportaban violencia contra las universidades, en un gran telón negro desplegado en la plaza de La República, los estudiantes destacaron los nombres de todos los que cayeron reclamando democracia y la libertad.

 Al cierre de esta nota, hemos conocido, por denuncia de Martín López Ríos, secretario general de Un Nuevo Tiempo en Aragua, denunció este miércoles que uno de los 10 jóvenes detenidos en El Limón fue violado con un tubo, golpeado y amarrado con un cable. Otro joven, en Maracay capital del estado Aragua –a hora y media de Caracas- un niño de 11 años de edad fue encontrado atado con una bomba lacrimógena caliente en su espalda, según denuncia de vecinos, obra de la PNB.

La II Fase del Plan Zamora consiste en poner en marcha las fuerzas combinadas de la GNB y el Ejército. “Vamos a la Fase II, un mayor nivel de concentración y otras actividades adicionales, del Plan Zamora en Táchira”, dijo a través de la televisora estatal VTV.

Luego de la puesta en marcha de esta segunda fase activada por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la ciudad de San Cristóbal amaneció prácticamente militarizada este jueves. Sin embargo, la noche del 17 de mayo fue de saqueos, destrozos y anarquía en la ciudad a pesar de la presencia de los efectivos militares, según reseña el portal del diario El Impulso.

Los “gochos” distribuyeron videos donde se preparaban para hoy, descargando toneladas de tierra en la ruta que debían seguir los militares para ingresar a la zona. El Táchira responde con más presencia de calle. Y se comienza a escuchar rumores de deserciones en los cuerpos militares en algunas guarniciones del país.

A la expectativa estamos de lo que ocurra hoy, primer día de la llamada Fase II del Plan Zamora. Mientras tanto, la oposición anuncia que marchará en Caracas contra la represión hasta el Ministerio del Interior y 29 estaciones de Metro amanecieron cerradas. En el interior del país, las movilizaciones opositoras se dirigen hacia cada Gobernación de Estado.

 

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