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Venezuela: Iglesia pide investigar hallazgo de fosa común en cárcel

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El Episcopado denuncia que “este terrible descubrimiento traduce la vulneración a derechos fundamentales como la vida”

“Cierro los ojos y todavía escucho los gritos. No podíamos dormir, allí sabías cuando te acostabas, pero no si ibas a despertarte con vida”. Así describió los días de terror que vivió un preso sobreviviente de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) y del régimen impuesto por los pranes –líderes negativos- que decidían quien o no podía vivir.

El testimonio es reproducido por el portal una Ventana a la Libertad, organización que defiende los derechos de los privados de libertad en el país sudamericano. “Muchos de mis compañeros están mutilados: les cortaban las manos, dedos y pies, ellos los castigaban si consideraban que se habían ‘comido la luz’ o irrespetado sus normas”, relató.

Pero el horror vivido por este venezolano, tal vez solo tenga comparación con el destino que corrió una cantidad indeterminada de sus compañeros, cuyas osamentas continúan apareciendo en los espacios de la PGV, catalogada entre las cárceles más peligrosas del país, en San Juan de los Morros (Guárico).

Los hechos.La noticia se conoció luego de una requisa efectuada el jueves 9 de marzo, cuando en una caballeriza de este penal fue descubierta la fosa común conteniendo los restos de tres presuntos privados de libertad. Las cifras y las posibles razones de los fallecimientos no están claras, por el contrario, con los días han aumentaron las apariciones de cuerpos mutilados.

El viernes 9 de marzo la cifra subió a siete, luego a 14 y puede que llegue a 20, según reconoció la propia ministra para los servicios penitenciarios Iris Varela. “Hasta los momentos se han recuperado 14 cadáveres de los cuales 9 tienen sus cráneos”, dijo el Ministerio Público, confirmando los hallazgos.

Sin embargo, Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, denunció que los fallecidos pudieran llegar a 100. “Todas las fuentes que hemos consultado hablan de la existencia de una fosa común en la que se hallaron restos de más de cien personas”, confirmó en la web de la oenegé.

Iglesia exige investigación 

Conocidos los hechos, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se mostró “consternada local y nacionalmente ante el hallazgo de osamentas en la PGV”, dijeron mediante un comunicado monseñor Roberto Lückert y el presbítero Saúl Ron Braasch, presidente de la Comisión de Justicia y Paz y vicario de los derechos humanos, respectivamente.

“Este terrible descubrimiento, traduce la vulneración a derechos fundamentales como la vida, y la presunción de penas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, que atentan contra la integridad física, psíquica y moral de cualquier ciudadano”, dice la misiva eclesial.

Sostiene el Episcopado que este hecho, sumado a otros similares en la historia reciente de Venezuela y Latinoamérica, “puede quedar ensombrecido por la impunidad que no solo violaría la dignidad de las víctimas fallecidas, sino la de sus familiares que esperan se determine las responsabilidades correspondientes”.

¿Varias fosas comunes?

Sobre estos hechos han comenzado a surgir testimonios, aunque protegidos en el anonimato para evitar represalias, bien sea por parte del Estado o por los grupos delictivos. Es así como familiares de algunos reclusos aseguraron al diario El Nacional que “hay más cuerpos en los pabellones y otras áreas del penal”. Incluso, Ana María Estrada, quiere saber si su hijo -que fue decapitado por los enemigos del pran de la PGV-, está en alguna fosa común.

Igualmente existen casi 30 denuncias recabadas por Yilman Red. Indicó que la mayoría de los familiares recibió llamadas anónimas, notificándoles que los reclusos fueron objeto de torturas y luego asesinados. La razón principal de las presuntas muertes: no haber pagado la causa, es decir, la protección de sus vidas al pran del recinto carcelario.

Petición de la CEV. En otros artículos publicados por Aleteia en 2016 se dio cuenta de una situación de presos enfermos por tuberculosis, cuyo destino final se desconoce; así también, se publicó la “Alarma, estupor y angustia”, que estas enfermedades generaron en la población reclusa y sus familiares, lo cual también fue denunciado por los obispos católicos de Venezuela.

Ante estos hechos, la Iglesia ratifica su petición al Poder Público Venezolano en todas sus instancias: “Se avoque urgente, diligente, efectiva y sin retardo a las investigaciones pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de la verdad”; y “garantizar la integridad y la dignidad de los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable tragedia como ésta”.

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