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Villavicencio (Colombia) y una sanción que pretende dar un mensaje ejemplarizante

Pablo Cesio - publicado el 14/02/17

Según las autoridades, más de 400.000 personas fueron puestas en riesgo debido a una omisión de la empresa encargada del acueducto

Una sanción sin precedentes. Así fue definido por la prensa local lo que sucedió con la empresa encargada del acueducto del municipio Villavicencio, capital del departamento del Meta, Colombia.

A través de un documento de 25 páginas firmado por el superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos, Julián Daniel López Murcia, se deja de manifiesto el incumplimiento de una exigencia del ente regulador que terminó poniendo en riesgo a más de 400.000 habitantes del municipio.

Precisamente, el destinatario, según la resolución, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. (EAAV) incumplió “con la obligación de contar con un plan de emergencia y contingencia ajustado para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado”, reproduce El Espectador de Bogotá, medio que tuvo acceso a los documentos.

Así pues, prosigue el informe, la empresa en cuestión, principal proveedora de agua de la ciudad, dejó de lado entre 2015 y 2016 eventos –dentro de su plan de contingencia- “como los deslizamientos u otros problemas derivados del orden público”.  

Debido a esto la empresa se vio obligada a enfrentar una multa multimillonaria en un corto período de tiempo, aunque rápidamente emitió un comunicado oficial expresando el deseo de apelar la resolución por tener una interpretación diferente de los hechos.

El conflicto entre las autoridades a cargo del control de las actividades del acueducto y la empresa en cuestión se remite al año 2015 donde también se hizo público “un presunto incumplimiento”.

En aquel momento, tras idas y vueltas, la empresa contestó que “cuenta con los mecanismos suficientes para garantizar y cumplir con el suministro continuo del servicio en términos de calidad”.

El principal inconveniente es que la propia Constitución hace referencia a los planes de contingencia y el deber de parte de instituciones públicas o privadas de gestionar los riesgos y el manejo de desastres.

Y una vez más, entiende la Superintendencia, «la empresa no otorgó durante ese tiempo específicos roles a su Comité de Emergencias respecto a la evaluación, socialización y actualización para el Plan de Emergencia y Contingencia para el servicio de acueducto”. «Al tempo que para el de alcantarillado no cuenta con un Grupo de Emergencias».

“Tema aún más preocupante si se tiene en cuenta que EAAV presta los servicios de acueducto y alcantarillado a más del 70 % de la población del municipio de Villavicencio y cuenta con aproximadamente 112.000 suscriptores en el servicio de acueducto y 115.000 en el servicio de alcantarillado”, agrega la Superintendencia.

¿Por qué ejemplarizante?

Aquí aparece el argumento de Colombia como uno de los países de la región que padece mayor cantidad de desastres naturales, con alteraciones de orden público y problemas de seguridad que terminan afectando temas de infraestructura.

Para las autoridades locales, la emisión de la resolución y multa pretende ser una clara advertencia para todo el sector encargado del suministro de los servicios básicos en Colombia. Es por ello que, agregan las autoridades, tener un plan de contingencia o emergencia es tan importante como garantizar el suministro de un servicio.

“Lo que queremos es evitar crisis. Queremos orientar a los prestadores de servicios públicos del país para que estén preparados para todas las eventualidades que suelen ocurrir en Colombia, para que una granizada, un ataque a la infraestructura, cualquier fenómeno natural, pueda ser manejado y no pongan en riesgo el suministro de los servicios públicos. Que se pongan al día y tengan planes para enfrentarlos. Villavicencio estuvo sin agua el año pasado (en agosto). Si se hubiera tenido un mejor plan, las medidas de choque hubieran permitido restablecer más rápidamente el servicio”, señaló el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza.  

Es que detrás de todo están las personas que por diversas omisiones son despojadas del derecho de disponer en tiempo y forma el agua potable, elemento fundamental para la vida diaria. Y cuando esto pasa del plano individual al de la comunidad (hospitales, escuelas, comercios) por no tener un adecuado acceso al servicio o un actualizado plan de contingencia las consecuencias negativas son mayores.

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